Feijóo, Almeida y Ayuso pagaron 4,8 millones a un empresario vinculado a la Xunta que vendió mascarillas con sello falso .- La vida y obra de María del Mar Sänchez Sierra como alto cargo de confianza de Feijóo en varios cargos públicos en la Xunta de Galicia. 

La Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. El Hijo de Rosa Quintana Conselleira do Mar  recibía Subvenciones para una granja de xatos en Ordes que nunca existió terniendo una en Brión bajo la explotación humana de una familia de barasileños desaprecidos tras pedir un SOS a este mismo Xornal, puesto en conocimiento de Feijóo, han desaprecido sind ejar rastro y sin responder el ider del PP.

Mar Sánchez Sierra regalaba una vivienda de protección oficial a un empresario por tener a su nombre las webs oficiales del PP, el mismo Feijóo recibía botellas de Vega Sicilia de MONBUS, Alfonso Rueda recibe patrocinios electoralistas de ABANCA, el guión es un suma y sigue que averguenza a la clase judicial de toda Europa menos a la de Santiago que se niega a investigar, por ello la UE creó la Directiva de Protección a los denunciantes de Corrupción que se niega en España su aplicación..

No es la primera vez que The New York Times dedica alguno de sus reportajes a España. En septiembre de 2012 publicaba una serie de fotografías que, según explicaba, retrataban "la austeridad y el hambre" en el país. Además, el pasado mes de marzo, el diario estadounidense criticaba en un artículo el "lujo" de la Semana Santa.

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Por Nicholas Casey

Dice el famoso diario que los estafadores han acaparado los titulares desde hace tiempo. Ahora quieren reinsertar a la sociedad a los funcionarios que no pueden dejar de robar. Ver en; https://archive.is/m0ovV En la rocosa región costera de Galicia, la policía atrapó a una red de funcionarios municipales corruptos en un operativo llamado “Operación Pokémon”. https://archive.is/m0ovV Nunca quedó claro por qué la bautizaron con el nombre de un videojuego japonés, pero algunos especularon que fue por el gran número de funcionarios implicados. (Hay cientos de personajes de Pokémon)....+

Era notocia el 23 ene 2020 — La Fiscalía proponía repartir la Operación Pokémon en 32 piezas y enviarlas a las diez ciudades gallegas afectadas. Conde Rosa uno de los mayores implicados acabó siendo exculpado por el Juzgado de Instrucción Penal 1 de Santiago. https://archive.is/wfROx  150 políticos y técnicos están imputados en Galicia en 34 casos...+

Que contaba el trilero de Feijóo "cagandose literalmente en la inteligencia de los gallegos/as. Feijóo anuncia un código ético para "prohibir" los regalos a los funcionarios en la Xunta.- Los regalos que ahora veta Feijóo ya estaban prohibidos desde el año 2006 estando el mismo en Portos de Galicia con Pablo Crespo de asesor siendo pillado con el puto Pen Drive lleno de mordidas para el PP. https://www.google.com/search?q=feijoo+prohibe+los+regalos+en+al+funion+p%C3%BAblica

PARA MEARSE Y MO ECHAR GOTA.- Feijóo anuncia un código ético para "restringir o prohibir" los regalos en la Xunta.
El cohecho: un delito tan fácil de cometer como aceptar un regalo. Feijóo prohibió por ley recibir regalos a los funcionarios públicos, lo que no dijo es que tipo de cargos públicos, por que su asesora personal recibió de regalo desde la Fundación Celan a otras muchos ingresos, entre ellos asistencias como vocal en el Puertod e A Coruña que cobró sin aprec er por el Consejod e Administración.

Planteamiento Político Criminal del Fenómeno de la Corrupción..+ http://www.oas.org/juridico/spanish/agendas/guateprelim.htm

CORRUPCIÓN: PATOLOGÍA CRÓNICA DE LA SOCIEDAD. Por Edmundo Pimentel.

"Sólo un pueblo virtuoso es capaz de vivir en libertad. A medida que las naciones se hacen corruptas y viciosas, aumenta su necesidad de amos"  Lo que explicaria el voto al PP

Benjamín Franklin (1706-1790).

1. Los orígenes de la corrupción se hunden en el tiempo hasta hacerse difusos, sus inicios coinciden con el de la civilización, cuando el hombre se hace gregario, pasando de hordas nómadas a pueblos y ciudades constituidos en múltiples formas de organización social, donde la mayor parte de los medios de producción y especialmente la tierra eran de propiedad común.

España, declarado el país con los políticos más corruptos de toda Europa..+

Con la aparición de la división del trabajo, originada fundamentalmente por la necesidad de mejorar la agricultura, el hombre se convirtió en un ser sedentario, que asumió la propiedad privada en sustitución de la propiedad comunitaria, así como organizaciones sociales, políticas y económicas más complejas, que derivaron en las naciones, lo cual propició el surgimiento de diferentes culturas basadas en valores y conductas relativas a sus actividades comerciales, de gobierno y religiosas, estas nuevas formas organizacionales le permitió subsistir y elevar sus legítimas aspiraciones humanas: alcanzar el bienestar común y la bonanza económica, pero junto a ellas surgió el fenómeno de la corrupción.

https://twitter.com/Dani_Strummer/status/1665828070551322630?s=20

· ¿Qué es la corrupción y cómo se caracteriza?

· ¿Cómo nos afecta?

· ¿Cómo se mide?

· ¿Hasta dónde ha penetrado en nuestras sociedades?

· ¿Cuál es su relación con el crimen organizado?

Son algunas de las interrogantes que trataremos de responder en este artículo, donde el autor expone su percepción sobre el tema investigado en forma sencilla sin pretender desarrollar un tratado a profundidad, remitiendo al lector que desee mayores detalles a las fuentes consultadas.

2. El concepto de corrupción.

Si bien desde hace siglos la reflexión en torno a la corrupción ha formado parte de nuestros problemas sociales y de las preocupaciones de muchos investigadores, el significado del término corrupción no ha sido siempre el mismo. Se trata de un concepto que está revestido de cierta ambigüedad, ya que aquello que una sociedad llama ‘corrupto’ depende de su legislación, de sus códigos morales y éticos, de su sistema político y de las ideas que se han formado históricamente en torno a ‘lo público’. Este carácter ambiguo ha llamado la atención de un buen número de teóricos, de modo que en la literatura sobre corrupción son varios los estudios que tratan el problema de sus definiciones, hasta tal punto que actualmente hay una polisemia de conceptos que han sido propuestos para identificar a la corrupción. (Arjona, 2012)

“El término corrupción es un término genérico que engloba un indefinido número de conductas, como el soborno, el cohecho, la prevaricación, el nepotismo, el tráfico de influencias, la captura del Estado, etc. A la fecha de hoy, no existe un consenso en la literatura ni en la legislación comparada acerca de la definición de corrupción, lo cual limita seriamente la validez de cualquier definición propuesta y su relevancia en diferentes contextos. Por otra parte, aun asumiendo una definición única del sujeto de medición, su naturaleza clandestina y mutable, presenta complejidades extraordinarias para su medición objetiva”. (Baena, 2010)

La corrupción ha sido analizada desde diferentes puntos de vista y perspectivas pero son escasos los ensayos destinados a analizar su esencia y naturaleza. La palabra corrupción viene del latín corruptio (acción y efecto de dañar, sobornar o pervertir a alguien). Existen numerosas y variadas definiciones del concepto de corrupción. Según una primera acepción, plasmada en los diccionarios, corrupción es "putrefacción; alteración o tergiversación de un libro o escrito; soborno, cohecho; vicio o abuso introducido en las cosas no materiales (Diccionario de la Lengua Española), es la acción y efecto de corromper, depravar, sobornar a alguien, pervertir, dañar. El concepto, se utiliza para nombrar al vicio o abuso en un escrito o en las cosas no materiales.

Referida a las nociones de función pública, interés público y burocracia, corrupción es "toda conducta que se desvía de los deberes normales inherentes a la función pública debido a consideraciones privadas tales como las familiares, de clan o de amistad, con objeto de obtener beneficios personales -en dinero o en posición social" (S. Joseph, 1967), cualquier violación del interés público para obtener ventajas especiales o "toda conducta ilícita utilizada por individuos o grupos para obtener influencia sobre las acciones de la burocracia" (LEFT, 1970)

En otro sentido, la corrupción es la práctica que consiste en hacer abuso de poder, de funciones o de medios para sacar un provecho económico o de otra índole. Se entiende como corrupción política al mal uso del poder público para obtener una ventaja ilegítima.

El tráfico de influencias, el soborno, la extorsión y el fraude son algunas de las prácticas de corrupción, que se ven reflejadas en acciones como entregar dinero a un funcionario público para ganar una licitación o pagar una dádiva o coima para evitar una clausura.

Las definiciones de corrupción van de la mano con las diferentes interpretaciones que de ella se tiene. Para algunos autores, el nivel de corrupción de una sociedad se encuentra relacionado en forma inversa con su grado de desarrollo o modernidad, por tanto, según esta interpretación las sociedades menos desarrolladas serán más propensas a sufrir las consecuencias de la corrupción.

En otro extremo se ubican aquellos autores que sostienen que el fenómeno de la corrupción se relaciona en forma inversa con el grado de desarrollo de las democracias y por tanto a mayor grado de democracia el nivel se corrupción será menor.

Ambas percepciones carecen de evidencia empírica que las sustenten, lo cual ha motivado el surgimiento de enfoques más eclécticos como el formulado por Ernesto Garzón Valdés[1], quien considera que la corrupción se vincula con los sistemas normativos de las instituciones, los cuales establecen el conjunto de normas y reglas que regulan el comportamiento de una sociedad.

El planteamiento de Garzón Valdés (Valdes, 1995) se contrapone a la concepción que considera a la corrupción como una derivación exclusiva de la gestión política, así como a la concepción que considera que la corrupción proviene del poder detentado por una autoridad. Sostiene que la corrupción se deriva de un concepto más amplio que el de la autoridad y que denomina “Decisor”. Una autoridad, tiene, entre otras cosas, competencia para tomar decisiones: es, por ello, un decisor. Pero, el carácter de decisor no tiene por qué estar restringido a una autoridad. Se puede ser un decisor en virtud del papel social que se desempeña o de la posición que se ocupa dentro del sistema normativo sin que ello implique necesariamente la potestad para dictar disposiciones jurídicamente obligatorias.

Según Garzón, en los actos o actividades de corrupción interviene siempre, al menos, un decisor, que se encuentra sujeto a una serie de deberes. En el caso de los cargos oficiales estos imponen a quienes los detentan una serie de deberes específicos que suelen llamarse “institucionales”. No obstante, para los casos en que los sistemas normativos no son políticos o jurídicos, se puede hablar de “deberes posicionales”.

Los deberes posicionales se adquieren a través de un acto voluntario en virtud del cual alguien acepta asumir un papel dentro de un sistema normativo; su ámbito de validez está delimitado por las reglas que definen la posición respectiva. En este sentido, si se acepta que las obligaciones son deberes adquiridos por promesas o aceptación expresa o tácita de una determinada posición en una práctica social. Según este razonamiento, en cualquiera de los dos casos la corrupción implica siempre un acto de deslealtad o hasta de traición al sistema normativo. No obstante y para reflexionar adecuadamente, debemos tener en cuenta que si bien toda actividad corrupta es disfuncional y antisistémica, no todo sistema normativo promueve el bien común.

3. Formas y Prácticas de la Corrupción.

Un aspecto importante a considerar al caracterizar la corrupción en su rasgo elusivo que se refiere a la naturaleza secreta que adquieren los actos corruptos, siendo este un fenómeno de encubrimiento activo ya que se realiza de un modo intencionado. Este carácter elusivo hace difícil su caracterización, dada su naturaleza secreta, e intento de ser invisible a cualquier espectador. Esto explica la existencia de la gran variedad de perspectivas que intentan aclarar su significado, y también las dificultades a la hora de cuantificar el fenómeno.

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La caracterización de la corrupción conforma un verdadero reto dado que como se explicó en párrafos precedentes aquello que una sociedad considera corrupto no es necesariamente reprobable en otra sociedad, por tanto no puede hablarse de prácticas corruptas en un sentido universal. A tales efectos, (Heidenheimer, 1970, segunda edición: 1978) propuso una clasificación de las acciones consideradas como corruptas, sobre la base del número y tipo de personas que las consideren como tales. En este sentido una conducta que tanto las masas como las elites consideren corruptas se ubica en la categoría de “corrupción negra”, los actos que son considerados corruptos por una minoría pero que para la mayoría son ambivalentes los considera como “corrupción gris” y para aquellos actos hacia los cuales las masas y las elites se muestran indiferentes sin exigir castigos, los clasifica como “corrupción blanca”

Una forma más amplia de clasificar los actos de corrupción la proporcionan (Welch S. Peter J., 1978), quienes desarrollaron un esquema sobre la base de la participación de cuatro actores: (a) El funcionario o empleado público, (b) El donante/recibidor, (c) La concesión y (d) El pago. Los autores consideran la siguiente gradación de los actos corruptos:

Un acto tiene mayor grado de corrupción cuando el funcionario involucrado posee un cargo no político, como el caso de un juez.

· Cuando se realiza como parte de las tareas de un servidor público.

· Cuando es perpetrado por un servidor público por cuenta propia.

· Cuando reporta beneficios sustanciales.

Cuando los actos de corrupción impliquen una combinación de algunas de las categorías antes mencionadas entonces se ubican en un punto intermedio entre ambas categorías y cuando no incluya a ninguna se considera menos corrupto.

4. ¿Cómo nos afecta la corrupción?

La corrupción está presente en nuestro diario vivir, en nuestro entorno e incluso, muchas veces sin darnos cuenta, en nuestro propio desempeño. La corrupción atenta contra la dignidad de las personas, no es fenómeno lejano de nuestra cotidianidad, cada vez es más utilizada para conseguir fines y metas sin importar que se ocasionen daños a otras personas. Esta situación va en aumento y cada día que pasa la sociedad está aceptando, cada vez más, a la corrupción como algo normal.

La corrupción daña y atenta contra los pueblos de muchas formas. Este flagelo representa una grave amenaza para “la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia, comprometiendo el desarrollo sostenible, así como el imperio de la ley.” Los efectos de la corrupción sobre las sociedades se pueden clasificar en Económicos, Políticos y Sociales.

Consecuencias Económicas de la Corrupción.

Desde el punto de vista económico, la corrupción aumenta los costos de los bienes y servicios; incrementa la deuda de un país; conduce al relajamiento de las normas de modo que se adquieren bienes que no alcanzan las especificaciones establecidas o corresponden a una tecnología inapropiada o innecesaria. Dieter Frisch, ex-Director General de Desarrollo de la Comisión Europea señala que cuando un país aumenta su endeudamiento para desarrollar proyectos de inversión que no son económicamente viables, la deuda adicional no sólo incluye un costo extra debido a la corrupción, sino que la inversión se canaliza hacia proyectos improductivos e innecesarios.

El soborno como una forma de corrupción disminuye el crecimiento económico, contribuye al aumento de la pobreza, genera pérdida de confianza que repercute negativamente sobre la gobernabilidad y limita la competitividad a nivel internacional. En el sector empresarial obstaculiza el crecimiento de las ventas, reduce la inversión doméstica y extranjera, aumenta los costos de transacción, genera ineficiencia administrativa, disminuye la calidad de productos y servicios, crea desigualdad en las condiciones de competencia y afecta la reputación de las empresas.

La literatura sobre las consecuencias económicas de la corrupción es extensa. Varios autores han desarrollado estudios basados en indicadores de corrupción que han permitido establecer relaciones entre los niveles de corrupción y el crecimiento, la inversión extranjera en los países, la competitividad, la eficiencia y la distribución del ingreso, entre otros.

Según (Labelle, 2013), pocas actividades crean mayores tentaciones u ofrecen más oportunidades para la corrupción que la contratación pública. La adquisición de bienes y servicios por parte de la Administración Pública puede representar entre el quince y el treinta por ciento de una economía nacional. Sin embargo, los procedimientos de contratación pública a menudo son complejos, por lo que la manipulación de las sumas en cuestión difícil de detectar. El costo estimado de la corrupción en la contratación pública oscila desde diez hasta veinticinco por ciento. Otros analistas dicen que en algunos casos el dinero perdido puede representar hasta un cuarenta a cincuenta por ciento del total del contrato (Handbook for Curbing Corruption in Public Procurement, 2006).

Otra área propensa al riesgo de la corrupción es el sector de recursos naturales. Decenas de países en desarrollo han visto socavada sus posibilidades de prosperidad económica debido a los controles extremos a los que sus líderes, funcionarios, algunas empresas y particulares pretenden mantener sobre los ingresos (también llamadas "rentas") producidos a partir de dichos recursos, tales como: petróleo, gas, minería, bosques, y otras industrias extractivas.

Otra manifestación de la corrupción es el fenómeno conocido como activos robados: el dinero que un líder corrupto saca de un país hacia los denominados paraísos fiscales. Un estudio estima que los dictadores han robado entre US $ 100 mil millones y 180 mil millones en los últimos decenios. Dado que este estudio sólo observó a los líderes, no sus familias o de sus asociados, la cifra real podría ser mucho mayor (Labelle, 2013).

En vez de la prosperidad y el desarrollo, los países ricos en recursos naturales a menudo muestran altos niveles de pobreza, el analfabetismo y la desigualdad, así como una tendencia a la inestabilidad política y los conflictos violentos. Este escenario, a menudo llamado "la maldición de los recursos" o "la paradoja de la abundancia", surge cuando las élites empresariales y políticas influyen en las políticas y manipulan el aparato del Estado para mantener su posición ventajosa sobre el control de los recursos naturales (Banerjee, 2012).

Se estima que dos tercios de los pobres del mundo viven en países ricos en recursos. Un estudio entre 1992-2005 del FMI sobre treinta y un países exportadores de petróleo reveló mayores rentas provenientes del petróleo significan un aumento de la corrupción y menos derechos políticos (Arezki, 2009). Este tipo de actividad es generalmente facilitado por sobornos a los funcionarios, lo cual debilita las instituciones de gobierno y alienta a los que hacen las ganancias mal habidas. (Labelle, 2013).

Con relación al principal indicador del desarrollo económico de los países, el Producto Interno Bruto (PIB), varios estudios sugieren que la corrupción está relacionada con bajos niveles del PIB; pero no se ha podido establecer si la corrupción es causa de un menor crecimiento o si, por el contrario, niveles bajos de crecimiento determinan que el país tenga pocos recursos para combatir la corrupción (Husted, 1999).

Otros investigadores como (Mauro, 1997)han expresado que en sus investigaciones los datos permiten concluir que existe una correlación fuerte y negativa entre crecimiento del PIB y corrupción. A la misma conclusión han llegado otros autores, entre ellos (Keefe, 1995), (Leite C. Weidman J., 1999) y (Poirson, 1998). Otros autores sostienen que el déficit fiscal (Tanzi 1998) y la inflación Al-Marhubi (1999) también son afectados por la corrupción.

La corrupción provoca que la contratación pública tenga un fuerte sesgo orientado hacia la ineficiencia: bajo su influencia no se impone la oferta más eficiente sino la mejor instalada en las estructuras burocráticas o ilegales de selección. Los contratistas de sector público aprenden que es mucho más rentable invertir en corruptelas (en regalos costosos, por ejemplo) que en mejorar la oferta tecnológica y económica. El resultado es que la obra pública no la ejecuta quien mejor y más económicamente sabe hacerla sino quién paga más sobornos.

Las nuevas tecnologías de comunicación e informática, han acrecentado el impacto de ciertas prácticas corruptas. Desde el punto de vista económico, la creación de una red electrónica internacional a través de la cual opera el nuevo sistema financiero ha presentado un sinnúmero de interrogantes acerca de cómo regular, controlar y evitar posibles fraudes informáticos. La experiencia nos muestra que la corrupción se vale de los “paraísos fiscales”, la existencia de monopolios, la evasión impositiva, la licitación de grandes obras civiles, la privatización de empresas estatales, etc. para nutrirse de los recursos nacionales e internacionales, tanto públicos como privados (Estevez, 2005).

Tal vez los costos más importantes de la corrupción lo constituyan los incuantificables por su naturaleza imperceptible, tales como los costos de oportunidad o lo que se deja de ganar. Cada vez más, la corrupción ahuyenta a los potenciales inversores, en primer lugar, por razones éticas, ya que hay un creciente número de fondos de inversión y empresas con planteamientos o códigos éticos, que eluden cualquier vestigio o riesgo de corrupción; y también por razones pragmáticas, puesto que en los países y entornos corruptos siempre existe el riesgo de futuros problemas legales o judiciales, o incluso políticos que pueden perjudicar arbitrariamente, limitar o incluso expropiar o hacer perder tales inversiones.

Consecuencias Políticas de la Corrupción.

“Los ciudadanos dan a sus gobiernos el poder para actuar en su nombre, confiándole la gestión del bien público. Muchas cosas pueden socavar esta confianza: la financiación de los partidos políticos por poderosas entidades privadas, la captura del Estado y el retroceso en materia de regulación, los líderes que viven en la opulencia mientras que muchos ciudadanos viven con menos de dos dólares al día”. (Labelle, 2013)

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Actualmente, no existe país, región, bloque o continente que no padezca los efectos de esta realidad multifacética. Las distintas áreas de los Estados se han visto sorprendidas por prácticas corruptas que difícilmente parecen ceder ante los esfuerzos combinados de los actores sociales. Si bien la corrupción es un fenómeno complejo que admite múltiples explicaciones, nos centraremos en la clásica tríada de política, economía y sociedad (Estevez, 2005).

En el ámbito político, la corrupción ha favorecido el crecimiento de la inestabilidad institucional y el persistente desgaste de las relaciones, tanto entre individuos como entre instituciones y Estados. La pérdida de legitimidad política que experimentan muchos gobiernos, la polarización del poder, la ineficiencia burocrática, etc., son algunos de los problemas políticos que se atribuyen a la acción de la corrupción. El creciente desarrollo de bloques políticos da nuevos aires a esta cuestión, insertando en la agenda internacional como una prioridad relevante la necesidad de una acción colectiva anticorrupción.

La corrupción viola los derechos políticos y civiles al distorsionar o invalidar las instituciones y procesos políticos y al debilitar el papel del poder judicial y de los agentes del orden. La corrupción también infringe los derechos económicos y sociales al impedir el acceso equitativo a servicios públicos como la salud y la educación, y distorsiona los procesos de toma de decisiones sobre la adjudicación de recursos. Respecto al aparato administrativo, perpetúa la ineficiencia de la burocracia y genera formas parasitarias de intermediación. Todo esto conduce a la pérdida de credibilidad en el Estado y a la erosión de la legitimidad necesaria para su funcionamiento adecuado.

La corrupción acentúa las diferencias sociales al limitar el papel del Estado como mediador de las demandas de los distintos grupos sociales. Las clases populares o marginales se ven sometidas a un proceso de exclusión social y político ya que la corrupción los aleja del sistema formal y los obliga a acceder de manera informal a sus medios de subsistencia. Cuando los poderes del Estado están capturados por una elite o existen pautas clientelares que generan ineficiencia y arbitrariedad en la toma de decisiones, se reduce el gasto público efectivo en educación y salud.

La corrupción es un fenómeno propio de todos los gobiernos que influye sobre los niveles de desarrollo, de gasto efectivo en bienes públicos y de capital social. Una mayor corrupción implica, en primer lugar, el aprovechamiento privado de los recursos públicos, lo que reduce la eficiencia del gasto en bienes y servicios. A su vez, una mayor corrupción genera desconfianza social. La corrupción opera también a través de relaciones jerárquicas de padrinazgo (fenómeno también conocido como clientelismo o amiguismo) que inhiben la creación de redes horizontales de confianza mutua o capital social.

Otro efecto de la corrupción en la política, quizás es el más evidente, es la pérdida de legitimidad de los gobiernos y de la democracia. Pero no sólo son los partidos y los políticos de paso quienes pierden legitimidad, sino también todo el andamiaje institucional del Estado, lo cual repercute en que el cargo de funcionario público pierda reconocimiento y status. Las consecuencias de esta pérdida de legitimidad son de gran alcance: de un lado, optar por cargos públicos se convierte en un objetivo poco atractivo y entre aquellos que aún quieran ocupar esos cargos, cabe esperar que una buena parte carezca de escrúpulos. De otro lado, la ‘carrera política’ deja de ser vista como un rol altruista para convertirse en el espacio en que se pueden conseguir beneficios a partir de los recursos públicos; en consecuencia serán pocos los que se aventuren a la política y, quienes lo hagan, o bien estarán atraídos como ‘buscadores de renta’, o bien querrán luchar en contra de la corrupción (Arjona, 2012).

La corrupción reproduce y consolida la desigualdad social y preserva las redes de complicidad entre las élites políticas y económicas. Respecto a la clase política consolida las clientelas políticas y mantiene funcionando los instrumentos ilegales de control.

Cuando la corrupción se encuentra extendida en un país, son muchos y variados los segmentos de la población afectados por sus efectos en toda la sociedad; sin embargo, existe consenso en que los más afectados por la corrupción son los pobres, por ser los menos capaces de absorber sus costos.

La corrupción facilita el abuso del medioambiente y el mal uso de los recursos naturales. Niega a la gente el derecho a un ambiente no contaminado, así como los dividendos públicos generados por los recursos naturales.

La corrupción afecta en mayor medida a las personas de escasos recursos ya que tienen menos opciones de enfrentarse a las barreras que les impiden, entre otros, acceso a servicios públicos básicos. También tienden a ser las más afectadas por la asignación inadecuada de recursos y el resultante estancamiento del desarrollo económico. La corrupción también tiene un impacto negativo en los programas de erradicación de la pobreza, haciéndolos ineficaces.

Las consecuencias de los actos de corrupción son diferentes, pero siempre de graves consecuencias. Socava los beneficios de la ayuda extranjera, desangra las reservas de divisas, reduce la base imponible, menoscaba la competencia y el libre comercio y acentúa la pobreza. La corrupción, en sus diferentes manifestaciones, se conjuga para entorpecer todo tipo de progreso social, económico o político de un país, en particular de los países en vías de desarrollo y en especial de los países con economía en transición. El daño que se inflige es enorme, tanto en términos absolutos como en términos relativos.

Sin embargo no existe consenso en torno a estos efectos de la corrupción: no sólo hay un debate en torno a cuáles son los efectos más perversos del fenómeno, sino también en torno a la posibilidad de que existan efectos económicos y políticos benéficos; es así como puede hablarse de los ‘apologistas’ y los ‘opositores’ de la corrupción. En el primer grupo sobresalen autores como Leff, Huntington, Beck, Maher, Lien y Lui. Entre el grupo de opositores se encuentran autores como Mauro, Tanzi, Ades, Di Tella y Polinsky.

Consecuencias Sociales de la Corrupción.

La mayor parte de la literatura especializada sobre la corrupción no considera como prioridad, la dimensión social. Resulta llamativo que la cantidad de trabajos disponibles para el análisis de esta perspectiva sea sensiblemente menor al de las dos primeras; la económica y la política. Asimismo, es notable lo disperso y escaso de la elaboración teórica acerca de la corrupción social. Una explicación posible a esta carencia podría ser la especial dificultad que implica la cuantificación de indicadores sociales (en lo que respecta a corrupción, los textos académicos tienden a centrar su atención en estudios con un fuerte soporte estadístico). Sin embargo, los escritos que hacen referencia a esta perspectiva, brindan indicios válidos en la investigación de distintos aspectos de la corrupción. Así, la reflexión sobre la corrupción social, enfoca diversos temas como la relación entre corrupción y las organizaciones sociales, la religión, el género, la pobreza, la cultura, la composición étnica de la sociedad; elementos que creemos indispensables para una comprensión sistémica e integrada del problema (Estevez, 2005).

Los que gobiernan son percibidos por la población como un grupo que están en el poder para apropiarse de rentas que no están destinadas para su disfrute personal. La corrupción administrativa está asociada a una mala gestión pública, al enriquecimiento de pequeños y poderosos grupos y a la malversación de recursos estatales que impiden la prestación de servicios públicos esenciales en la vida de los pobres. La corrupción reduce la representatividad social de los pobres, debilita la confianza en los procesos democráticos y expande la percepción de fraudes electorales, compra de voluntades, clientelismo y estados débiles y fracasados. Debilita, por tanto, la confianza en las promesas de reformas sociales democráticas y aleja aún más a los más desfavorecidos de los espacios de decisión.

(Estevez, 2005) Sostiene que la relación entre el género y la corrupción estudiada por (Swamy, 1999) demuestra que ante las mismas situaciones hipotéticas, las mujeres serían más reacias a aceptar sobornos que los hombres. Además, con base en un estudio particular, afirma que las empresas dirigidas por mujeres experimentan una menor percepción de sobornos. Por otra parte, un análisis de datos cruzados de 66 países demuestra que altos niveles de participación política de mujeres estarían asociados a bajos niveles de corrupción. Este estudio constituye la primera evidencia estadística de que: a) La diferencia de género conlleva distintos comportamientos y actitudes frente a la corrupción, y b) Tales diferencias son de suficiente magnitud como para proponer un aumento en la participación política de las mujeres en vistas a reducir los niveles de corrupción. Según (Mauro P. , 1995), también es relevante la relación entre mujeres y corrupción. El autor sostiene que el crecimiento del poder social de la mujer reduce los niveles de corrupción.

El World Development Report de 1997 presentó la evidencia de que en 59 países la falta de predictibilidad del sistema judicial era causa del aumento de los niveles de corrupción. Cuando la ley se vuelve parcial, entonces la corrupción ataca el fundamento de la obligación social. En este marco, aquellas acciones que no están prohibidas por la formulación de una ley aparecerían como legítimas. La independencia del poder judicial es prácticamente el único punto sobre el que existe un consenso unánime en la bibliografía consultada. Allí en donde el mecanismo judicial no funciona eficientemente, la corrupción está fuera de control (Estevez, 2005).

Además, la corrupción puede reducir la eficacia de la cooperación para el desarrollo, distorsionando su verdadero impacto. Esto puede traducirse en un sentimiento de decepción y escepticismo hacia la ayuda al desarrollo por parte de los pobres que experimentan cómo nunca les llegan esos flujos externos supuestamente destinados a ellos, incluso en las peores situaciones de acciones humanitarias y alimentarias.

También puede traducirse en una fatiga de los ciudadanos de los países desarrollados que observan con creciente recelo y desconfianza cómo la parte de sus impuestos que se dirige a la ayuda al desarrollo no alcanzan a los destinatarios necesitados, sino que alimentan la captura de rentas por parte de las élites dominantes del país receptor de la ayuda.

En el área rural los pequeños agricultores, suelen tener limitaciones en las opciones de comercialización de sus cosechas. A menudo, para llegar a los grandes mercados se establecen instituciones públicas de comercialización que actúan como distribuidores de los productos agrícolas. Se argumenta que esas instituciones están creadas para favorecer a los campesinos pobres y evitarles penurias en los mercados más lejanos o con mayor competencia. Como en otros ámbitos, esas entidades tienen también límites en su capacidad de compra y por lo tanto deben racionar los recursos disponibles. Cuando esos centros de comercialización son administrados por funcionarios corruptos, se imponen tarifas para efectuar las compras de los productos seleccionados (Reos, 2002).

Más adelante (Estevez, 2005) indica que la mayor parte de los trabajos sobre corrupción destacan como una de sus causas más nocivas a la falta de transparencia informativa; de hecho, hablan de la opacidad de la información. Tal opacidad comprende a las distintas actitudes morales y estructurales que tergiversan la reproducción fiel de la realidad. Algunos autores interpretan esta opacidad como consecuencia de una crisis anterior de la libertad de expresión (Cortina A. et al., 1996). Muchos investigadores consideran que los medios de comunicación actuales desvirtúan su vocación de asistir en la formación de opinión ya que exponen mentiras o noticias no confirmadas, y orientan sus esfuerzos en la creación de valores que pueden ser engañosos.

En lo que respecta a estudios cuantitativos, (Bruneti Aimo Wede Beatrice, 1999) afirman que una prensa parcializada y condicionada por poderes políticos y económicos incentivaría la corrupción. Cuando estamos en presencia de medios que no respetan ni siquiera un tono de objetividad y accionan como actores políticos, la confiabilidad de la información es débil y, por lo tanto, se afecta la transparencia del sistema en su conjunto.

5. Medición de la Corrupción.

“Suelo repetir con frecuencia que solo cuando es posible medir y expresar en forma numérica aquello de lo que se habla, se sabe algo acerca de ello; nuestro saber será insuficiente e insatisfactorio mientras no seamos capaces de expresarlo en números”. Lord Kelvin (1824 -1907).

Una ola de esfuerzos iniciada en 1995, analiza el impacto de la corrupción, y su control, en la economía, especialmente las economías en desarrollo. Los resultados fueron significativos: algunos señalaron que el aumento de la corrupción conduce a la reducción del crecimiento, otros que desaceleró las tasas de reducción de la pobreza (Mauro P. , Corruption and Growth, 1995). En 1998, el Fondo Monetario Internacional (FMI) en una investigación que cubrió dos décadas de los niveles de ingresos en un grupo de países estableció el considerable impacto de la corrupción sobre la desigualdad de ingresos (Gupta et al, 1998). Este hallazgo ha sido confirmado por una revisión sistemática de la evidencia en 2011 del impacto negativo de la corrupción en el crecimiento económico en los países de bajos ingresos, destacando las consecuencias indirectas como la reducción de la inversión, el capital humano, y el gasto público (Ugur Mehmet, 2012).

La ONU desarrolló un portal web denominado “Portal Global de Lucha contra la Corrupción para el Desarrollo”[2], el cual tiene por objetivo proporcionar información y conocimiento especializado sobre la lucha contra la corrupción para el desarrollo sostenible, con el propósito de apoyar el trabajo de los profesionales del desarrollo, gobiernos, organismos anticorrupción, investigadores, organizaciones de la sociedad civil y la comunidad de donantes, facilitando el acceso a la información, el conocimiento de vanguardia y herramientas prácticas en la lucha contra la corrupción a nivel mundial, regional y de países, para abordar la prevención de la corrupción en contra de los problemas de desarrollo, tales como: derechos humanos, igualdad de género y empoderamiento, cambio climático y gestión de recursos naturales, el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y la Agenda de Desarrollo Post-2015, los flujos financieros ilícitos y los contextos de transición, entre otros.

En dicho portal se afirma que la medición, el seguimiento y la evaluación de la lucha contra la corrupción son ingredientes cruciales para incrementar nuestro conocimiento sobre lo que funciona y lo que no en la lucha contra la corrupción. Para ser eficaces, los programas de lucha contra la corrupción deben basarse en una sólida base de las evaluaciones de riesgos de corrupción o de medición de la medida en que la corrupción ha permeado las instituciones públicas y privadas.

Sin embargo, el tema de la medición de la corrupción y la vigilancia y evaluación de la lucha contra la corrupción requiere usar diferentes herramientas, técnicas y métodos en función de lo que se va a medir. No existe una sola fórmula o un enfoque único que desentrañe la complejidad de estas cuestiones.

Más adelante sostiene que: A pesar de los diversos métodos y herramientas para medir la corrupción existente, aún no hay evidencia clara de su magnitud y el impacto de sus diferentes manifestaciones. La corrupción es un fenómeno complejo y está en permanente evolución con nuevas formas y tipos. Las conductas ilícitas, incluidas las prácticas corruptas son generalmente ocultas, lo que las hace más difíciles de identificar y describir. Sin embargo, han surgido una serie de métodos y herramientas en las últimas décadas destinadas a medir la corrupción a través de una variedad de enfoques innovadores.

Por su parte, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) reseña en su portal[3] que: Medir la corrupción sigue siendo un gran desafío para las organizaciones internacionales, la sociedad civil y responsables de política pública interesados en comprender mejor el fenómeno. Si bien en la última década se ha visto una proliferación de indicadores e índices de corrupción, los métodos actuales cuentan con limitaciones importantes, especialmente cuando se trata de informar sobre las políticas para prevenir y controlar la corrupción.

Algunos intentan evaluar la corrupción al nivel nacional, sin tener en cuenta las variaciones dentro del mismo país. Otros sólo proporcionan información sobre un área específica del sector público, tales como el proceso presupuestario o compras públicas. Además, la mayoría de los indicadores existentes de corrupción dependen en cierta medida de percepciones de la corrupción, método subjetivo que invita a una serie de distorsiones.

Price Waterhouse Coopers desarrollo un índice de opacidad que mide los factores que aumentan los costos de hacer negocios en un determinado país y disminuyen las posibilidades para que llegue la inversión extranjera. El índice, basado en encuestas individuales y selectivas, mide el potencial de opacidad, o sea de prácticas poco transparentes en las áreas: corrupción administrativa; sistema legal; políticas económicas; sistemas contables y regulaciones que afectan los negocios.

Uno de los indicadores más utilizados en la medición de la corrupción es el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) desarrollado en el 2005 por Transparencia Internacional (TI) organización no gubernamental que promueve medidas contra crímenes corporativos y corrupción política en el ámbito internacional, que fue fundada en Berlín en el año 1993 y que actualmente tiene sede en más de 70 países y efectúa sus mediciones en 177 países.

El Índice de Percepción de Corrupción (IPC) establece cada año un ranking de países basado en los niveles de corrupción en el sector público percibidos por empresarios, analistas de riesgo, y ciudadanos comunes. Se centra en la corrupción del sector público y la define como el abuso del servicio público para el beneficio particular, por tanto, define como corruptos actos como sobornos a funcionarios, pagos irregulares en las contrataciones y malversación de fondos. Así mismo, también mide la eficacia y solidez de las iniciativas anticorrupción.

El IPC expresa en una escala de cero (percepción de muy corrupto) a diez (percepción de ausencia de corrupción), los niveles de percepción de corrupción en el sector público en los países y consiste en un índice compuesto, que se basa en diversas encuestas a expertos y empresas.

España, el país más corrupto de la UE..+

En el Índice de Percepción de la Corrupción 2013, Dinamarca y Nueva Zelandia comparten el primer lugar, con una puntuación de 91. En las últimas posiciones se ubican este año Afganistán, Corea del Norte y Somalia, con tan solo 8 puntos cada uno. Los países que se perciben como menos corruptos son:

· Dinamarca y Nueva Zelanda (puesto 1).

· Finlandia y Suecia (3).

· Noruega y Singapur (5).

· Suiza (7).

· Países Bajos (8).

Los que se perciben como más corruptos en América Latina son:

· Haití (163)

· Venezuela (160)

· Paraguay (150)

· Honduras (140)

· Guyana (136)

La corrupción en el sector público sigue siendo uno de los mayores desafíos a nivel mundial, indicó Transparency International[4], especialmente en áreas como los partidos políticos, la policía y los sistemas judiciales. Las instituciones públicas deben tener mayor apertura con respecto al trabajo que desarrollan, y los funcionarios deben ser más transparentes sobre sus decisiones. Investigar y juzgar la corrupción sigue siendo una tarea manifiestamente difícil.

Para el 2013 más de dos tercios de los 177 países investigados obtuvieron una puntuación inferior a 5. En el continente americano se investigaron 34 países, los cinco primeros con menos corrupción resultaron ser: (1) Canadá, (2) Barbados, (3) Estados Unidos, (4) Uruguay, y el (5) Chile. En el extremo inferior donde se percibe mayor corrupción, los cinco países más corruptos de menor a mayor fueron: (30) Guyana, (31) Honduras, (31) Paraguay, (32) Venezuela y (33) Haití.

En el cuadro que se inserta a continuación se muestra la evolución de los niveles de corrupción para un grupo de países seleccionados de Latinoamérica, durante los últimos ocho años. El IPC se expresa en base a 100.

Tabla 1. Evolución de la Corrupción Según el IPC para un grupo de países Latinoamericanos.

Fuente: Transparencia Internacional

La Posición Global y de América fueron establecidas en función del 2013. En el gráfico que se inserta a continuación el IPC expresado en decenas viene disminuyendo en forma sostenida durante los siete años analizados y en el 2013 tuvo un ligero crecimiento, lo cual significa que lo niveles de corrupción se han incrementado y que durante ese período y que el país menos corrupto es Uruguay y el más corrupto Venezuela.

El análisis por países permite identificar la evolución de la percepción de la corrupción en forma individual. La primera serie corresponde a los resultados del año 2006 y la última a los del 2013.

En el caso de Uruguay el país con menor corrupción se nota que progresivamente mejoró durante el período analizado hasta superar a Chile, que pasó a ocupar el segundo lugar y que tradicionalmente era el país con mayor IPC. Por su parte Venezuela el país con mayor corrupción y que ha mantenido ese lugar durante el período analizado, muestra que la corrupción continúa aumentando en lugar de disminuir.

En general el comportamiento promedio de los 16 países seleccionados es a disminuir la corrupción, entre el 2006 y el 20012 el IPC aumentó a una tasa promedio del 2,5 por interanual, en el 2013 cayó ligeramente, es decir, hubo un pequeño repunte de la corrupción respecto del 2012.

6. La corrupción y el delito organizado.

La criminalidad organizada transnacional que se ocupa del tráfico ilegal de drogas tiene efectos macroeconómicos, los flujos de dinero a gran escala provenientes de este y otros crímenes que le suelen acompañar inciden de manera directa en la corrupción. Al ser un delito de magnitud e importancia internacional, es significativo reseñar que puede ser objeto de persecución por cualquier jurisdicción penal mundial a través del principio de justicia o de jurisdicción universal. Este principio permite ejercitar la jurisdicción del Estado más allá del lugar donde se extiende su soberanía, tanto si el delito ha sido cometido por nacionales como por extranjeros, siempre en persecución de crímenes considerados graves o intolerables. (Torres-Vasquez, 2013).

La delincuencia organizada es un fenómeno delictivo en el que la criminalidad, en un principio improvisada, se moderniza y perfecciona en cuanto a su estructura y forma de operación, para mostrar mayor eficacia frente a los medios de control estatal, en los diversos ámbitos: nacional, estadal y municipal. Es decir, pasan de ser una delincuencia improvisada, constituida esencialmente por una pandilla callejera encaminada a cometer fechorías para la obtención de beneficios de manera inmediata, a convertirse en verdaderas bandas delictivas con estructura y objetivos bien planificados, que en algunos casos evolucionan hasta transformarse para operar a escala nacional e internacional, sobre la base de amplias conexiones criminales, con nuevas capacidades para retar a la autoridad. A estas bandas delictivas les resulta más rentable hacer pagos a los cuerpos policiacos para evitar ser detenidos; contar con información sobre operativos o investigaciones que se estén realizando en su contra e incluso obtener una sentencia favorable de los jueces, además de comprar a las autoridades carcelarias para seguir realizando su actividad delictiva desde el lugar donde se encuentran internos. Por ello, el vínculo entre la corrupción y la delincuencia organizada es estrecho. (Góngora, 2011).

El crimen organizado conformado por: bandas paramilitares, organizaciones mafiosas y extorsionistas, crece y se diversifica bajo el amparo de la corrupción. Investigaciones comparadas han puesto de manifiesto su interdependencia. Los vínculos entre los ámbitos político, socioeconómico y jurídico se hicieron fuertes con los ingresos del dinero del narcotráfico. La institucionalidad fue socavada de abajo hacia arriba y viceversa. Abajo, mafiosos y pequeños capos del crimen organizado; arriba, políticos y funcionarios (criminales de cuello blanco). En algunas regiones de los países afectados por el flagelo de la corrupción el Delito Organizado estableció coaliciones con políticos: alcaldes, concejales, senadores y diputados; a través de estas alianzas logran mantener el poder y el lavado de dinero, comprar casinos, adueñarse de juegos de azar e invertir en la cadena de moteles.

A partir de los esquemas iniciales del narcotráfico, las operaciones ilegales transfronterizas se han diversificado hacia otros ilícitos que van desde la trata de personas hasta el contrabando de todo tipo (incluyendo bienes culturales), pasando por el tráfico de armas y materiales o dispositivos explosivos, de drogas, órganos, personas, legitimación de capitales, etc., facilitado las transformaciones en el ámbito de las relaciones internacionales que han surgido como consecuencia del proceso de globalización, el cual ha dado origen a un mayor desarrollo de la tecnología, a una mayor apertura de las fronteras, a un incremento de los flujos de comercio y de la inversión, así como de la expansión de la delincuencia organizada.

Las transformaciones impulsadas por el comercio internacional promueven nuevas amenazas a la seguridad interna de los países. Si bien muchas de esas amenazas ya eran motivo de preocupación, evolucionaron y adquirieron un nivel transnacional, especialmente las actividades vinculadas al Delito Organizado.

7. Discusión.

El Delito Organizado y la violencia que genera, produce diferentes tipos de daños sobre la seguridad y la salud pública, las comunidades, los negocios, las instituciones, el Estado, y la democracia. Pero, sobre todo, su impacto mayor sigue y seguirá siendo sobre las personas.

La penetración del Delito Organizado en los individuos e instituciones de la sociedad se apoya fundamentalmente en los mecanismos de corrupción, que cada vez se hacen más refinados y lucrativos.

La corrupción es un fenómeno multifacético, difícil de detectar, que afecta de formas muy diversas a la sociedad pero de manera subrepticia, por lo cual la mayoría de sus ciudadanos no la perciben como generadora de muchos de los problemas que los afligen. Se parece a una enfermedad asintomática, que cuando se descubre es porque generalmente ha hecho metástasis en el organismo y sus efectos son catastróficos.

Para una mejor comprensión de los efectos de la corrupción presentaremos dos ejemplos:

En una investigación reciente sobre el costo de construcción de carreteras se concluyó que el costo en dólares por kilómetro es de aproximadamente, 116 mil en Alemania, 164 mil en Grecia, 215 mil en España, y 218 mil en Polonia. El costo promedio en estos países europeos fue de 178 mil US $. Por su parte en nuestro continente, algunos de los resultados fueron: México 2,0 millones de US $, Perú: 900.000 US $, Bolivia más de 750.000 US $, Argentina: 723.000 US $. Conclusión: el promedio de los países americanos fue de 1,2 millones de US $, es decir, casi 7 veces más que el de los países europeos (Darío, 2013). En Venezuela, la construcción de la nueva autopista Caracas-La Guaira, de 19 kilómetros, y su costo de ejecución será de 4.787 millones de dólares, según informó la agencia informativa EFE, es decir, 251,95 millones de dólares por Km. (El Nacional, 2014).

En un reciente artículo publicado en el Diario venezolano TalCualDigital, el economista y Director de la Escuela de Economía de la UCV, José Guerra, afirma que el exministro Jorge Giordani admitió que bajo el sistema de administración de divisas que ejercía el gobierno venezolano a través de CADIVI, se adjudicaron 20.000 millones de dólares a empresas que los utilizaron para fines distintos para los que se los habían adjudicado. (Guerra, 2014). La dimensión del fraude es de tal magnitud, que la sola cifra no indica, para muchas personas, su nivel de gravedad. Para una mejor comprensión del daño patrimonial ocasionado al país se establecen algunas equivalencias de dicho monto, a los precios actuales del mercado venezolano, con los siguientes bienes: a) 500.000 nuevas viviendas, b) 2.400.000 vehículos nuevos, c) 20.000 kilómetros de carretera al costo promedio de los países americanos, que equivale a más de mil veces la nueva autopista Caracas – La Guaira, antes mencionada.

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[1] Filosofo argentino, profesor de filosofía del derecho de las universidades de Córdoba y La Plata en Argentina, Doctor Honoris Causa por diversas universidades, entre ellas la Universidad Pompeu Fabra (España), Universidad de Córdoba (Argentina), Universidad de Palermo (Argentina), Universidad de Valencia (España), Universidad de Helsinki (Finlandia), Universidad Nacional del Litoral (Santa Fe, Argentina), Universidad de Valparaíso (Chile), Universidad de Alicante (España), y Universidad de Buenos Aires. Miembro de las Academias de Ciencias Sociales y Derecho de Córdoba y Buenos Aires, en Argentina, y de la Academia de Ciencias en Finlandia. También es Presidente del Tampere Club (Finlandia) y de la Fundación Coloquio Jurídico Europeo (Madrid, España), entre otros organismos y fundaciones.

[2] http://www.anti-corruption.org/index.php/es/

[3] http://www.iadb.org/es/temas/transparencia/apoyo-a-los-paises/replanteando-indicadores-de-corrupcion,4147.html

[4] Transparencia Internacional (TI) es una organización no gubernamental que promueve medidas contra crímenes corporativos y corrupción política en el ámbito internacional. Se fundó en 1993. Publica anualmente el Índice de Percepción de Corrupción, una lista corporativa de corrupción a nivel mundial. La sede se encuentra en Berlín, Alemania y está formada por más de 100 delegaciones (oficinas locales y organizaciones filiales) que luchan contra la corrupción en sus respectivos países