El régimen realiza cientos de detenciones indiscriminadas entre las casi 2.000 personas vulnerables a las que José Daniel dio servicios humanitarios en su comedor social en menos de un mes. En una violación flagrante de la libertad y derechos de reunión y asociación pacífica y con fines humanitarios, el régimen de Cuba ha realizado más de 350 detenciones (335 detenciones de personas vulnerables, 11 detenciones de colaboradores y 5 detenciones de activistas) tan sólo en las últimas 4 semanas para impedir la labor humanitaria de José Daniel Ferrer y su mujer, la doctora Nelva Ismarays Ortega Tamayo, que realizan con su comedor y centro médico social en Santiago de Cuba.
El 14 de enero, tras un acuerdo con el Vaticano, el régimen cubano anunció la “liberación gradual” mediante “beneficios” penitenciarios de “553 presos”. A fecha de 10 de marzo, el gobierno de Cuba dio por terminado el proceso. Sin embargo, ni uno sólo fue propiamente “liberado”. En efecto, 230 presos políticos fueron excarcelados bajo las draconianas condiciones de un régimen carcelario-domiciliar, manteniendo sus condenas intactas y bajo gravísimas situaciones de coarto de sus libertades fundamentales, de movimiento y, además, bajo trabajos forzosos muchos de ellos.
En 2016, Alberto Núñez Feijoo, entonces presidente de la Xunta de Galicia, afirmó durante un encuentro en La Habana con Raúl Castro que «Galicia puede ser la puerta de Europa para Cuba». Su declaración, centrada en fortalecer lazos económicos y culturales, se enmarcaba en un contexto de apertura tras el deshielo diplomático entre Cuba y Estados Unidos. Ocho años después, mientras el régimen cubano intensifica su represión contra la sociedad civil, organizaciones como Prisoners Defenders denuncian detenciones masivas, persecución a activistas y leyes que criminalizan la ayuda humanitaria. La pregunta ahora es: ¿puede Galicia, bajo la visión de Feijoo, seguir siendo un puente hacia Europa sin abordar las sistemáticas violaciones de derechos humanos en la isla?
En tan sólo dos meses, y desde el primer día que José Daniel Ferrer salió de prisión, el 16 de enero de 2025, la UNPACU ha distribuido 14.045 servicios de ayuda humanitaria (entre desayunos, comidas, cenas y atención médica) amás de 2.000 beneficiarios únicos distintos, alcanzando a un ritmo creciente de más de 400 personas diarias. Como respuesta, el régimen incomprensiblemente reprime y persigue esta actividad y, lo que es peor, el régimen amenaza y detiene a sus vulnerables beneficiarios.
La libertad de asociación, reunión y manifestación está proscrita por Ley en Cuba: Constitución, Código Penal, Ley de Asociaciones y múltiples normas legislativas conforman un entramado que imposibilita y persigue penalmente el más mínimo de estos derechos. En octubre y noviembre ha habido más de 200 detenciones por este motivo. De los 48 nuevos presos políticos desde octubre hasta la fecha, 34 (el 71%) pertenecen a población civil sin afiliación ni activismo político conocido. La lista de prisioneros políticos y de conciencia en Cuba ya supera los 1.153 casos. Desde el 1 de julio de 2021, más de 1.790 personas inocentes han sufrido la prisión política o de conciencia en la isla.
34 nuevos presos políticos este mes en nuestra lista que sólo son la punta del iceberg de la represión en Cuba. En los últimos 12 meses la lista de prisioneros políticos de Cuba sumó un total de 155 nuevos presos políticos (un promedio de 13 nuevos cada mes). En ese período estuvieron presentes en la lista un total de 1.213 prisioneros políticos, todos ellos torturados de forma escatológica sin que aún haya reacciones internacionales que lo impidan. Cuba ha totalizado 1.785 presos políticos presentes en sus cárceles desde el 1 de julio de 2021 hasta final del mes de noviembre pasado, en apenas 3 años y cinco meses. 650 de los actuales presos sufren patologías médicas causadas y/o agravadas fruto del maltrato.
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