El asesor del ministro de Transportes José Luis Ábalos, un verdadero pardillo o aprendiz del saqueo o estafa de las mascarillas al lado de Feijóo y su asesora María del Mar. Feijóo y su asesora María del Mar pusieron a la venta en las Webs de la Xunta de Galicia mascarillas falsificadas de Sibucu 360 de Santiago.
El fundador de la entidad Sibucu 360 SL, financiada por la Xunta de Galicia, adelantandole millones fondos públicos por orden directa de Feijóo, para la venta online en las webs oficiales de la Xunta para la compra y venta de mascarillas falsificadas, con falsos sellos y certificados de la UE y España, fué fundada por un delincuente con antecedentes penales por Falsificación documental. Pladesemapesga presentará en los próximos días ante la FISCALIA EUROPEA "OLAF" Y A LA AUDIENCIA NACIONAL FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN CON COPIA PARA LAS DILIGENCIAS QUE DIRIGE el magistrado, Ismael Moreno Chamarro titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional a instancia de la Fiscalía Anticorrupción, dejando la puerta abierta a todos los que se quieran sumar a esta iniciativa.
PLADESEMAPESGA PUBLICA EL BORRADOR DE LA DENUNCIA CONTRA LA XUNTA DE GALICIA Y EX-GOBIERNO DE D. ALBERTO NÚÑEZ FEIJÓO Y LA ENTIDAD SIBUCU 360 SL POR MALVERSACION DE FONDOS EUROPEOS BAJO UNA TRAMA DE MASCARILLAS CHINAS CON CERTIFICADO DE LA UE FALSO FINANCIADAS Y PAGADAS CON FONDOS EUROPEOS adelantados por Feijóo desde la Xunta de Galicia, COMO MÍNIMO DOCUMENTADO EN ESTA DENUNCIA, CUYASA ZARPAS SE EXTENDIERON POR TODO ESPAÑA, ALTINOAMÉRICA Y A NIVEL INTERNACIONAL SIENDO LOS ANTECEDNETES DE LUCEÑO Y MEDINA EN MADRID, VALENCIA, ANDALUCIA A LA SOMBRA DE BONILLA, AYUNTAMIENTO DE MADRID, COMUNIDAD DE MADRID Y VALENCIA Y OTRAS COMUNIDADES DE ESPAÑA, ENTRE ELLAS NEGOCIOS CON URKULLO DEL PAÍS VASCO QUIEN SE ASOCIO PARA COMPRAR MÁS MASCARILLAS FALSIFICADAS.
"SE SOLICITA DE FORMA EXPRESA AMPARO DE LA NUEVA FISCALÍA DE UNIÓN EUROPEA DE LA APLICACIÓN DEL ARTICULO 21.7 DE LA DIRECTIVA DE LA UE 2019/1937 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO DE 23 DE OCTUBRE DE 2019 RELATIVA A LA PROTECCION DE LAS PERSONAS QUE INFORMEN SOBRE INFRACCIONES DEL DERECHO DE LA UNION QUE ENTRO EN VIGOR EL PASADO 17 DE DICIEMBRE DEL 2019. CONTRA EL ACOSO Y PERSECUCIÓN JUDICIAL DE ESTE PERIODISTA DENUNCIANTE DE CORRUPCIÓN, ANTE LA XUNTA DE GALICIA, Alberto Núñez Feijóo y su asesora María del Mar Sánchez Sierra, cuyo patrimonio posteriormente a las tramas de las mascarillas y el Covid se ha disparado de forma desproporcionada con respecto a su declaraciones públicas, y AL QUE TRAS NO CEDER A SUS CHANTAJES, PRETENDEN INHABILITARME JUDICIALMENTE PARA QUE NO DENUNCIE ANTE LA UNIÓN EUROPEA Y EN ESTE MOMENTO BAJO GRAVE ESTADO DE SALUD DERIVADO DEL ACOSO JUDICIAL AL QUE ES SOMETIDO POR DENUNCIAR LA CORRUPCIÓN DE LOS FONDOS EUROPEOS", reiterándonos en la SOLITUD DE PROTECCIÓN Y AMPARO.
Se adjunta solicitud del funcionario de la Xunta de Galicia (Letrado Consellería de Sanidad-Sergas) pidiendo la inhabilitación judicial a través del abogadod e la asesora de Feijóo para evitar la denuncia que trae causa. SE ADJUNTA DOCUMENTO JUDICIAL PIDIENDO FORENSE MÉDICO, como documento3.pdf y como documento4.pdf expediente de la AEPD contra el Sergas por la negativa y ocultación del historial clínico de este denunciante, en este momento bajo recuperación de un cáncer ocultado durante 9 meses en su historial clínico con la pretensión de mi fallecimiento y así evitar esta denuncia, junto a una ristra de denuncias, querellas y conciliaciones del mismo letrado de Mar Sánchez Sierra.
HECHOS CON SOBRADOS INDICIOS DELICTIVOS DE FEIJÓO Y MAR SÁNCHEZ SIERRA:
La documental que se relata acredita sin género a la duda y enervando la presunción de inocencia de los denunciados así:
1.- En fecha DATA DE COMUNICACIÓN AO CONSELLO DA XUNTA: 26/03/2020 CÓDIGO DO EXPEDIENTE: EE-SER1-20-021 IMPORTE TOTAL: 6.697.638,41 € TRAMITACIÓN: emerxencia OBXECTO: SIBUCU 360, SL CIF B70410956 importe 1.294.700,00 € pago por adelantado para financiar la compra de MASCARAS CIRÚRXICAS TIPO II MASCARA PROTECCIÓN S/VÁLVULA FFP2, esta publicación ha "desaparecido y a sido borrada de la web de la Xunta de Galicia.
2.- Con la misma fecha el contrato fue cambiado-rectificado (se adjunta como documento6 en el que se ha modificado la cantidad por 1.070.000,00 € sin iva.
3.- Con fecha 2021/01/04 a las 13:39 la Sra Otero López Lara María Subdirectora Xeral de Compras e Servizos Servizo galego de Saúde (Sergas) certifica en documento oficial que “Non existe ningunha compra a SIBUCU 360 S. L. en períodos anteriores ou posteriores ao remitido (6 de abril ao 30 de xuño de 2020).”, lo que a la luz de los documentos 5 y 6 de fecha 26/03/2020 es totalmente falso. Se adjunta como documento7
4.- La entidad Sibuco 360 SL concertada con la Xunta de Galicia pone en circulación más de 35 millones de mascarillas bajo un certificado (presuntamente falsificado) de fecha 17 de Marzo de 2020 certificando las mascarillas como aprobadas por la Unión Europea, se adjunta correo Email enviado a todas las instituciones de España e Internacionales ofreciendo el material falsificado y catalogado de peligroso para la salud. Se adjunta como documento8
5.- Y como documento9 captura de pantalla de la misma fecha poniendo en las webs oficiales de la Xunta de Galicia el material falsificado con la certificación Europea a la venta online
6.- Tras detectar la Xunta las investigaciones de este periodista, FEIJÓO DA LA ORDEN URGENTE PARA QUE emita una circular-alerta-requirimiento el 18 de Mayo de 2020 en la que trata de borrar todo rastro que le pueda relacionar con el material falsificado y puesta a la venta online en las webs institucionales de la Xunta. Se adjunta como documento10
La negativa a informar y a entregar copia de la documental relatada es negada y bajo la desobediencia al mismo Valedor do Pobo de Galicia, se adjunta como documento11
7.- Como documento 12 la resolución meses después en la que se le facturan a los fondos FEDER todos los contratos nombrados en los párrafos precedentes “ Resolución de 15 de diciembre de 2020 de la Dirección General de Recursos Económicos, por la que se anuncia la adjudicación de varios contratos financiados con fondos FEDER “ Actuaciones necesarias para reforzar las capacidades de respuesta a la crisis de salud pública provocada por la COVID-19;
Expediente de emergencia: EE-SER1-20-021
Contrato: EE-SER1-20-021/14
Objeto: Mascarilla quirúrgica tipo II
Importe: 1.070,000,00 €, sin IVA
Adjudicatario: SIBUCU 360, S.L
Expediente de emergencia: EE-SER1-20-042
Contrato: DSM001854144
Objeto: Mascarilla FFP2
Importe: 525.000,00 € sin IVA
Adjudicatario: SIBUCU 360, S.L
Expediente de emergencia: EE-SER1-20-045
Contrato: ESM001868716
Objeto: Mascarilla de protección s/válvula FFP2
Importe:350.000,00 € sin IVA
Adjudicatario: SIBUCU 360, S.L
8.- Y como documentos complementarios de la escalada de mascarillas regadas por toda España con cargo a los fondos europeos se adjunta como documento13 Valor total de la contratación (IVA excluido): 4.300.000.00 EUR, Contratación por emergencia del suministro de mascarillas para la prevención del COVID-19. FONDO FEDER Programa Operativo 2014-2020 Comunidad Valenciana/ FONDO FSE Programa Operativo 2014-2020 Comunidad Valenciana, V.2.3)
Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Sibucu 360, S. L.
Número de identificación fiscal: B70410956
Dirección postal: C/ Oslo, 1, bajo, derecha
Localidad: Santiago de Compostela
Código NUTS:
ES111 A Coruña
Código postal: 15707
País: España
Entendemos que con el relato llegado hasta aquí es suficiente para enervar su presunción de inocencia, pero en cualquier caso y dado que, según diversos medios de comunicación en España la Fiscalía Europea ya tiene abiertas investigaciones sobre la financiación de material del Covid, mediante oficios judiciales e podría ampliar esta información.
Tratamos por varios medios de contactar con el numero de expediente de dicha investigación al objeto de ampliar con el relato de esta denuncia pero nos hemos visto fracasados al remitirnos los corresponsales a formularios pro-forma de la web de la UE, entendiendo que los mismos solo provocaría dilaciones indebidas que podrían dar al traste con las investigaciones en su premura al objeto de recabar la mayor documental posible sobre los hechos denunciados.
En cualquier caso, pasamos a procesar un amplio y profuso relato de las tramas de mascarillas con sellos y certificados de la Unión Europea Falsos y la malversación de fondos europeos en dichas tramas que sometemos a la valoración del instructor con total lealtad tal y como las conocemos, renunciando a cualquier derecho de protección de datos al objeto de llevar a buen termino las gestiones de esta denuncia ante la OLAF:
AMPLIA EXPOSICIÓN DE HECHOS Y MOTIVOS
EL EX-GOBIERNO DE ALBERTO NÚÑEZ FEIJÓO Y SU COORDINADORA DE COMUNICACIÓN MARÍA DEL MAR SÁNCHEZ SIERRA EN LA XUNTA DE GALICIA, ESTÁBAN UTILIZANDO AL SR RAFAEL ÁLVARO MILLAN CALENTI, LETRADO DE SANIDAD-SERGAS, BAJO PLENO CONOCIMIENTO Y DOCUMENTACIÓN, DEL RELATO DE ESTE ESCRITO EN SU PODER por el registro telemático www.sede.gal , NO SOLO HA HECHO CASO OMISO BAJO LA IGNORANCIA DELIBERADA, INEXCUSABLE, NEGÁNDOSE A REALIZAR LAS FUNCIONES DE SU CARGO PÚBLICO, ENCUBRIENDO, COLABORANDO Y TAPANDO LA MULTITUD DE INDICIOS DE DELITOS DEL SAQUEO, CORRUPCIÓN Y LOS QUE PUEDAN SURGIR DE LAS INVESTIGACIONES, PRIVANDO A LA JUSTICIA EUROPEA Y ESPAÑOLA DE SU PERSECUCIÓN EN LA QUE, LA ÚNICA RESPUESTA, ES PEDIR AL JUZGADO DE SANTIAGO SOBRE EL QUE DICE TENER PLENO CONTROL, QUE VALORE UN FORENSE A ESTE PERIODISTA CON EL FIN DE QUE NO DESTAPE LA MULTITUD DE INDICIOS CORRUPTOS BAJO SU TUTELA COMO LETRADO DE LA XUNTA DE GALICIA DÁNDOLO POR LOCO.
El fondo del asunto comienza con la financiación ilegal de las webs del partido político PP de Galicia a cambio de un piso de protección Oficial para el empresario en el Poboado Mineiro de fontao en Vila de Cruces después de expulsar al excluido social, que gestionan los denunciados bajo la presidencia de la Xunta de Galicia, bajo la ley de incompatibilidades dilapidando dineros europeos a paladas a través de la Secretaría de Medios, cuyas gestiones alentaron la continuadas del saqueo llegando al fraude de las mascarillas falsificadas con las certificaciones de la Unión Europea puestas a la venta por todo el territorio nacional tras financiarlas adelnatando el dinero a Sibucu 360 SL, con los fondos FEDER.
PRIMERO.- Como consecuencia de la denuncia sobre las webs www.ppdegalicia.com y www.feijoo.gal del Partido Popular, cuya actividad de comunicación estaba dirigida bajo el cargo de Coordinadora y Directora de Comunicación por María del Mar Sánchez Sierra y tras la sentencia de la querella presentada por el propietario de los dominios Carlos Hermo Catoira en la que quedó acreditada la financiación ilegal y regalo de un piso de protección oficial en el Poboado Mineiro de Fontao desde la Xunta junto a una subvención de 6.000 euros a dedo para darle una reforma al gusto.. (financiado todo ellos con fondos europeos.)
Es a partir de ese momento que María del Mar Sánchez Sierra comienza una guerra de persecución sin pausa ni cuartel contra este denunciante apoyándose en el letrado de la Consellería de Sanidad Sergas con el que compartió despacho en el IGV, Hospital Universitario de Santiago Sergas etc, " Escuchar audio, fuente de este Xornal"
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El acoso ha llegado a día de hoy con graves enfermedades de este dicente ocultadas en su historial clínico cuya Agencia Española de Protección de Datos esta siguiendo expediente de sanción contra el Sergas por su negativa y y ocultación, en este punto hay que recordar que el denunciado Millán Calenti se jacta de ser docente especialista en historiales clínicos del Sergas y en Protección de Datos en el que el responsable de la Fundación del 061 afirma que cobra por su docencia de la AEPD, y el Secretario Xeral Técnico de Sanidad-Sergas, A LA VEZ TESTIGO DE CARGO EN EL ACOSO JUDICIAL DEL DENUNCIADO, “SUB JUDICE” DE UNA DENUNCIA POR OCULTACIÓN Y NEGATIVA A ENTREGAR EL HISTORIAL CLÍNICO, QUE TRAS SU PUBLICACIÓN EN www.xornalgalicia.com de el relato de hechos, comienza a llegar profusa documental sobre “TRAMAS DE CORRUPCIÓN DENTRO DEL SERGAS Y LA XUNTA QUE VINCULAN DIRECTAMENTE A RAFAEL ÁLVARO MILLAN CALENTI CUYO RELATO DETALLAMOS DE FORMA PROFUSA EN LOS SIGUIENTES PÁRRAFOS DE ESTE ESCRITO CON TOTAL LEALTAD Y SU DOCUMENTAL ADJUNTA A LOS EFECTOS LEGALES QUE CORRESPONDAN.
SEGUNDO.- El Sergas tras verse descubierto por las denuncias ante el Sr Rafael Álvaro Millán Calenti por Xornal Galicia Feijóo dio la orden Urgente a consumo de retirar bajo la confidencialidad más absoluta todo rastro de la TRAMA DE MASCARILLAS falsas y catalogadas de muy peligrosas para la salud, las mismas fueron distribuidas en la cúspide de la pandemia entre todo el personal sanitario de Galicia-Sergas, el "requerimiento" de consumo solicitado al IGC es ocultado y negada su entrega a día de hoy, a pesar de ser un documento bajo una alarma sanitaria, el Sergas AFIRMA EN DOCUMENTO PÚBLICO QUE "Non existe ningunha compra a SIBUCU 360 S. L. en períodos anteriores ou posteriores ao remitido (6 de abril ao 30 de xuño de 2020), informe asinado electronicamente. Lara Mª Otero López Subdirectora Xeral de Compras e Servizos Servizo galego de Saúde
CUANDO LA DOCUMENTACIÓN EN NUESTRO PODER, INFORMA QUE SE A ADJUDICADO A SIBUCU 360, SL B70410956 EL 26/03/2020, 1.294.700,00 € CÓDIGO DO EXPEDIENTE: EE-SER1-20-021 IMPORTE TOTAL: 6.697.638,41 € TRAMITACIÓN: emerxencia OBXECTO: subministración ES DE FECHA; CÓDIGO DEL EXPEDIENTE: EE-SER1-20-021, Y DÍAS DESPUÉS PEGAN EL "cambiazo" por una adjudicación de 1.070.000,00 € SIBUCU 360, SL cargados a los fondos Europeos cuando la certificación falsificada y firmada por José Juncal es de fecha 17 de Marzo de 2020, lo que acredita que Millán Calenti encargado de velar por que se cumpla la legalidad en la Consellería de Sanidad-Sergas era conocedor de que estaban financiando con fondos europeos una trama de mascarillas falsas por toda España con ramificaciones en Andalucía, Comunidad de Madrid, Valencia etc..., meses después de montar la trama de mascarillas le "endiñan y le adjudican lo mismo a EUROPA, a través de una Resolución en nuestro poder de la Dirección General de Recursos Económicos, por la que se anuncia la adjudicación de varios contratos financiados con fondos FEDER. Expediente de emergencia: EE-SER1-20-021 Contrato: EE-SER1-20-021/14 Objeto: Mascarilla quirúrgica tipo II Importe: 1.070,000,00 €, sin IVA Adjudicatario: SIBUCU 360, S.L, firmado digitalmente por la directora General de Recursos Económicos María Jesús Piñeiro Bello el día 16 del 12 de 2020 cuando ya llevaban varios meses traficando con las mascarillas cuyo baile de adjudicaciones es difícil de asentar y concretar evidenciando una TRAMA Y ESTAFA encubierta PERFECTAMENTE ORQUESTADA Y DIRIGIDA bajo el pleno conocimiento del Sr Rafael Álvaro Millán Calenti POR FEIJÓO Y SU ASESORA ASOCIADOS A SIBUCU 360 SL.
La trama de mascarillas se extiende veloz como la pólvora por toda España, preferentemente en instituciones gobernadas por el PP, tras hacerse con la financiación de fondos públicos de la Xunta:
Según relato del Diario Público.es Feijóo, Almeida y Ayuso pagaron 4,8 millones a un empresario vinculado a la Xunta que vendió mascarillas con sello falso de lo que tiene sobrado conocimiento Rafael Álvaro Millan Calenti del que hace caso omiso
El fundador de Sibucu 360 SL socio de la Xunta-Sergas en la compra anticipada de mascarillas falsas según sus propias declaraciones de mas de 35 millones en Febrero de 2020, Sr José Ramón García González, condenado por fraude y falsedad y pendiente de juicio por un delito contra la propiedad intelectual, ha vendido más de 80 millones de mascarillas a través de sus sociedades. Varios lotes de las distribuidas por la mercantil Sibucu 360 SL que posteriormente fueron retiradas por presentar una certificación ilegal.
Días antes de que los avispados comisionistas de la empresa malasia Leno, Luis Medina y Alberto Luceño, contactaran con el Ayuntamiento de Madrid para ofrecerse a traer material sanitario, una empresa gallega vinculada a Feijóo firmaba cuatro contratos con el Consistorio para la provisión de mascarillas.
Sibucu 360 SL fue la primera en hacer negocio con el Ayuntamiento de Madrid, el 20 de marzo de 2020. En total, 408.375 euros (IVA incluido) por 125.000 mascarillas quirúrgicas y 100.000 mascarillas FFP2, según ha podido comprobar Público.
Pero en los albores de la pandemia, no todos los trámites resultaron correctos. Sobre cuatro de los modelos de las mascarillas FPP2 distribuidas por Sibucu se decretaron otras tantas alertas sanitarias por riesgo para la salud de las personas. Según la empresa, fueron 80.000 mascarillas alertadas de un total de 80 millones que ha importado en estos dos años.
La alerta saltó desde el Servicio Galego de Saúde (Sergas) de la Xunta en mayo de 2020 TRAS LA DENUNCIAS PUBLICADAS EN ESTE XORNAL. El sello CE que llevaban las mascarillas no era legal, ya que habían sido certificadas por un laboratorio italiano que no estaba capacitado para hacerlo. La identidad de la persona que facilitó el contacto de esta empresa de A Coruña con el Ayuntamiento de Madrid aún es un misterio que el Consistorio no está dispuesto a desvelar (y que nosotros dirigimos y apuntamos al Sr Rafael Álvaro Millán Calenti); al haberse negado a responder a la pregunta en ese sentido de Público.
La empresa no se dedicaba a la distribución de productos sanitarios, sino a la consultoría técnica e ingeniería. De hecho, está vinculada con la mercantil Moonoff SL, dedicada al sector de la iluminación, de la que Sibucu 360 sl es la administradora única. Detrás de Moonoff, desde 2013, estuvo el empresario José Ramón García González, hasta que sus problemas con la Justicia le empujaron a abandonar la presidencia de la compañía en 2018, pero siguió presentándose como socio inversor. La prensa gallega, de hecho, al comienzo de la pandemia vinculaba la llegada de mascarillas a Galicia con Moonoff y con la labor comercial de las empresas del grupo en Asia.
Uno de los administradores de Sibucu, Diego Mata, en conversación con este diario, explica que en aquellos días iniciales de la pandemia, en marzo de 2020, recibió una llamada de alguien del Ayuntamiento de Madrid, pero ahora no recuerda su nombre. "Mi teléfono en aquel entonces circulaba por todos los sitios, recuerdo que el precio máximo que nosotros vendíamos las FFP2 era 2,5 ó 2,72 euros la unidad [Luceño y Medina las vendieron a 6 euros]. Se demostró que fuimos razonables con el precio y teníamos todo un equipo de trabajo en Asia, con toda nuestra experiencia", indica para explicar el éxito de la empresa en la distribución de mascarillas.
Según la versión del administrador de Sibucu, las llamadas les llovieron en aquellos días por parte de las comunidades autónomas y ayuntamientos de media España que buscaban desesperadamente hacerse con mascarillas para sus sanitarios, y en efecto, la empresa ha contratado con varias comunidades, incluso con el Gobierno de España. Pero uno de sus comerciales en aquella época ha confirmado a este medio que también buscaron el negocio y que tanto él como otros compañeros se dedicaron a contactar con empresas y organismos públicos para proponerles el suministro de material.
En aquellos momentos cuando Moonoff SL comenzó a importar mascarillas desde China --aunque las adjudicaciones públicas estaban a nombre de Sibucu-- el peso en aquellas operaciones de José Ramón García González, fundador de la tecnológica gallega Blusens, muy bien relacionada con la Xunta de FEIJÓO Y MARÍA DEL MAR SÁNCHEZ SIERRA, momento en el que comenzó a dispararse el patrimonio de Feijóo, Eva Cradenas y María del Mar, totalmente opuesto a sus declaracioens de transparencia en las webs oficiales de la Xunta pasando de cero euros en el caso de Mar Sánchez a varios millones de euros y sociedades como IMPRONOSA; FINCELA; PARKING FINISTERRE; FINCAS RUSTICAS EN EL AYUNTAMIENTOD E LARACHA GOBERNADO PRO EL PP, el aumento era desproporcional y grande. El condenado por delitos penales fundador de Sibucu 360 SL, es un emprendedor muy conocido en Galicia y por el expresidente Alberto Núñez Feijóo, a quien le pedía que le acompañara en actos institucionales como notable empresario gallego. Así ha sucedido en varias ocasiones en las galas de la Asociación de Empresarios Gallegos de Cataluña, por ejemplo, donde el fundador de Blusens compartió mesa con la difunta Rosalía Mera, confundadora de Zara, cuyu hermano de Florinda Marcote actual esposa de Amancio Ortega, también aparece con sociedades dedicadas al mercadeo de las mascarillas falsificadas, cuyo desembarco en Zaragaza achacaron falsamente a una donaciónd e mascarillas de Amanco Ortega, cuando eran destinadas al negocio de los fondos púiblcios de la Xunta de Galicia. Ir a la documentación y ampliación de la información sobre el cuñado de Amancio Ortega de Inditex.
contratos ilegales, adjudicaciones de millones a Sibucu 360 SL, y al cuñado de Amancio Ortega, Jorge Perez Marcote para traficar con mascarillas falsas, entre otras, al tratar de frenar su curso a las ...Ver más..+
Creado el 03 Agosto 20223. Diego Calvo utiliza su cargo público de Conselleiro de Xustiza para DELINQUIR ocultando a la justicia denuncias penales con sobrados indicios de corrupción y saqueo de la sanidad gallega fuera de cont (Indice corrupción sistémica Galicia) ...de Amancio Ortega, Jorge Perez Marcote para traficar con mascarillas falsas, entre otras, al tratar de frenar su curso a las denuncias el Sr Millán Calenti, se ponen en conocimiento del Sr Quintans Jefe ...Creado el 21 Junio 2022
José Ramón García González Un empresario polémico según Feijóo.
José Ramón García González es un emprendedor de Santiago que se hizo popular tanto por sus primeros éxitos empresariales como por las polémicas judiciales que éstos levantaron. De hecho, fue condenado hace cuatro años a nueve meses de cárcel y a una multa de 615.372,75 euros como autor de dos delitos continuados de fraude tributario y falsedad documental.
Hace apenas unos meses un juzgado de Santiago ordenó abrir juicio oral contra él por un presunto delito contra la propiedad intelectual. El fiscal le pide un año de cárcel y 2,4 millones en concepto de responsabilidad patrimonial a él y varias de las sociedades en las que participa o participó.
Se le acusa junto con otras ocho personas de fabricar y comercializar un decodificador pirata que permitía el acceso a varias plataformas de contenidos de pago. Este medio ha intentado contactar sin éxito con García González a través de Moonoff SL, una empresa participada por Sibucu y que tuvo como socio inversor a García González hasta hace poco.
Desde Sibucu 360 SL se desvinculan en la actualidad de José Ramón García González, aunque el registro mercantil indica que la sociedad sigue poseyendo el 30% de las participaciones de Magna Tecnology Sl, administrada por Visualiza Business, el holding propiedad de García González. Él mismo contaba a la prensa gallega en abril de 2020 que ya había traído a través de sus empresas 35 millones de mascarillas desde China a España. "Ya no tiene nada que ver con nosotros", apuntan desde Sibucu.
2,5 millones de la Comunidad de Madrid tiempo antes de la entrada al negocio de Luceño y el hermano de Ayuso.
No sólo el Ayuntamiento de Madrid, también el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso contrató a esta empresa los primeros meses de la pandemia. Según el Portal de la Transparencia de la Comunidad de Madrid, fueron ocho los contratos tramitados por el procedimiento de emergencia los adjudicados a Sibucu, en su mayoría por la Consejería de Familia, Juventud y política Social. También la de Sanidad contrató la compra de mascarillas quirúrgicas y FFP2 para los hospitales de La Paz y Ramón y Cajal. En total, 2.432.630 euros ha desembolsado el Gobierno madrileño a esta sociedad.
Tanto desde el Ayuntamiento como desde la Comunidad de Madrid se han negado a contestar a las preguntas de este diario sobre las irregularidades detectadas en algunos de los lotes de mascarillas. Según Diego Mata, de Sibucu, esos lotes no alcanzaron a ninguna administración pública, sino sólo a farmacias en Galicia y en Madrid.
1.945.000 millones de la Xunta de Galicia supuestamente con el informe favorable del Sergas-Sanidad cuyo letrado Sr Rafael Álvaro Millán Calenti desempeña sus funciones en ese departamento.
En los primeros meses de la emergencia sanitaria, entre el 25 de marzo y el 26 de junio, el Sergas compró a Sibucu 2,3 millones de mascarillas -2 millones de tipo quirúrgico y 300.000 de tipo FFP2- por un total de 1.945.000 euros.
Las compras se realizaron mediante cuatro expedientes tramitados por el procedimiento de emergencia, tal y como figura en un documento interno de la Dirección Xeral de Recursos Económicos al que ha tenido acceso Público.
Al poco de la llegada de los primeros envíos de Sibucu, el Sergas detectó que cuatro lotes de mascarillas FFP2 estaban validadas por una empresa italiana, ENS Certificazione Macchine SRL, que no estaba autorizada para certificarlas. Aún así, Sibucu las distribuyó con el sello de marcado 'CE' que garantiza la adecuación de las condiciones de determinados productos a la legislación comunitaria.
TRAS LA SOLICITUD URGENTE DE FEIJÓO. El Instituto Galego de Consumo e da Competencia (IGCC) activó su primera alerta el 18 de mayo y envió cartas a los clientes de Sibucu advirtiéndoles de que debían devolver el material o certificar su destrucción, PARA QUE NO QUEDASE RASTRO DE LA TRAMA DEL MATERIAL FALSIFICADO. Aún así, la Xunta siguió distribuyéndolo, e incluso hizo público que una de las empresas vinculadas a Sibucu y a través de las que operaba García González, Moonoff, había donado al Sergas otras 100.000 unidades -tantas como las que había entregado gratuitamente Inditex (FALSO LAS DE jORGE mARCOTE SALIERON EN UN LOTE ADJUDICADO PRO LA xUNTA CON FONDOS PÚBLICOS A SU SOCIEDAD)-, y que el Gobierno de Feijóo planeaba repartir entre personal sanitario y ayuntamientos, falso, fueron puestas a la venta online en la web institucionaL DE LA XUNTA DE GALICIA POR ORDEN DE MARÍA DEL MAR SÁNCHEZ SIERRA COMO RESPONSABLE DE LA SECRETARÍA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y DIRECTORA DE IMAGEN DEL PP DE GALICIA.
Público ha pedido a la Xunta que valore por qué no inmovilizó las mascarillas que había comprado a Sibucu cuando detectó que llevaban un sello ilegal, pero fuentes del Sergas se limitaron a decir que "tras revisar los pedidos (...) ninguno de los modelos adquiridos (...) está afectado por las alertas del Insitituto Galego de Consumo".
Parece improbable que sea así, teniendo en cuenta que el Sergas tramitó cuatro expedientes y que el Instituto Galego de Consumo alertó de que eran precisamente cuatro los que correspondían a lotes con sellos ilegales.
El Sergas tampoco ha dado explicaciones sobre por qué ninguno de los expedientes de compra a Sibucu aparece en la Plataforma de Contratos Públicos de Galicia.
Por su parte, el IGCC ha asegurado que se le abrió un expediente sancionador el 21 de julio de 2020, por importe de 10.500 euros, "por vender sin cumplir con la documentación", pero que redujó la sanción porque Sibucu las retiró del mercado. (FALSO,, FUÉ LA ORDEN DE FEIJÓO DE DESTRUIRLAS Y BORRARA TODO RASTRO PARA NO VERSE IMPLICADO)
Según fuentes de la empresa, la sanción quedó reducida a 600 euros.
Sin embargo, Sibucu 360 niega que el lote afectado llegara a la Xunta: "Sibucu comunicó al organismo de Consumo dependiente de la Xunta el error detectado y esta procedió como corresponde a lanzar la alerta en los mecanismos habituales. Procedimos a su retirada para nuevo etiquetado (impunidad total) puesto que las mascarillas cumplían con todas las exigencias de calidad, y en ningún caso presentaban peligro para los usuarios".
La empresa insiste en su inocencia. "Fue un fraude del laboratorio y no sé hasta qué punto no deberíamos haber exigido responsabilidades a Europa, no aquí, por permitir que ese laboratorio italiano estuviese publicando que tenía el alcance para hacer ese certificado cuando no lo tenía", explica Diego Mata.
Subvenciones prohibidas
A pesar de que la sentencia que lo condenó a un año de cárcel en el 2017 vetaba expresamente a José Ramón García González el acceso a ayudas públicas entre febrero del 2017 y mayo del 2019, la Xunta de Feijóo concedió en 2018 a Moonoff a través de su Consellería de Emprego dos subvenciones por valor de 84.000 euros para mejorar la calificación profesional de sus trabajadores.
Poco después de concluir el período de veto judicial, la misma consellería le otorgó en noviembre del 2019 otra ayuda de 3.000 euros para la contratación de un empleado; y el Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), otra en diciembre de 31.360 euros para incentivar la realización de acciones de promoción exterior.
Ayuso y Feijóo volvieron a contratar meses después a Sibucu a sabiendas de que ya había vendido mascarillas con sello falso
La Comunidad de Madrid y la Xunta adquirieron más lotes de FFP2 y FFP3 a la empresa tres y nueve meses después de que se activara la red de alerta sanitaria que advirtió de la distribución de varios de ellos con marca "CE" ilegal importados desde China
Las alertas sanitarias por riesgo para la salud abiertas en mayo de 2020 por desde China se publicaron tanto en el sistema de alerta rápida para productos no alimentarios (RAPEX) de la Unión Europea como en la red de alertas del Ministerio de Consumo. En aquellos primeros meses de pandemia, todas las comunidades compartían las irregularidades detectadas en las mascarillas.
Sin embargo, a la hora de adjudicar contratos para la dotación de material sanitario contra la covid esas dos bases de datos oficiales fueron ignoradas al menos por dos comunidades: Galicia (Feijóo) y Madrid (Ayuso). Tanto el gobierno de Alberto Núñez Feijóo como el de Isabel Díaz Ayuso volvieron a comprar mascarillas a Sibucu 360 SL pese a las alertas por algunos lotes de tapabocas tipo FFP2/KN95 suministradas por esa firma, que hasta entonces no se había dedicado a la comercialización de productos sanitarios y que estaba vinculada a un empresario conocido por Feijóo: José Ramón García González.
En concreto, la Xunta volvió a contratar con esa empresa en junio de 2021, después de haberle comprado 2,3 millones de mascarillas -2 millones de tipo quirúrgico y 300.000 de tipo FFP2- por un total de 1.945.000 euros, entre marzo y junio de 2020. Fueron 90.650 unidades de tipo FFP3 por valor de 43.512 euros, que se adquirieron para su distribución entre el personal de hospitales y centros de salud de seis de las siete áreas sanitarias de Galicia.
La Comunidad de Madrid, por su parte, invirtió medio millón de euros el 10 de agosto de 2020 para la adquisición a Sibucu de mascarillas quirúrgicas para el Hospital de La Paz.
Además, la Consejería de Sanidad madrileña contrató con esta empresa la venta de mascarillas, gorros y filtros por valor de 14.980 euros, en julio de 2020, para el Hospital Ramón y Cajal, sin que en el Portal de la contratación de la Comunidad de Madrid conste más información sobre los productos adquiridos a la sociedad, con sede en A Coruña.
La ilegalidad de cuatro tipos de mascarillas [80.000 unidades, según Sibucu] parece que no ha pasado factura a esta empresa, que ha llegado a contratar con el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), del Ministerio de Sanidad.
Según información aportada por la propia mercantil, también fueron clientes suyos en los primeros meses de la pandemia la Comunidad Valenciana, Castilla La Mancha, los ayuntamientos de Sevilla, Zamora y Huelva, las diputaciones de Cuenca y Huesca y la Diputación Foral de Araba. Pero no todas las administraciones públicas repitieron con Sibucu tras las alertas sanitarias, a salvo las del PP.
Sí lo hizo la Xunta de Galicia. El 20 de junio de 2021, más de un año después de que informara a la red estatal de alertas sanitarias sobre la ilegalidad de cuatro lotes de mascarillas FFP2 importadas por esta mercantil, el Servizo Galego de Saúde (Sergas) volvió a comprar a esa misma empresa.
En la resolución de la adjudicación, la Dirección Xeral de Recursos Económicos del Sergas informa que, tras haber encargado el 17 de agosto del 2020 el suministro de mascarillas con doce empresas, en noviembre de ese año, les solicitó una minoración de precio en las FFP3 "por razones de interés público".
A esa llamada respondieron ocho compañías, entre ellas Sibucu, que fue la que ofertó el precio más barato: 0,48 euros la unidad, es decir un 15% por debajo de la media del resto de sus competidores y un 134% por debajo del coste de la oferta más cara.
La normativa española sobre contratación pública establece restricciones para contratar con empresas que hagan ofertas anormalmente bajas basadas en una menor calidad de los bienes adquiridos o de los servicios a prestar; es lo que se conoce como 'ofertas temerarias'.
En concreto, la Ley de Contratos del Sector Público establece en su artículo 149 que si el "órgano de contratación presume que una oferta resulta inviable por haber sido formulada en términos que la hacen anormalmente baja", deberá exlduirla mediante el procedimiento pertinente y que se rechazarán las ofertas temerarias si "vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral".
Las mascarillas de tipo FFP3 se venden hoy en el mercado minorista a entre tres y cinco euros la unidad. En febrero del año pasado, cuando las medidas de protección aún eran preceptivas y la demanda de mascarillas, elevada, la Xunta se las compró a Sibucu a menos de medio euro "por ser dicha mascarilla idónea para satisfacer las necesidades del Servicio Gallego de Salud".
A pesar de que aquel contrato no se adjudicó por el procedimiento de emergencia, en el expediente sólo aparece la resolución, que menciona una memoria justificativa del Servicio de Aprovisionamiento de la Subdirección Xeral de Compras del Sergas que la Xunta no ha hecho pública.
Tampoco ha publicado los documentos relativos a las condiciones técnicas y administrativas del contrato, ni su formalización, ni si en el estudio de las ofertas se consideró que el hecho de que Sibucu ofertara mascarillas un 15% más baratas que el resto podría estar relacionado con su calidad. Más aún cuando la Xunta sabía desde hace un año que esa misma empresa había importado varios lotes de FFP2 con falso sello de marcado CE.
Por el contrario, para el suministro de mascarillas para el personal de la Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid la oferta de Sibucu sí fue descartada por presunción de temeridad, ya que aunque suponía una rebaja de 1,81 euros en la unidad de mascarilla FFP2, "en el desglose falta un aspecto importante que son los costes de transportes a las diferentes Sedes Judiciales de la Comunidad de Madrid", consta en la resolución.
Tampoco alude a una "fuerte solvencia como requisito para justificar su oferta conforme a la Ley de Contratos del Sector Público", consta en la resolución del 18 de septiembre de 2020, a la que ha podido acceder Público.
Sello ilegal
Las alertas por cuatro de los modelos de mascarillas de Sibucu indicaban que el sello CE que constaba en su etiquetado no era legal, ya que procedía de una empresa italiana, ENTE Certificazione Macchine SRL, incapacitado para certificar mascarillas FFP2. Sin embargo, existe otra alerta lanzada por el Gobierno navarro respecto a las mascarillas de la marca Tomashi importadas por Sibucu en marzo y abril de 2020, en las que el sello CE no lleva el número de ningún organismo certificador.
La explicación de la empresa ofrecida a este diario es que sufrió un "fraude" por parte del laboratorio italiano. Pero en este caso alertado por el Gobierno navarro, ni siquiera existe laboratorio acreditador.
Ante la negativa de la Xunta, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y el Ayuntamiento de Madrid, que también compró mascarillas a Sibucu 360 SL, para mostrar los expedientes de los contratos con esta empresa gallega, no se puede corroborar que las mascarillas afectadas por las alertas sanitarias fueran efectivas para impedir el contagio de covid.
En dichos expedientes deberían constar los certificados de los test en un laboratorio del país de origen, es decir China. Según Sibucu, aquellas mascarillas contaban con pruebas satisfactorias en un organismo acreditado y el problema con los sellos no afectó a la calidad del producto. También indica esta empresa que las mascarillas afectadas no llegaron a ninguna administración pública, sino sólo a las farmacias, de donde fueron retiradas. Pero no aporta pruebas de ello.
Un conocido empresario
El éxito de esta empresa gallega en la venta de mascarillas en diferentes administraciones públicas arrancó en marzo de 2020 con el aval de la propia Xunta de Galicia, ya que el empresario José Ramón García González era por entonces el alma de Moonoff SL, empresa dedicada al sector de la iluminación, que está administrada por Sibucu 360 SL, y que fue la importadora principal de las mascarillas, aunque las adjudicaciones recayeron en Sibucu. Moonoff y su socio inversor entonces, García González, son muy conocidos en Galicia y por el Gobierno gallego. Moonoff ha contratado con varios ayuntamientos de la comunidad.
José Ramón García González fue condenado hace cuatro años a nueve meses de cárcel y a una multa de 615.372,75 euros como autor de dos delitos continuados de fraude tributario y falsedad documental. Actualmente está a la espera de juicio por otro delito contra la propiedad intelectual por el que la Fiscalía le reclama un año de cárcel y 1,2 millones de euros en concepto de responsabilidad civil, además de otros 1,2 millones a las empresas en las que participa o participó.
Con 31 años, García González inició su trayectoria con Blusens Global Corporation, una empresa tecnológica que fundó con un amigo y que llegó a ser la que más reproductores mp3 vendía en España en la época del bum de esos aparatos.
Llegó a estar cuarenta países y facturaba alrededor de 60 millones por ejercicio cuando en el 2008 o obtuvo el respaldo inversor de Inveravante, propiedad de Manuel Jove, dueño hasta ese mismo año de la constructora Fadesa. Por esa época, la Blusens patrocinaba programas de televisión y equipos de varias disciplinas deportivas, entre ellos el club de baloncesto Obradoiro de Santiago, tras uno de cuyos éxitos se fotografió con Feijóo en la sede de la Xunta.
El crac financiero afectó enormemente a la firma, cuya facturación fue cayendo en picado. En el 2012 un juzgado de Santiago la condenó a dejar de fabricar varios productos de su catálogo al entender que violaban la propiedad intelectual de Televés, otra compañía competidora de Santiago. Jove salió del capital de la compañía en 2013, y Blusens siguió cayendo hasta que otro juez ordenó su liquidación en 2015. Dos años más tarde, su fundador fue condenado por fraude fiscal y estafa.
Público ha tratado sin éxito de contactar con él. El móvil de contacto que aparece en la web de Visualiza Businnes, el holding que construyó tras la liquidación de Blusens, corresponde a una persona que dice no tener nada que ver con él.
Diego Mata, portavoz de Sibucu, aseguró a Público el pasado martes que García González ya no tiene nada que ver con la compañía, pero lo cierto es que, según el registro mercantil, Sibucu es propietaria del 30% del capital de Magna Technology Sl, a su vez administrada por Visualiza Business, y del 70% de Moonoff, la empresa de la que González García aparecía como socio inversor cuando hizo público al principio de la pandemia que a través de ella estaba gestionando la compra de mascarillas para varias administraciones.
El portavoz de Sibucu también afirmó que aunque ninguna de las empresas citadas tuviera relación ni experiencia alguna en el sector sanitario, fueron contactados por varios organismos al principio de la pandemia por su facilidad para importar productos de China. En su versión, ellos sólo accedieron a poner a su disposición su red comercial y de contactos en Asia, pero sin ofrecerse inicialmente.
Lo cierto es que Público tiene constancia documental de que los agentes de Sibucu sí se presentaron a otras instituciones, como el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Murcia donde ofertaron sus mascarillas a 3,5 euros las FFP2 y a un euro las quirúrgicas. En las mismas fechas, sin embargo, Sibucu asegura que las vendía a Galicia y a Madrid por entre 2,5 y 2,7 euros.
En Andalucía, el catálogo de proveedores de material anticovid de la Junta incluye a Sibucu, con el contacto de email de su comercial y un resumen de la actividad de la compañía en la que ésta ya se autodefine como un consultora especializada en "certificación de productos" y "gestión de suministros sanitarios".
Los sellos falsos de un laboratorio italiano, detrás de las mascarillas del hermano de Ayuso, de los comisionistas de Madrid y de la Xunta
Los contratos del Ayuntamiento de Madrid en los que intermediaron Luis Medina y Alberto Luceño cuentan con un certificado falsificado de una empresa italiana, cuyo sello de calidad CE también figuraba ilegalmente en varios lotes de mascarillas de la mercantil gallega Sibucu 360 SL y en el expediente del contrato en el que participó el hermano de Ayuso.
Los recientes escándalos por los pelotazos de parientes y amigos con la venta de mascarillas en lo peor de la pandemia tienen otra vertiente: las sospechas de que los productos no eran de calidad, no servían para protegerse de la covid. En el triángulo de casos que salpican al Ayuntamiento de Madrid, a la Comunidad de Madrid y a la Xunta de Galicia hay un componente común añadido al presunto tráfico de influencias. Y es que en los tres casos existen certificados falsos sobre la calidad de las mascarillas procedentes de un mismo laboratorio italiano.
La empresa italiana Ente Certificazione Macchine SRL (ERM) figura como entidad europea que certificó que las mascarillas FFP2/KN95 que vendieron Alberto Luceño y Luis Medina a través de la mercantil malasia Leno cumplían con los estándares de la Unión Europea en cuanto a su capacidad para filtrar partículas víricas, como ha podido comprobar Público. Sin embargo, este laboratorio italiano no puede certificar mascarillas, puesto que no está habilitado para ello.
Así lo ha confirmado Luca Bedonni, director de servicios de ECM, a este diario. "Nos han falsificado muchos documentos estos importadores. Han usado inapropiadamente nuestro número certificador 1282". Este número acompaña al sello CE de las mascarillas de Leno, de las que Luceño y Medina se lucraron con seis millones de euros.
ERM también aparece en el inicio de la actividad importadora de mascarillas de la L, un caso que ha destapado Público. Esta mercantil es una de las que más volumen de ventas ha tenido en estos dos años de pandemia, pese a que con anterioridad no se dedicaba al suministro de material sanitario, sino al sector de la ingeniería e iluminación.
Su entrada en el Ayuntamiento de Madrid, el 20 de marzo, para proporcionar mascarillas de China en un momento de imperiosa necesidad fue presuntamente favorecida por la amistad con Alberto Núñez Feijóo de uno de los socios del grupo de empresas vinculadas a Sibucu.
Cuatro de los modelos de mascarillas FFP2/KN95 que vendió Sibucu presentaban ilegalmente el sello CE procedente de la italiana Ente Certificazione Machine. A falta de los expedientes de los cuatro contratos con el consistorio madrileño que el equipo de Almeida se niega a entregar a este diario, no se puede verificar la versión de Sibucu, que alega que fueron 80.000 las mascarillas afectadas que tuvo que retirar y que ninguna afectó ni a la Xunta de Galicia ni al consistorio madrileño ni a la Comunidad de Madrid, que también compró a la citada empresa gallega.
Según el Portal de la Transparencia de la Comunidad de Madrid, fueron ocho los contratos tramitados por el procedimiento de emergencia los adjudicados a Sibucu 360 SL, en su mayoría por la Consejería de Familia, Juventud y Política Social. También la de Sanidad contrató la compra de mascarillas quirúrgicas y FFP2 para los hospitales de La Paz y Ramón y Cajal. En total, 2.432.630 euros ha desembolsado el Gobierno madrileño a esta sociedad.
Diego Mata, uno de los administradores de Sibucu, afirmó a este diario que existió un "fraude" por parte de la empresa italiana ECM: "Fue un fraude del laboratorio y no sé hasta qué punto no deberíamos haber exigido responsabilidades a Europa por permitir que ese laboratorio italiano estuviese publicando que tenía el alcance para hacer ese certificado cuando no lo tenía".
Sin embargo, ECM niega con rotundidad su implicación en el caso. "Nosotros no tenemos responsabilidad en esto. Los importadores han importado las mascarillas sin un certificado CE. Nosotros no hemos hecho certificaciones de mascarillas porque no podemos hacerlas. El documento de nuestra empresa no vale como certificado europeo para las mascarillas", insiste Luca Bedoni, director de Servicios de ECM.
De hecho, esta empresa italiana ha incluido en su web un listado de fabricantes chinos que han usado ilegalmente su sello CE para introducir sus mascarillas en Europa. En ese listado figura uno de los proveedores de Sibucu: la mercantil china Dongguan Huagang Communication Technology, LTD.
Certificado de Compliance que figura en el expediente del contrato entre el Ayuntamiento de Madrid y la empresa malasia Leno, con el sello de la empresa italiana ECM. — Público
Preguntado por el certificado que consta en el contrato para el suministro de un millón de mascarillas FFP2 con la empresa Leno, en el que intermediaron los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño, el directivo de ECM asegura a Público que es falso. Es decir, que no se podía asegurar que las mascarillas fueran eficaces frente a la covid.
Alertas sanitarias
Sin embargo, en este caso la documentación falsificada no provocó una alerta sanitaria respecto a las mascarillas de Leno. El Ayuntamiento de Madrid no alertó de que los tapabocas por los que había pagado 6 euros la unidad no contaban con el aval de un laboratorio independiente europeo y, por lo tanto, no podía asegurarse su calidad.
Respecto a las mascarillas de Sibucu, tanto el Servicio Galego de Saúde (Sergas) como el Gobierno de Navarra, a donde habían llegado también, alertaron al Ministerio de Consumo, y éste a la Red de alerta rápida para productos no alimentarios (RAPEX) de la Unión Europea, sobre la ilegalidad del sello CE.
La Federación Europea de Seguridad (ESF, en sus siglas en inglés), una organización de proveedores de EPIS (Equipos de Protección Individual), alertó en la primera ola de la pandemia de la proliferación de fabricantes chinos que usaban certificados falsos para las mascarillas. "Esos 'certificados' no tienen valor legal y no puede utilizarse como conclusión de la evaluación de la conformidad. No está claro si estos documentos han sido realmente emitidos por las propias organizaciones mencionadas o si son falsos (tenemos la impresión de que se están presentando muchos documentos falsos como prueba de cumplimiento)", reza en su web, en un documento actualizado a fecha de 15 de marzo de 2021.
En el caso que están investigando tanto la F respecto al contrato de la Comunidad de Madrid con la empresa Priviet Sportive SL para el suministro de mascarillas, del que se lucró el hermano de la presidenta Ayuso, también aparece un certificado falso con el sello CE de Ente Certificazione Machine, según publicó El País.
TERCERO.- En poder del Sr Millán Calenti bajo la censura y ocultación obran como mínimo:
Documentos vinculados a Julio García Comesaña, Sr Alberto Fuentes Losada y Sr Rafael Álvaro Millán Calenti.
1.- Carpeta1.- Escrito y adjuntos anexos 1 al 4 con más de 60 registros telemáticos con denuncias y hechos presuntamente delictivos puestos en conocimiento de los denunciados instándoles a una vez comprobados fuesen remitidos a la mayor brevedad al Juzgado de Guardia, tras la censura, ocultación, negativa a darle proceso a los expedientes junto a los muchos de reiteración ante los denunciados mediante servicio telemático online en la www.sede.xunta.gal Solicitud-PR004A-20220423 con fecha 23/04/2022 con expresas advertencias de la obligación legal de trasladar al juzgado las denuncias puestas en su conocimiento reiteradamente y trasladar acuse de recibo, de lo que han hecho caso omiso a día de hoy. Cuya documental acreditan sin género a las dudas las acusaciones del art 404 y 408 del CP. Contiene documentos de los registros telemáticos con multitud de hechos y relatos fundados en sobrados indicios de corrupción institucional en la Xunta, todos bajo la censura, encubrimiento y ocultación;
05-04-2020 Solicitude-PR100A-20200405
23-12-2020 Solicitude-PX006A-20201223
20-03-2021 Xustificante-PR004A-20210320
20-03-2021 Xustificante-PX006A-20210815
21-03-2021 Solicitude-PX006A-20210321
05-04-2021 Solicitude-PX006A-20210405
03-08-2021 Solicitude-PR004A-20210803
03-08-2021 Justificante-PX006A-20210803
13-08-2021 Solicitude-PX006A-20210813
15-08-2021 Solicitude-PX006A-20210815
30-08-2021 Xustificante-PR100A-20210830
30-12-2021 Solicitud-PR004A-20211230
04-02-2022 Solicitude-PR100A-20220204
24-02-2022 Solicitude-PR100A-20220224
19-03-2022 Solicitude-PR004A-20220319
23-03-2022 Solicitude-PR004A-20220323
23-03-2022 Solicitude-PR004A-20220319
04-04-2022 Solicitude-PX006A-20220404
08-04-2022 Solicitud-PR004A-20220408
12-04-2022 Solicitud-PX006A-20220412
21-04-2022 Solicitud-PX004A-20220421
23-04-2022 Solicitud-PR004A-20220423
23-04-2022 Justificante-PR004A-20220423 (1)
23-04-2022 Justificante-PR004A-20220423-sanidad-sergas
Ya sí en un suma y sigue, Xustificante-PR004A-20210320, Solicitude-
PR004A-20210320, Justificante-PX006A-20210628, AMPLIACIONXustificante-
PX006A-20210321, Xustificante-PR004A-20210320, Justificante-
PX006A-20210803, Xustificante-PX006A-20210813 Presidencia, Xustificante-
PX006A-20210813-Asesoría Xurídica Xeral, Xustificante-PX006A-
20210813Secretaría Xeral Técnica Sanidad, Xustificante-PR004A-20210803,
Justificante-PX006A-20210803, Xustificante-PR100A-20220310, Xustificante-
PR100A-20210830, Justificante-PR004A-20220420, rectificadaerrata-
Justificante-PX004A-20220421, Justificante-PR100A-20210628.
Y así en un suma y sigue cuyas respuestas a día de hoy es el silencio administrativo, censura, ocultación, encubrimiento y colgarnos el teléfono, motivo por el que se hace necesaria esta denuncia ante el Conselleiro de Xustiza, para que la justicia les haga ver que la Ley esta para cumplirse no para su uso personal.
Sobre el fondo de esta denuncia cuyos documentos están en trámite y cuyos datos, indicios, censurados, ocultados, sin darle el trámite legal de que por derecho les corresponde enervan cualquier derecho de presunción de inocencia y dejan al descubierto el dolo, intencionalidad, encubrimiento y ocultación al Juzgado de Guardia de la multitud de documentos e indicios de presuntos delitos en su poder como se expone y deja al descubierto en el relato y documentos así:
ESTE PAQUETE DE DOCUMENTOS , SE RUEGA CONTACTE CON ESTE DENUNCIANTE AL OBJETO DE REMITIR LA TOTALIDAD DE LA DOCUMENTAL QUE SE RELATA ASI.
2.- Carpeta2.- / adjuntosdenunciapenal / contra Alberto Fuentes Losada por la negativa a entregar el historial clínico de Miguel Angel Delgado González y / AEPD / documentos y expedientes Agencia Española Protección de Datos bajo expediente por desobediencia de la Consellería de Sanidad-Sergas a la entrega del historial clínico a este denunciante.
3.- Carpeta3.- / Solicitud de información pública Xustificante-PR100A-
20210830 sobre resonancias magnéticas y sus actividades privadas sin respuesta a día de hoy. (sin judicializar)
4.- Carpeta4.- / Denuncia Ante Conselleiro Sanidad – 2021 sobre la
desobediencia del Sr Quintans Jefe Asesoría Xurídica de la Xunta y Rafel Álvaro Millán Calenti sin respuesta a día de hoy Xustificante-PR004A- 20210803 (sin judicializar)
5.- Carpeta5.- / Denuncia Ante Conselleiro Sanidad-2022 de la presunta trama de resonancias magnéticas y presuntos delitos de las entidades COSAGA, Scanner Orense SL entre otras cuyo conocimiento lleva más de un año en poder del Sr Rafael Álvaro Millan Calenti Xustificante-PR004A-20220323 sobre el que se niega a darle trámite, abrir expediente, certificado de acto presunto y negativa a remitir al juzgado los presuntos hechos delictivos a lo que se suma el Conselleiro de Sanidad, Sr Comesaña ahora denunciado según se acredita la documental en la carpeta de su referencia ( esta sin judicializar) “alconselleirodesandad denunciapenalcontraAlbertoFuenetsLosada- RafaelAlvaroMillanCalenti.pdf” y relato de hechos de presunta corurpción en su poder “ denunciapenal-conselleiro-sanidadmillan- calenti.pdf” junto a sus adjuntos. (sin judicializar)
6.- Carpeta6.- / Denuncia Ante Millan Calenti y Jefe Asesoría Xurídica de la Xunta Sr Sr D. Manuel Pillado Quintáns -por desobediencia publica. (sinjudicializar)
7.- Carpeta7.- / Solicitud de expediente fe-datado, certificación de acto
presunto, todo censurado y ocultado sin respuesta a día de hoy “ Xustificante-PR004A-20210320”, “AMPLIACION-Xustificante-PX006A-20210321”, “Solicitud-INFORME-EXP-Xustificante-PX006A-20210815”,AMPLIACIÓN_DENUNCIA-JUDICIAL-vinuclada-al-expediente-Xustificante-PX006A-20210815. (sin judicializar).
8.- Carpeta8.- / Diversa documental puesta en conocimiento de los
denunciados ocultada a día de hoy. (sin judicializar).
9.- Carpeta9.- / Documentos y borradores de denuncia trama de mascarillas falsificadas Xunta de Galicia ampliatoria Juzgado Penal 47 de Madrid, en este momento sin judicializar en poder de los denunciados (censurada y ocultada) NEGÁNDOSE A DARLE CURSO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL.
Sobrada información respaldada por los adjuntos sobre una trama de saqueo en el Sergas sin precedentes en la historia de Galicia y los escritos que le son propios ponen en este momento punto final a la espera ofrecida como último recurso al Sr Rafael Álvaro Millán Calenti que entre otras dice;
Que a la luz de LOS INNUMERABLES EXPEDIENTES, IGNORADOS, CENSURADOS, DESPRECIADOS, CON EL ÚNICO PROPÓSITO A JUICIO DE ESTA PARTE DE ENCUBRIR CORRUPCIONES EN EL SERGAS Y CONSELLERÍA DE SANIDAD DE LAS QUE NO HEMOS OBTENIDO RESPUESTA A DÍA DE HOY cuyas copias expedientes registrados en legal forma todos ellos bajo la Ignorancia deliberada, censura y encubrimiento y con sobrados indicios de PREVARICACIÓN CONTINUADA.
Que A LA LUZ DE NUEVOS DATOS SOBRE EL PRESUNTO REPARTO EN FORMA DE DINERO NEGRO EN LAS ENTIDADES COSAGA, SCANNER ORENSE SL DE LOS DINEROS ADJUDICADOS POR EL SERGAS mediante convenios y otras ayudas cuyo amplio relato ya consta en la documental y antes de remitir toda la documental al Juzgado de Guardia, solicitamos de Usted que una vez en su poder a la luz de su función pública como Autoridad y Letrado de la Consellería de Sanidad-Sergas encargado de velar por su legalidad le trasladamos según informaciones y declaraciones en nuestro poder entre otras que dice el interlocutor SR Dr. José García Juncal especialista en OTORRINOLARINGOLOGIA ejerciendo en COSAGA y socio de - Scanner Orense,. S.L. cuya ex-esposa también es socia de Scanner Orense SL y enfermera en el Sergas de la los que según su propia declaración recibían dinero en negro a través del ex-Director del BBVA SR Miguel Álvarez a repartir de lo recibido de las partidas del Sergas (se adjunta copia de la escritura como documento2.pdf (….María Elena Rubira Rollón, casada con José García Juncal (ATS) vecina de Ourense, sigue en el adjunto,...) junto a otros de lo que tiene amplia información en su poder.
En el relato de la solicitud al Sr Calenti se exponía que como quiera que, según sus declaraciones las entidades conveniadas con el Sergas a través de convenios entre otras, nos parece de suma gravedad que de conformarse los hechos SE ESTUVIESE REPARTIENDO EL DINERO RECIBIDO en negro defraudando a hacienda y al mismo Sergas y consellería de sanidad y A CADA SOCIO DE DICHAS ENTIDADES.
Como quiera que es su responsabilidad por la que cobra a final de mes el Sr Millán Calenti a través de su cargo, entre otras como la de servir de vocal en mesas de contratación para la privatización de la sanidad gallega cuyos resultados son el relato de este escrito, y entendiendo que como letrado de la Xunta a la luz de lo remitido no debería permitir ni encubrir este tipo de actividades tratando en los juzgados de Santiago que dice su abogado tener pleno control a través del marido de una magistrada Sr Montero Villar, el que siguiendo sus instrucciones pide a ese mismo juzgado que haga las diligencias oportunas para declararnos locos, cuando están ocultándonos el historial clínico bajo expediente sancionador al Sergas por la AEPD donde es ponente y se jacta de experto en historiales clínicos y protección de datos solo tenemos que aclarar y decir con el debido respeto, que no nos consideramos locos, simplemente desempeñamos nuestra labor periodística que no es otra que informar a nuestros lectores y socios de los sobrados indicios de corrupción en la Xunta de Galicia bajo su encubrimiento y colaboración necesaria.
En la misiva al Sr Calenti se le dejaba constancia que dada la gravedad de este escrito que se suma a los demás, si en el plazo de 5 días no obtenemos respuesta o acuse de recibo con el número de expediente en tramitación acudiremos a los juzgados de guardia denunciándolo a Usted y al Sr Quintans como máximo responsable de perseguir los presuntos delitos dentro de su propio departamento de prevaricación, censura, encubrimiento y los que surjan de la investigación. SIN RESPUESTA A DÍA DE HOY
A todo ello y queda mucho más al ser solamente la punta del Icerberg que se encuentra a la espalda del Sr letrado de Sanidad Sergas, Rafael Álvaro Millán Calenti que como única respuesta a su DESESPERACIÓN le pide al juzgado de Santiago que dice controlar, que un FORENSE revise para dar por loco a este servidor inmovilizándolo para denunciar, lo que ignora el Sr Calenti que este servidor preside una Asociación formada por más de 52 mil socios simpatizantes todos ellos dispuestos a presentar o denunciar lo que pretende ocultar el Sr Calenti.
Se adjunta solicitud al juzgado del funcionario público de la Xunta de Galicia en su debida diligencia de función pública Sr Calenti en sus relaciones con los administrados pidiendo un forense que valore al director de Xornal Galicia para intentar darlo por loco.
CUARTO.- Dice la prensa "Mar Sánchez es más que una jefa de prensa, que también. Cada vez que Feijóo da unas declaraciones, ahí está ella para grabarlo con su móvil y distribuirlo después entre los periodistas ( a los que les ha otorgado subvenciones y publicidad sin concurrencia pública desde la Xunta) . Mar Sánchez, por su parte, prefiere un trabajo más en la sombra. Va allá donde tenga que acudir Feijóo, pero es muy celosa de su intimidad, de su vida privada. No hace declaraciones públicas. Por eso se hace tan difícil escribir sobre ella.
“Se reúne con todos los directores de periódicos de Galicia, todos con los que el presidente no se puede ver”. Además, es la que reparte el pastel de la publicidad institucional, solamente a los que hablan bien de Feijóo
Preservada el 28 Feb. 2022 12:59:48 UTC en https://archive.is/dVOyK#selection-373.0-377.15.
“Se entiende a izquierda y derecha, por eso Feijóo puede salir en Salvados o ser entrevistado por Federico (Jiménez Losantos)”.
Desde su faceta de directora de comunicación del PPdeG y a la vez como Secretaria de Medios y siempre dentro del mismo horario laboral cuyo trabajo-actividad factura a la Xunta de Galicia, actúa claramente vulnerando la Ley de Incompatibilidades de función pública de la Xunta y como aparece ilustrado y Regulado en el artículo 439 CP, modificado por la LO 1/15, de 30 de marzo tipifica la participación de autoridad o funcionario público en negocios con abuso de su cargo, la conducta típica será por tanto a la de aprovecharse de la condición de autoridad o funcionario público para forzar o facilitar cualquier forma de participación, ya sea directa o indirecta, para obtener cualquier ventaja o beneficio, haciendo uso de la función pública, sin necesidad de que éste sea económico, pudiendo tratarse de cualquier compensación privada. (STS 1887/2002, de 13 de noviembre, STS 73/2001, de 19 de enero).
La actividad privada que desempeña la Secretaria de Medios es TAN DESCARADA, sin que asuma ninguna responsabilidad, ni realicen sus asesores jurídicos de la Xunta, ni el gabinete jurídico del Partido Popular las más elementales comprobaciones, sobre las actividades privadas en casos muy sospechosos de este y otros altos cargos del Gobierno de Feijóo.
Resulta especialmente preocupante el de Mar Sánchez Sierra que desde su condición de funcionaria, su actividad política del PP sea incompatible con la de Secretaria de Medios de la Xunta de Galicia entre muchos otros de sus cargos públicos, como lo es el pleno control de la CRTVG, según manifiesta el Ministro para las Administraciones Públicas, Jordi Sevilla pero ningún juzgado, decanato, audiencia o tribunal ha hecho nunca, que conozcamos, ni una sola gestión o comprobación de la compatibilidad de los funcionarios cargos de confianza de partidos políticos en la administración, y mucho menos el Consello de Contas de Galicia y su populosa Comisión Anticorrupción cuyo responsable el Sr Corgos (Conselleiro de Facenda) o el responsable Director xeral da Función Pública Sr José María Barreiro Díaz. Que dice su perfil en la web institucional, “licenciado en Dereito pola Universidade de Santiago de Compostela.. Que desde o ano 2009 exerce o cargo de Director xeral da Función Pública na Consellería de Facenda da Xunta de Galicia”, y soy testigo bien documentado del oscurantismo secretista, y también de los encubrimientos cómplices, de numerosas actuaciones incompatibles de funcionarios públicos, entre las que puedo destacar mis propias solicitudes por transparencia y denuncias por el resgitro telemático oficial nunca respondidas y bajo el desprecio más absoluto de su cumplimiento legal, denunciadas sobre actividades con los recursos públicos para el ámbito privado que bien constan en multitud de documentos en su poder y, ante su obstrucción, descaradamente de los incompatibles que opta por sacárselas de encima con un " por estar judicializado " o el más común de " por ser necesaria a re-elaboración xa que a documentación non existe se in-admite a solicitude" etc, mirando para otro lado de forma descarada forzando a la ciudadanía a presentar denuncias variadas
El hecho cierto es que son muy numerosos los funcionarios que están convencidos de que no precisan de autorización alguna para hacer actividades por fuera de sus cargos públicos y dentro de su horario laboral es el caso de Mar Sánchez Sierra, pero al mismo tiempo disimula, e incluso niega, sus actividades por la Ley de Transparencia de Galicia, sin que el responsable haga nada por ponerlo en conocimiento de jueces, fiscales o secretarios judiciales para evitar esas descaradas e inmorales incompatibilidades que, en muchas ocasiones, son fuente y oportunidad de corrupciones extremadamente graves y costosas para los intereses generales y la Administración, en su sentido más amplio, y lo hace mirando para otro lado dejando al descubierto sobrados indicios del art 408 del Código Penal sobre el que se siente impune..+
Los responsables son conocedores, al ser todos ellos letrados de la Xunta sobre la ( prevaricación dolosa y continuada) de que en los juzgados y tribunales disponen de acceso telemático al Punto Neutro Judicial mediante el cual, según se ha publicado, no sólo es posible, sino que es fácilmente sistematiza-ble la comprobación de la compatibilidad y la obtención de la vida laboral de todos y cada uno de los aqui denunciados, María del Mar Sánchez Sierra y los que surjan de las investigaciones, sin perjuicio de que esos listados, en sí mismos, no dejen de ser una publicidad desleal, engañosa e irresponsable, al menos, mientras los procedimientos de acceso y exclusión, y sus miembros, no sean publicados como es ya exigible por transparencia y eficacia, en Internet.
QUINTO.- Solo a modo de ejemplo de las actividades privadas y públicas en cuyo enjambre es difícil distinguir lo privado de lo público y lo público de lo privado a salvo de la publicidad institucional que financia ambas actividades de forma inmoral y con sobrados indicios de delito penal, así;
A.- La Directora de Comunicación del PPdeG es la actual Secretaria de Medios entre otros múltiples cargos públicos ( ver Preservada el día 24 Feb. 2022 07:37:08 UTC en https://archive.is/nK1CL Alberto Núñez Feijóo y la directora general de medios de la Xunta, Mar Sánchez Sierra, a su llegada a la sede de Génova / EFE Por Economía Digital Galicia 24 de febrero de 2022..
B.- PASO AL FRENTE. Feijóo, este martes en Pontevedra junto a la secretaria xeral de medios Mar Sánchez, reclamó ayer cambios dentro del PP y abrir una nueva etapa. Además afirmó que tomará decisiones. Foto: E.P.
Preservada el día 24 Feb. 2022 07:40:30 UTC en https://archive.is/kLwoj
C.- Alberto Núñez Feijóo a su llegada a la sede del PP. — Chema Moya / EFE MADRID24/02/2022 02:02
Preservada el día 24 Feb. 2022 07:44:42 UTC en https://archive.is/o4EeI
D.- Feijóo da dos millones de euros a la prensa a un mes de las elecciones. Preservada el día 24 Feb. 2022 07:46:52 UTC https://archive.is/7tSQy
E.- Feijóo y la secretaria de medios de la Xunta de Galicia, Mar Sánchez, ayer, en la avenida de Vigo de Pontevedra. // E.P.
Preservada el día 24 Feb. 2022 07:48:28 UTC en https://archive.is/TjPyP
F.- SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) Expectación en un PPdeG pendiente de Feijóo, que celebrará los 13 años de su victoria gallega el 1M en el foco nacional
Preservada el día 24 Feb. 2022 07:54:21 UTC en https://archive.is/hKfGL
G.- A CORUÑA 04/03/2022 22:49 por Juan Oliver; preservada el día 5 Mar. 2022 07:56:12 UTC https://archive.ph/C0Ulp " Ellos han logrado que el PP se confunda con la Xunta, la Xunta con Galicia y Galicia con Feijóo ", y sigue, "Mar Sánchez Sierra (A Coruña, 1969), licenciada en Periodismo, conoció a Feijóo a principios de los años noventa en la Consellería de Sanidade que dirigía José Manuel Romay Beccaría"..., afirmando que, "....,goza de más poder que la mayoría de conselleiros de la Xunta -el periodista Anxo Lugilde, uno de los mayores conocedores de las tripas del PPdeG, la califica como "la vicepresidenta en la sombra..+".
H.- Anxo Uxilde https://archive.is/pkSks
Anxo Uxilde retrata a la perfección quie es María del Mar Sánchez Sierra bajo el uso y abuso de poder desde sus cargos públicos para perseguir periodistas.
"La estrategia de Sánchez Sierra de asegurarse el favor de los medios de comunicación privados con ayudas millonarias y de controlar personalmente a los públicos.+ -según varios periodistas de la Televisión de Galicia, supervisa diariamente las escaletas de sus informativos de mayor audiencia..+-, ha conseguido que los escándalos nunca salpiquen a Feijóo ni a su entorno, y que la respuesta social a sus políticas apenas encuentre eco en el debate público en Galicia.
Anxo Uxilde retrata a la perfección el simil de "víbora.1*" que es María del Mar Sánchez Sierra bajo el uso y abuso de poder desde sus cargos públicos para perseguir periodistas.
Mar Sánchez Sierra entregaba persoalmente o papel " con as axudas públicas a dedo " nas viaxes a Latinoamérica "...( Foi nunha visita de Feijóo a México, despois dun acto no Centro Galego, ao presidente da entidade non se lle ocorre outra cousa que dar as grazas polo cheque de axudas da Deputación de Pontevedra, e quen levou o papel foi ela....)....(...-Quen é Mar Sánchez e por que ese odio e a lista negra? Ela dirixe a comunicación en Galicia igual que se dirixen os colexios reformatorios do Opus, igual...)...(Dicir que a maioría dos conselleiros lle teñen medo físico, pánico....)...( Aínda así, sei que para os Sánchez Izquierdo e os sicarios de Mar Sánchez non entenden que haxa xente cuxos principios non sexan os cartos.)...
Quen é Mar Sánchez Sierra.- ....(...O normal, o humano e o natural é o que fan as persoas coas que tés trato desde hai moitos anos e nace unha relación cordial. O anormal, inmoral e indecente é a persecución....)....
Fuente; https://archive.is/pkSks
I.- Feijóo se va de restaurantes de lujo en Madrid con María del Mar Sánchez Sierra mientras Casado ignora su visita... Ver video de lamoncloa.com en
J.- El líder gallego llegará a la sede de Génova 13 acompañado de su jefa de prensa, su asesora de mayor confianza que siempre ha estado a su lado. 28 febrero, 2022 por Carlos Frías Preservada el 28 Feb. 2022 12:59:48 UTC
https://archive.is/2022.02.28-125948/https://www.elespanol.com/
reportajes/20220228/mar-sanchez-sombra-nunez-feijoo-miente-
Como documento nº 4 se aporta correo Email con un comunicado enviado desde el gabinete de prensa que dirige Mar Sánchez Sierra del PP de Galicia ordenado que titulares y entradilla y párrafos que tienen que poner los medios que reciben subvenciones de la Xunta de Galicia . "Código fuente del mensaje "
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Como documento nº 5 se aporta captura web http://www.ppdegalicia.com/index.php/es/aviso-legal/item/66-organigrama en la que consta como;
Mar Sánchez Sierra
Coordinadora de Comunicación
Como documento nº 6 diversos dogas firmados por Mar Sánchez Sierra adjudicando subvenciones y convenios desde su cargo de Secretaria de Medios de la Xunta de Galicia con los medios de comunicación a los que dirige las misivas indicándoles como tienen que informar y que publicar sobre el PPdeG y su Presidente .
Como documento nº 7 la larga actividad de Mar Sánchez Sierra como cargo del Partido Popular de Galicia y sus actividades laborales en el mismo cruzadas y íntimamente ligadas a las de su función publica de fondos públicos en la Xunta de Galicia.
Como documento n.º 8 solicitud mediante la Ley de Transparencia de Galicia a la Secretaría de Medios de la Xunta de Galicia en la que se solicitaba asi:
PUNTO ÚNICO DE LA SOLICITUD:
Documentos públicos sobre las compatibilidades de María del Mar Sánchez Sierra en la Xunta de Galicia desde su cargo de Secretaría de Medios de la Xunta de Galicia.
Como documento n.º 9 Resolución de la Secretaría de Medios en la que responde con la declaración de compatibilidades del año 2017 “caducada o errónea” que en cualquier caso no constan las compatibilidades para ejercer en su horario laboral de la Secretaría de Medios las funciones de coordinadora de Comunicación del del Partido Popular de Galicia, ausentándose de su cargo público habitualmente desde el año 2013 realizando actividades de comunicación en el partido político y manteniendo reuniones con los adjudicatarios de las ayudas públicas a “dedo”
Como documento n.º 10 recurso ante la Valedora do Pobo Presidenta de la Comisión de Transparencia de Galicia por la negativa a entregar la información pública actualizada
Como documento n.º 11 Oficio de la Valedora do Pobo por el que notifica apertura de investigación sobre la reclamación presentada de las compatibilidades de María del Mar Sánchez Sierra.
K.- El nombrado Comite del Partido Popular a Nivel Nacional de fecha 03/04/2022 aparece como nombramiento N.º 12; Área de Proyección e Imagen: Mar Sánchez Sierra, se adjunta como documento12
CUARTO.- María del Mar Sánchez Sierra desde el año 2013 trabajó y trabaja para el partido mientras cobraba de la Xunta de Galicia y mientras disfrutaba de la prestación por bajas laborales, viajes a discreción etc.
Los responsables de esta situación, cargos nombrados directamente por Feijóo, tenían y tienen conocimiento de ello y
permitieron que la responsable de la Secretaría de Medios entre otros cargos públicos oficiales en la Xunta siguiera trabajando, ahorrándose presuntamente su salario en su totalidad y sin contratar a nadie para suplir su puesto en el PP de Galicia y ahora en el PP Nacional, pese a que la obligación de partido y declaración de compatibilidades en estos casos es informar a la Seguridad Social para tramitar el alta en las condiciones compatibles que legalmente le correspondiesen que evidentemente pasaban por la declaración de compatibilidades.
Bajo esta práctica el Partido Popular y la misma Coordinadora de Comunicación del PP de Galicia esta cometiendo una contratación en fraude tipificada en el artículo 307 el Código Penal al no informar a la Administración Pública de esta situación.
Un delito que está tipificado para el partido de seis meses a tres años de prisión según el artículo 307 ter, que establece que «quien obtenga, para sí o para otro, el disfrute de prestaciones del Sistema de la Seguridad Social, la prolongación indebida del mismo, o facilite a otros su obtención, por medio del error provocado mediante la simulación o tergiversación de hechos, o la ocultación consciente de hechos de los que tenía el deber de informar, causando con ello un perjuicio a la Administración Pública, será castigado con la pena de seis meses a tres años de prisión».
En el caso de Mar Sánchez Sierra, podría enfrentarse de uno a cinco años de prisión si la cuantía defraudada supera los 50.000 euros o de dos a seis años la cantidad excede 120.000 euros.
Mar Sánchez Sierra esta acogida al régimen de los altos cargos de las Administraciones Públicas con dedicación exclusiva se rigen por la Ley General de la Seguridad Social. La Ley 37/2006 dispuso que estos coticen a la Seguridad Social, como lo hace la gran mayoría de los trabajadores. Es por ello que oculta en su declaración de compatibilidades sus actividades laborales en el Partido Popular donde mantiene una amplia actividad ocultada a la administración que tendría que asumir de darse un accidente laboral bajo la actividad del partido político, además de las altas correspondientes en la Agencia Tributaria etc....
Según la Seguridad Social Seguridad Social
Con independencia de su condición individual (ya sea trabajador, pensionista, desempleado...), toda persona que sea designada para desempeñar funciones como miembro en la ejecutiva o de gobierno en un partido político, está especialmente protegida por el sistema de la Seguridad Social.
En cuanto al resto de prestaciones distintas de la asistencia sanitaria (prestaciones económicas, prestaciones recuperadoras y Servicios Sociales) serán puestas en conocimiento de la Seguridad Social y Ministerio de Trabajo.
De lo expuesto se desprende que María del Mar Sánchez Sierra viene realizando actividades prohibidas por la Ley de Compatibilidades, adjudicaciones de contratos públicos sin concurrencia pública “literalmente a dedo”, campañas de fondos europeos, dirigidas a obtener un resultado predeterminado a fin de usarlo posteriormente en reuniones con editores y periodistas para beneficiar al Partido Popular de Galicia en detrimento de la oposición política que no puede competir en igualdad de condiciones y que sirviera de excusa o coartada a fin de provocar el relevo del presidente NACIONAL DEL PP PABLO CASADO, usurpando su cargo en favor de ALBERTO NÚÑEZ FEIJÓO, como consta documentado en multitud de artículos periodísticos y diarios de noticias a nivel Internacional, Nacional y Autonómico en las que se desprende a la perfección el "·entramado" cuya financiación pudo haber sido montada con los pagos a modo de subvenciones desde la Xunta al PPdeG que dirige Mar Sánchez Sierra a la que las últimas noticias apuntan como adjudicataria de un cargo relevante en el PP Nacional tras la entrada de Feijóo como premio a su labor incompatible.
Dado que Mar Sánchez Sierra no declara las actividades de su cargo en el PPdeG ( Seguridad Social, Ingresos, gastos, que no constan en registro público alguno ni formula cuentas ni lleva contabilidad alguna ni expide facturas a la luz de su declaración de compatibilidades), se entiende que no solo son incompatibles sus actividades, si no que son totalmente opacas y se desarrollan sin control posible de las contraprestaciones que perciben por sus labores como Secretaria de Medios de la Xunta de Galicia cuyo jugoso sueldo sale del bolsillo de todos nosotros los ciudadanos/as.
QUINTO.- A la luz de los hechos el Sr Enrique González Murga Subdirector xeral de Réxime Xurídico de la Secretaría de Medios de la Xunta de Galicia como máximo responsable por substitución, segundo Acordo do 5 de novembro de 2018, do Vicepresidente e Conselleiro de Presidencia e Administracións Públicas de la Xunta de Galicia bajo el NÚMERO DE ENTRADA 2022/729104 DATA E HORA DA PRESENTACIÓN 19-03-2022 11:02 DESTINO SECRETARÍA XERAL DE MEDIOS a la atención del Sr Enrique González Murga Subdirector xeral de Réxime Xurídico de la Secretaría de Medios de la Xunta de Galicia por substitución, segundo Acordo do 5 de novembro de 2018, do Vicepresidente e Conselleiro de Presidencia e Administracións Públicas de la Xunta de Galicia. Para que a la luz de los hechos relatados y tras valorar los mismos remita a la Audiencia Nacional copia del borrador de la denuncia y la fundamentación que considere oportuna con la misma, de lo que trás el plazo legal concedido en derecho solo hay silencio administrativo.
Se adjunta como documento13
Con NÚMERO DE ENTRADA 2022/909959 DATA E HORA DA PRESENTACIÓN 04-04-2022 12:22 DESTINO Secretaría Xeral de Medios y tras una llamada telefónica a la Secretaria de Medios Número de teléfono 981545922(981545922) preguntando por el Sr Murga al objeto de interesarnos por el expediente, nos cuelgan el teléfono como ya es habitual y norma en esa Secretaría de Medios a estos denunciantes, por lo que le requerimos copia fedatada y certificación de acto presunto y explicaciones bajo una plazo de 48 horas al considerarlo suficiente al entender que no están interesados en dar curso a los procedimientos administrativos que tengan que ver con los presuntos delitos institucionalizados en esa institución donde percibimos como una OMERTA todo lo que tenga que ver o haga referencia a los indicios delictivos.
Se adjunta como documento14
SEXTO.- Los hechos descritos pueden ser constitutivos de varios ilícitos penales; en concreto un delito contra la Hacienda pública del art. 310.a del Código penal, así como un delito de falsificación de documentos privados de los arts. 395 y 396 del mismo código, un DELITO CONTINUADO DE PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA, previsto y penado en los artículos 404 y 408 del Código Penal, en concurso y en especial, por presunto ENCUBRIMIENTO según el artículo 451 y CENSURA PREVIA tipificada en el artículo 586 del Código Penal y contraria al Artículo 11 (Libertad de expresión y de información 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras) de la CARTA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UNIÓN EUROPEA (2000/C 364/01), sin perjuicio de que la investigación que se ponga en marcha con la presente denuncia afecte por éstos u otros presuntos delitos a todas las personas que pudieran resultar responsables de los hechos que se relatarán, .
Así como por cuantas faltas sancionables puedan cometer funcionarios públicos relacionados para favorecer a quien hace negocio censurando deberían tener muy presente esos artículos del Código Penal, así como el art. 95 j) del Estatuto Básico del Empleado Público que tipifica como falta muy grave “La prevalencia de la condición de empleado público para obtener un beneficio indebido para sí o para otro“ en sus actuaciones relacionadas con la censura de la información pública, etc.
Negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función.
Regulados en el Capítulo IX del Título XIX, "De las negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función", artículos 439 a 444 CP.
El sujeto activo solo puede ser autoridad o funcionario público, son delitos especiales propios, pero además ha de tener el deber de intervenir en el asunto en cuestión, creándose una relación de dependencia entre el sujeto activo y el sujeto pasivo.
En este caso la denunciada adjudica dinero público y recoge beneficios con posterioridad en su cargo o actividad privada del PPdeG.
Participación en negocios prohibidos con abuso del cargo
Regulado en el artículo 439 CP, modificado por la LO 1/15, de 30 de marzo tipifica la participación de autoridad o funcionario público en negocios con abuso de su cargo, la conducta típica será por tanto a la de aprovecharse de la condición de autoridad o funcionario público para forzar o facilitar cualquier forma de participación, ya sea directa o indirecta, para obtener cualquier ventaja o beneficio, haciendo uso de la función pública, sin necesidad de que éste sea económico, pudiendo tratarse de cualquier compensación privada. (STS 1887/2002, de 13 de noviembre, STS 73/2001, de 19 de enero). La conducta se vertebra alrededor de un incumplimiento de deberes de abstención por parte del funcionario, como exigencia del deber de imparcialidad que debe exigirse a la Administración y, por ende, a los funcionarios en su nombre.
Incompatibilidad de prestación de servicios públicos y privados
Se regula en el artículo 441 CP y tipifica la realización por parte de autoridades o funcionarios públicos de actividades incompatibles con la función pública, estableciendo como elemento normativo negativo, que se realice fuera de los casos admitidos por la Ley y Reglamentos, realizándose en paralelo con la función pública, cuando guarde relación con un asunto en el que deba intervenir o con trámites, informes o resoluciones, ya sea de manera permanente o accidental.
El tipo penal se limita al desempeño por parte del sujeto activo de una participación dual en la gestión de unos mismos intereses, interviniendo simultáneamente en el asesoramiento o la adopción de las decisiones de la Administración pública, así como actuando profesionalmente, o asesorando a personas físicas o jurídicas, que contratan con la Administración en esa misma materia (STS 673/2016, de 21 de julio).
María del Mar Sánchez Sierra adjudica dinero público como Secretaria de Medios de la Xunta y condiciona los beneficios y adjudicatarios a las informaciones que estos dan de su labor en el Partido Popular de Galicia, mientras que a los que disienten los persigue con querellas intentando meterlos en la cárcel como es nuestro caso.
Es un delito de mera actividad, y de peligro concreto, cuando guarde relación con un asunto en el que la autoridad o funcionario deba intervenir y de peligro abstracto cuando la guarde con trámites, informes o resoluciones.
El apartado 5º c) Prejudicialidad penal. Dice que la existencia de un procedimiento penal por alguno de estos delitos, no impedirá que la Administración competente exija el reintegro por vía administrativa de las subvenciones o ayudas indebidamente aplicadas. El importe que deba ser reintegrado se entenderá fijado provisionalmente por la Administración, y se ajustará después a lo que finalmente se resuelva en el proceso penal
Son presuntos autores de los referidos delitos María del Mar Sánchez Sierra desde su faceta de funcionaria pública (Secretaría de Medios de la Xunta de Galicia) y desde su cargo de Coordinadora de Comunicación del PP de Galicia.
Por lo expuesto,
SOLICITO A LA FISCALIA EUROPEA Y A LA AUDIENCIA NACIONAL FISCALÍA ANTICORRUOPCIÓN CON COPIA PARA LAS DILIGENCIAS QUE DIRIGE el magistrado, Ismael Moreno Chamarro titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional a instancia de la Fiscalía Anticorrupción, que por presentado este escrito junto con los documentos que lo acompañan, admita todo ello, teniendo por formulada denuncia en base a los hechos que se describen y contra las personas que aparecen como responsables de ellos, acordando por tanto dar curso la misma..
Fdo. Miguel Angel Delgado González
Por todo lo expuesto, ejercitando en nombre de mis representadas la acción , respetuosamente,
REITERO LA.............................
LA GRAN ESTAFA DE FAKE NEWS; 27 Oct 2020. (EUROPAPRESS) - Contas fiscalizará el gasto de fondos covid y la contratación sanitaria en la pandemia preservada en https://archive.ph/0m1S3
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