Feijóo y Mar Sánchez celebrarán con publicidad la muerte de cientos de mayores bajo su tutela el 1 de octubre de 2021, 31 Edición “Día Internacional de las Personas de Edad”.

En la Comunidad de Madrid, el caos en las residencias públicas de mayores no es una consecuencia imprevista ni un efecto colateral de una crisis puntual: es el resultado directo de la inoperancia, el abandono deliberado y la irresponsabilidad política del gobierno de Isabel Díaz Ayuso, con el silencio cómplice de José Luis Martínez-Almeida.

Más de 900 puestos sin cubrir en las 25 residencias de mayores que dependen de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) no son un error administrativo: son la consecuencia de una nefasta gestión planificada, que ignora a sabiendas las reiteradas advertencias del principal sindicato del sector, CSIT Unión Profesional. Mientras los responsables políticos disfrutan de sus cómodos despachos, los centros sufren una sangrante escasez de profesionales sanitarios, administrativos y técnicos. En Villaviciosa de Odón, por ejemplo, solo tres auxiliares atienden a 223 residentes durante el turno de noche. ¿Cómo se permite semejante brutalidad institucional?

La situación es especialmente grave en puestos fundamentales como Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE), donde 270 plazas están vacantes, a lo que se suman 60 enfermeras, 10 médicos, fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales sin cubrir. Y aún así, la respuesta de los gestores designados por Ayuso es tan insultante como irresponsable: “hay que tener paciencia”.

Pero el escándalo no termina ahí. Desde el 1 de julio, se está contratando personal sin contrato en vigor, sin la formación adecuada ni titulación habilitante. Se han cubierto plazas de TCAE con 140 Técnicos Auxiliares del Área C —una categoría que no permite manipular grúas ni administrar medicación, funciones esenciales en la atención a personas dependientes. Esta medida, que bordea la negligencia criminal, pone en peligro tanto a los residentes como a los trabajadores cualificados, sobrecargados y abandonados por su administración.

No es nuevo el desprecio de Ayuso hacia los mayores y quienes los cuidan. Ya lo vimos en los protocolos de la vergüenza durante la pandemia, cuando se dejó morir sin atención hospitalaria a miles de ancianos. Hoy, ese desprecio se perpetúa en una red pública de residencias abocada al colapso por una política que prioriza la propaganda frente al servicio público. Almeida, por su parte, guarda un silencio cómplice desde el Ayuntamiento, mientras se proyecta como socio político de una gestión que convierte a Madrid en una comunidad para el privilegio, pero no para la dignidad.

La política del PP madrileño ha elegido castigar lo público y precarizar al personal que sostiene los servicios esenciales. La inacción no es casual: es ideológica. Destrozan la sanidad pública, recortan en educación, desprecian los servicios sociales, y ahora, condenan a nuestros mayores a una atención indigna, administrada por personas que, sin culpa alguna, carecen de la formación necesaria para ofrecerla.

Esta situación no se resuelve con paciencia, sino con voluntad política y responsabilidad institucional. Ayuso y Almeida deben asumir su culpa: cada día sin respuesta es un día más de sufrimiento para miles de personas dependientes y para los trabajadores que tratan de sostener un sistema que sus propios gobernantes están dejando caer.

¿Hasta cuándo se va a tolerar este modelo de gestión que desprecia la vida y la dignidad? ¿Cuántos escándalos más necesita Madrid para que la ciudadanía exija rendición de cuentas a quienes solo gobiernan para unos pocos y en contra de la mayoría?