Informaci贸n
Noticia destacada de Galicia

Mariano Rajoy gobierna TRAICIONANDO al Estado, la Constituci贸n Espa帽ola atentando contra las pensionistas, tercera edad y los derechos humanos incumpliendo el mandato pol铆tico de los ciudadanos.

Informaci贸n
Galicia 20 Marzo 2018 3829 votos
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

MARIANORAJOYTRAIDORDELACONSTITUCIONESPANOLAMariano Rajoy "nombrado persona NON GRATA en el pueblo que naci贸" y su Partido Pol铆tico son los mayores enemigos de la Constituci贸n espa帽ola art铆culo 50, la vulneran para desviar el patrimonio de los pensionistas al armamento y a la banca sumiendo a la sociedad en la mayor de las miserias humanas conocidas

La Constituci贸n espa帽ola de 1978. T铆tulo I. De los derechos y deberes fundamentales Cap铆tulo tercero. De los principios rectores de la pol铆tica social y econ贸mica

 

Los poderes p煤blicos garantizar谩n, mediante pensiones adecuadas y peri贸dicamente actualizadas, la suficiencia econ贸mica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promover谩n su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atender谩n sus problemas espec铆ficos de salud, vivienda, cultura y ocio.

http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=50&tipo=2

Los antecedentes de Derecho comparado que pueden acreditarse en relaci贸n con este art铆culo se encuentran en algunas, pocas, de las Constituciones europeas promulgadas despu茅s de la Segunda Guerra Mundial, entre las que pueden citarse la italiana de 1947 (art. 38) y el Pre谩mbulo de la Constituci贸n francesa de 1958 en el que, reproduciendo la f贸rmula utilizada en el Pre谩mbulo de la Constituci贸n de la IV Rep煤blica, se afirma el derecho de todo hombre que por su raz贸n de su edad se encuentre en la incapacidad de trabajar a obtener de la colectividad los medios convenientes para su existencia. Como en tantas ocasiones referidas a los derechos sociales, el dato m谩s inmediato est谩 en el art. 72 de la Constituci贸n portuguesa de 1976, seguida en este punto con bastante fidelidad por los constituyentes espa帽oles.

Son varios los textos internacionales que atienden a la problem谩tica de la protecci贸n social de la tercera edad; entre ellos son significativos la Carta Social Europea de 18 de octubre de 1961, el C贸digo Europeo de Seguridad Social (Estrasburgo, 16 de abril de 1964, ratificado por Espa帽a el 4 de febrero de 1994), as铆 como el Convenio n潞 128, de 29 de junio de 1967, de la Organizaci贸n Internacional del Trabajo relativo a las prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivientes.

El Defensor del Pueblo: Subir las pensiones el m铆nimo podr铆a ser ...

www.lavanguardia.com/
hace 19 horas - El Defensor del Pueblo: Subir las pensiones el m铆nimo podr铆a ser inconstitucional ... La nueva f贸rmula de revalorizaci贸n de las pensiones, que liga su actualizaci贸n a la evoluci贸n financiera de la Seguridad Social, volvi贸 a a ser en 2017 motivo de 鈥渘umerosas quejas鈥 de ciudadanos y asociaciones al ...

El Defensor del Pueblo alerta de que 'cuasi' congelar las pensiones ...

hace 18 horas - El Defensor del Pueblo rechaz贸 en su d铆a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la nueva f贸rmula de revalorizaci贸n de las pensiones al entender que fue una opci贸n del legislador, que debe quedarse en el debate pol铆tico y social, y tambi茅n porque ya fue recurrida por siete fuerzas pol铆ticas ...

Elevar las pensiones el m铆nimo podr铆a llegar a ser inconstitucional

https://www.segre.com/
hace 5 horas - Por otra parte, el Pleno del Congreso debatir谩 hoy una proposici贸n no de ley de Podemos que busca que la C谩mara Baja inste al Gobierno a convoca ...

El compromiso del Estado de prestar asistencia a los ancianos se encuentra en Espa帽a recogido en la Constituci贸n de 1931 (art. 43), y dentro de la normativa del r茅gimen de Franco ser谩n el Fuero de los Espa帽oles (art. 28) y el Fuero del Trabajo (declaraci贸n X.2) las normas encargadas de expresar la garant铆a estatal de asistencia en los casos de vejez, incrementando los seguros sociales de vejez preexistentes.

La redacci贸n que dio a este art铆culo la Ponencia del Congreso se mantuvo pr谩cticamente id茅ntica en los debates parlamentarios, en los que apenas fue objeto de discusi贸n.

Como todos los derechos agrupados en el Cap铆tulo III del T铆tulo I de la Constituci贸n con la denominaci贸n de principios rectores, el art. 50 pertenece a esa esfera un tanto ambigua de los derechos sociales cuya efectividad depende m谩s de la acci贸n efectiva de los poderes p煤blicos que del enunciado constitucional directo (art. 53.3 CE). En consecuencia, es su desarrollo normativo el que determina el alcance real del derecho, como afirmara en relaci贸n con el art. 50 el Tribunal Constitucional en la STC 189/1987, de 24 de noviembre.

Dentro del desarrollo normativo del art. 50 hay que destacar en primer lugar la ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoci贸n de la Autonom铆a Personal y Atenci贸n a las personas en situaci贸n de dependencia. Esta ley despliega sus efectos no s贸lo sobre el colectivo de personas mayores, sino tambi茅n fundamentalmente sobre el de discapacitados, y por tanto se configura como un desarrollo no s贸lo del art. 50 de la Constituci贸n, sino tambi茅n del 49, como se帽ala la ley en su Exposici贸n de motivos. La Ley establece un nivel m铆nimo de protecci贸n, definido y garantizado financieramente por la Administraci贸n General del Estado. Asimismo, como un segundo nivel de protecci贸n, la Ley contempla un r茅gimen de cooperaci贸n y financiaci贸n entre la Administraci贸n General del Estado y las Comunidades Aut贸nomas mediante convenios para el desarrollo y aplicaci贸n de las dem谩s prestaciones y servicios que se contemplan en la Ley. Finalmente, las Comunidades Aut贸nomas podr谩n desarrollar, si as铆 lo estiman oportuno, un tercer nivel adicional de protecci贸n a los ciudadanos.

El t铆tulo I configura el Sistema para la Autonom铆a y Atenci贸n a la Dependencia, y la colaboraci贸n y participaci贸n de todas las Administraciones P煤blicas en el ejercicio de sus competencias, a trav茅s de los diversos niveles de protecci贸n en que administrativamente se organizan las prestaciones y servicios. La necesaria cooperaci贸n entre Administraciones se concreta en la creaci贸n de un Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema, en el que podr谩n participar las Corporaciones Locales, y en la aprobaci贸n de un marco de cooperaci贸n interadministrativa a desarrollar mediante Convenios con cada una de las Comunidades Aut贸nomas. Asimismo, se regulan las prestaciones del Sistema y el Cat谩logo de servicios, los grados de dependencia, los criterios b谩sicos para su valoraci贸n, el procedimiento de reconocimiento de la situaci贸n de dependencia y del derecho a las prestaciones, as铆 como la financiaci贸n del Sistema y participaci贸n de los beneficiarios en el coste de las prestaciones.

El t铆tulo II regula las medidas para asegurar la calidad y la eficacia del Sistema, con elaboraci贸n de planes de calidad y sistemas de evaluaci贸n, y con especial atenci贸n a la formaci贸n y cualificaci贸n de profesionales y cuidadores. En este mismo t铆tulo se regula el sistema de informaci贸n de la dependencia, el Comit茅 Consultivo del sistema en el que participar谩n los agentes sociales y se dota del car谩cter de 贸rganos consultivos a los ya creados, Consejo Estatal de Personas Mayores y del Consejo Nacional de la Discapacidad y Consejo Estatal de Organizaciones no Gubernamentales de Acci贸n Social.

Por 煤ltimo, se regulan en el t铆tulo III las normas sobre infracciones y sanciones vinculadas a las condiciones b谩sicas de garant铆a de los derechos de los ciudadanos en situaci贸n de dependencia. Las disposiciones adicionales introducen los cambios necesarios en la normativa estatal que se derivan de la regulaci贸n de la Ley. As铆, se realizan referencias en materia de Seguridad Social de los cuidadores no profesionales, en la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas F铆sicas , en la normativa sobre discapacidad, gran invalidez y necesidad de ayuda de tercera persona, y se prev茅n las modificaciones necesarias para regular la cobertura privada de las situaciones de dependencia.

Por su parte, el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusi贸n social, proyecta su 谩mbito tuitivo tambi茅n sobre el colectivo de personas mayores en cuanto 茅stas puedan conceptuarse como discapacitadas seg煤n la definici贸n contenida en su art. 4.1. Tienen la consideraci贸n de personas con discapacidad, a todos los efectos, aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de minusval铆a igual o superior al 33 por 100. En todo caso, se considerar谩 que presentan una discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensi贸n de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y a los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensi贸n de jubilaci贸n o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad (art. 4.2). Para una exposici贸n m谩s amplia del contenido de esta ley, v茅ase el comentario al art. 49 de la Constituci贸n.

Debe asimismo mencionarse el importante esfuerzo tuitivo del colectivo de personas mayores operado por la Ley 1/2009, de 25 de marzo de reforma de la Ley de 8 de junio de 1957, sobre el Registro Civil, en materia de incapacitaciones, cargos tutelares y administradores de patrimonios protegidos, y de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, sobre protecci贸n patrimonial de las personas con discapacidad y de modificaci贸n del C贸digo Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la normativa tributaria con esta finalidad.

Entrando ya en las medidas de protecci贸n que podr铆an resultar m谩s destacables, el mandato de protecci贸n a la tercera edad que impone el art. 50 a los poderes p煤blicos se canaliza en una doble acci贸n: primera, la garant铆a de suficiencia econ贸mica; segunda, las prestaciones sociales derivadas de los problemas sectoriales espec铆ficos de las personas que integran el colectivo de la tercera edad.

En primer lugar, por lo que respecta a la suficiencia econ贸mica, se asienta en la garant铆a de las "pensiones adecuadas y peri贸dicamente actualizadas", lo que supone su articulaci贸n en torno a los reg铆menes de la Seguridad Social; a este respecto, el art. 147.1.17陋 CE establece la competencia del Estado en materia de legislaci贸n b谩sica y r茅gimen econ贸mico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecuci贸n de sus servicios por las Comunidades Aut贸nomas, por lo que la normativa fundamental en torno al sistema de pensiones ser谩 la dictada por el Estado.

Por tanto, la realizaci贸n del art. 50 pivota, en primer lugar, sobre el establecimiento de un sistema de pensiones para la tercera edad vinculado a la Seguridad Social.

El punto de partida normativo es la Ley General de la Seguridad Social, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

La Ley General de la Seguridad Social establece un doble r茅gimen de pensiones: las pensiones de jubilaci贸n en su modalidad contributiva (arts. 204 a 215) y las pensiones de jubilaci贸n no contributivas (arts. 369 a 372).

La prestaci贸n econ贸mica -o pensi贸n- por causa de jubilaci贸n, en su modalidad contributiva, se define en torno a un criterio profesional, ya que ser谩 beneficiario de la misma el que, alcanzada la edad establecida, cese o haya cesado en el trabajo por cuenta ajena.

Las exigencias para causar derecho a la pensi贸n (estar afiliado y en situaci贸n de alta en el r茅gimen correspondiente de la Seguridad Social, haber alcanzado la edad de jubilaci贸n y tener cubierto un per铆odo m铆nimo de cotizaci贸n de quince a帽os, de los cuales al menos 2 deber谩n estar comprendidos dentro de los 15 a帽os inmediatamente anteriores al momento de causar el derecho) ponen de relieve el car谩cter contributivo de estas pensiones, computadas sobre la equivalencia prestaci贸n- pensi贸n, es decir, cotizaci贸n- protecci贸n.

De hecho, la diferente cuant铆a de las pensiones en funci贸n del r茅gimen de la Seguridad Social aplicable, as铆 como las variaciones respecto de las valoraciones iniciales, ha sido objeto de algunos recursos ante el Tribunal Constitucional, que se ha pronunciado al respecto, entre otras, en la STC 100/ 1990, de 30 de mayo; en el FJ 5 de la misma afirma el Tribunal que del art. 50 no puede deducirse que la Constituci贸n obligue a que se mantengan todas y cada una de las pensiones en su cuant铆a prevista ya que el concepto de pensi贸n adecuada no puede considerarse aisladamente atendiendo a cada pensi贸n singular sino que debe tener en cuenta el sistema de pensiones en su conjunto, sin que pueda prescindirse de las circunstancias sociales y econ贸micas de cada momento y sin olvidar que se trata de administrar medios econ贸micos limitados para un gran n煤mero de necesidades econ贸micas (en el mismo sentido, la m谩s reciente STC 49/2015, de 5 de marzo).

La Ley General de la Seguridad Social establece en su art. 205.1.a)  la edad de jubilaci贸n, que fija en 67 a帽os -o 65 cuando se acrediten 38 a帽os y 6 meses de cotizaci贸n-, edad que debe ser considerada como un baremo b谩sico aunque facultativo ya que la jubilaci贸n puede anticiparse o atrasarse en determinadas circunstancias. As铆, los art铆culos 206 a 208 de la LGSS regulan los siguientes supuestos de jubilaci贸n anticipada:

-          por raz贸n de la actividad (art. 206.1); podr谩 rebajarse por real decreto la edad m铆nima de acceso a la pensi贸n de jubilaci贸n -en ning煤n caso antes de los 52 a帽os- en aquellos grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, t贸xica, peligrosa o insalubre y acusen elevados 铆ndices de morbilidad o mortalidad;

-          por raz贸n de discapacidad (art. 206.2), en un grado igual o superior al 65 por ciento, o tambi茅n en un grado de discapacidad igual o superior al 45 por ciento, cuando se trate de concretas discapacidades reglamentariamente determinadas;

-          por causa no imputable a la voluntad del trabajador (art. 207), que exige, entre otros requisitos, tener cumplida una edad que sea inferior en 4 a帽os, como m谩ximo, a la edad de jubilaci贸n prevista en el art. 205.1.a), acreditar un periodo m铆nimo de cotizaci贸n efectiva de 33 a帽os, y que el cese en el trabajo se haya producido como consecuencia de una situaci贸n de reestructuraci贸n empresarial que impida la continuidad de la relaci贸n laboral; y

-          jubilaci贸n anticipada por voluntad del interesado (art. 208), a la que podr谩n acceder quienes hayan cumplido una edad que sea inferior en 2 a帽os, como m谩ximo, a la edad de jubilaci贸n establecida en el art. 205.1.a), y acrediten un per铆odo m铆nimo de cotizaci贸n efectiva de 35 a帽os.

En los casos de acceso a la jubilaci贸n anticipada la pensi贸n ser谩 objeto de reducci贸n mediante la aplicaci贸n de los correspondientes coeficientes en funci贸n del per铆odo de cotizaci贸n efectiva acreditado.

Por su parte, el acceso a la jubilaci贸n parcial queda condicionado a la reducci贸n de la correspondiente jornada trabajo en un porcentaje que var铆a seg煤n la celebraci贸n simult谩nea o no de un contrato de relevo (art. 215).

Las pensiones de jubilaci贸n no contributivas est谩n tambi茅n integradas en el sistema de la Seguridad Social. Los art铆culos 369 a 372 de la Ley General de la Seguridad Social establecen este tipo de pensiones para las personas mayores de 65 a帽os que carezcan de rentas o ingresos suficientes, es decir, cuando 茅stos sean inferiores a la cuant铆a de las pensiones no contributivas de la Seguridad Social que se determinen en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado. Se requiere, adem谩s, que los beneficiarios residan legalmente en territorio espa帽ol y lo hayan hecho durante 10 a帽os entre la edad de 16 a帽os y la edad de devengo de la pensi贸n, de los cuales 2 deber谩n ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la solicitud de la prestaci贸n.

Este mismo sentido de atenci贸n a la suficiencia econ贸mica de la tercera edad tiene el Real Decreto 8/2008, de 11 de enero, por el que se regula la prestaci贸n por raz贸n de necesidad a favor de los espa帽oles residentes en el exterior y retornados, que desarrolla lo dispuesto en el art. 19 de la Ley 40/2006, de 14 de diciembre del Estatuto de la Ciudadan铆a Espa帽ola en el exterior, la cual se configura como el marco b谩sico para establecer, en cumplimiento de lo dispuesto en el art铆culo 42 de la Constituci贸n (v茅ase el comentario a este precepto), una pol铆tica integral de emigraci贸n y de retorno que salvaguarde los derechos econ贸micos y sociales de los ciudadanos espa帽oles que residen en el exterior y para facilitar la integraci贸n social y laboral de los retornados.

El cap铆tulo II del T铆tulo I de la Ley recoge derechos sociales y prestaciones, entre los que, adem谩s del derecho a la protecci贸n de la salud, se introduce la prestaci贸n por raz贸n de necesidad como un nuevo concepto que engloba la prestaci贸n econ贸mica por ancianidad, la prestaci贸n econ贸mica por incapacidad y la asistencia sanitaria. Seg煤n el art. 25 del citado Real Decreto el derecho a la pensi贸n asistencial por ancianidad para los retornados se reconocer谩 siempre que acrediten los requisitos exigidos en el art铆culo 369 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, para tener derecho a una pensi贸n de jubilaci贸n en su modalidad no contributiva del sistema espa帽ol de Seguridad Social, salvo el referido a los per铆odos de residencia en territorio espa帽ol. Por tanto, la garant铆a del m铆nimo de subsistencia para estos espa帽oles de origen residentes en el extranjero se articula como complementario y sobre el punto de referencia de las pensiones no contributivas establecidas anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

La actualizaci贸n peri贸dica -incremento- de las pensiones que impone el art. 50 de la Constituci贸n, se realiza al comienzo de cada a帽o en funci贸n del 铆ndice de revalorizaci贸n previsto en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado, el cual se determina seg煤n la f贸rmula matem谩tica recogida en el art. 58.2 de la Ley General de la Seguridad Social para las pensiones contributivas. Las pensiones no contributivas se actualizan, al menos, en el mismo porcentaje que la Ley de Presupuestos establezca como incremento general de las pensiones contributivas.

En relaci贸n con el r茅gimen de actualizaci贸n de las pensiones el Tribunal Constitucional niega su consideraci贸n como derecho adquirido sobre la base de que el elemento fundamental que determina el sistema de pensiones es su consideraci贸n de "adecuada", en la medida en que cubran las situaciones de necesidad, sin que se pueda deducir del art. 50 CE la obligaci贸n constitucional de mantener todas y cada una de las pensiones iniciales en su cuant铆a prevista, ni que todas y cada una de las ya causadas tengan que incrementar un porcentaje anual, siempre que puedan considerarse suficientes (SSTC 134/ 1987, de 21 de julio, 100/ 1990, de 30 de mayo y 49/2015, de 5 de marzo).

Finalmente, cabe hacer menci贸n a un r茅gimen espec铆fico de pensiones integrado en la Seguridad Social, formalmente extinto, aunque aplicable con car谩cter residual en la medida en que haya personas que puedan ser titulares del derecho a las mismas: el antiguo Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI). Se cre贸 por la Ley de 1 de septiembre de 1939, la cual sustituy贸 el r茅gimen de capitalizaci贸n en el retiro obrero por el de pensi贸n fija, creada en concepto de subsidio de vejez, como f贸rmula de incremento del seguro de vejez que asegurase un retiro suficiente. Esta Ley fue desarrollada por la Orden de 2 de febrero de 1940, que ampli贸 el subsidio al supuesto de invalidez absoluta para el trabajo, siendo el Decreto de 18 de abril de 1947 el que cre贸 la Caja Nacional del Seguro de Vejez e Invalidez y prepar贸 un sistema de protecci贸n para este 煤ltimo riesgo; en este sentido, son de inter茅s la Orden de 18 de junio de 1947 y el Decreto ley de 2 de septiembre de 1955.

La incidencia de la Ley de la Seguridad Social de 21 de abril de 1966 en el Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez supuso la aprobaci贸n del Decreto 1564/ 1967, de 6 de julio, que regulaba las situaciones derivadas de la extinci贸n del citado Seguro.

La  Ley General de la Seguridad Social de 1974 culmina el proceso y reconoce, en la Disposici贸n transitoria segunda, el derecho a causar prestaciones del SOVI, con arreglo a las condiciones exigidas en la extinta legislaci贸n del mismo y siempre que los interesados no tuviesen derecho a ninguna otra pensi贸n a cargo de los reg铆menes que integraban el sistema de la Seguridad Social (situaci贸n transitoria  que se aclara en la Circular 66/ 1982, de 22 de junio; en el mismo sentido de apreciar la incompatibilidad de las pensiones del SOVI y las del r茅gimen general de la Seguridad Social se pronuncia el Tribunal Constitucional en su STC 121/1984, de 12 de diciembre, FJ 2). En este 谩mbito, no obstante, se ha producido un overruling de la doctrina del Alto Tribunal, por efecto de la Ley 9/2005, de 6 de junio, para compatibilizar las pensiones del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) con las pensiones de viudedad del sistema de la Seguridad Social. Tambi茅n es destacable la Sentencia 142/1990, de 20 de septiembre por la que se reconoce la inconstitucionalidad del mencionado decreto de 1955 en cuanto excluye a los viudos (pues el Decreto s贸lo proteg铆a a las viudas).

Finalmente, es necesario mencionar, en materia de prestaciones econ贸micas, la importante incidencia del Pacto de Toledo en esta materia. Para una exposici贸n pormenorizada, puede consultarse el comentario al art. 41 de la Constituci贸n.  Baste aqu铆, en relaci贸n con el tema objeto de la presente exposici贸n, recordar que en la IX Legislatura la Comisi贸n no permanente de seguimiento y evaluaci贸n de los acuerdos del Pacto de Toledo aprob贸 el, el 29 de diciembre de 2010, el Informe de Evaluaci贸n y Reforma del Pacto de Toledo, que fue sometido al Pleno del Congreso de los Diputados y asimismo aprobado el 25 de enero de 2011.

Interesa destacar del citado Informe las siguientes recomendaciones:

-Recomendaci贸n n.潞 2 relativa al mantenimiento del poder adquisitivo y mejora de las pensiones

"La Comisi贸n (...) defiende el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas, su garant铆a por Ley y su preservaci贸n mediante la adopci贸n de medidas encaminadas a asegurar el equilibrio financiero del sistema de pensiones en el futuro." Considera, adem谩s, que  la sostenibilidad del sistema exige que s贸lo se financien con cargo a los recursos de la Seguridad Social los gastos correspondientes al estricto mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, y que toda subida por encima del IPC (o del 铆ndice que, en su caso, pudiere adoptarse) sea sufragada con cargo a otros recursos financieros." Tambi茅n se apunta la conveniencia de "estudiar (para su posterior an谩lisis y valoraci贸n por la Comisi贸n) la posibilidad de utilizar otros 铆ndices de revalorizaci贸n basados, entre otros, en el crecimiento de los salarios, la evoluci贸n de la econom铆a o el comportamiento de las cotizaciones a la Seguridad Social, siendo recomendable que se tengan en cuenta los efectos que dichos 铆ndices han tenido sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones en los pa铆ses de nuestro entorno."

-Recomendaci贸n n.潞 12 relativa a la edad de jubilaci贸n

"La Comisi贸n considera la prolongaci贸n de la vida laboral de los ciudadanos como un objetivo necesario y deseable; en este sentido, dado que el objetivo que se persigue es el de aumentar la edad real en la que los trabajadores abandonan el mercado de trabajo y teniendo en cuenta la evoluci贸n de la expectativa de vida despu茅s de los 65 a帽os, la Comisi贸n estima que es amplio el conjunto de medidas que se podr铆an adoptar para incrementar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones.

La Comisi贸n entiende que es oportuna la modificaci贸n del r茅gimen jur铆dico de la jubilaci贸n para conceder mayor relevancia a la carrera de cotizaci贸n del trabajador, en orden a delimitar la cuant铆a de su pensi贸n, favoreciendo as铆 la aproximaci贸n de la edad real a la edad legal de acceso a ella. (...)

La Comisi贸n sostiene que es necesario incentivar la prolongaci贸n voluntaria de la vida laboral m谩s all谩 de la edad ordinaria de jubilaci贸n. A tal efecto, ser铆a necesaria la adaptaci贸n y mejora de cuantos incentivos sociales, fiscales y laborales sean posibles para fomentar la permanencia de los trabajadores en activo (...)."

En la XI Legislatura el Gobierno remiti贸 al Congreso de los Diputados el Informe sobre el desarrollo del Pacto de Toledo 2011-2015 indicando el grado de cumplimiento de las diferentes recomendaciones recogidas en el citado Informe de Evaluaci贸n y Reforma del Pacto de Toledo aprobado por el Pleno del Congreso el 25 de enero de 2011, describiendo los avances alcanzados respecto de la sostenibilidad y la adecuaci贸n de las prestaciones, los avances en la lucha contra el fraude y los avances en la gesti贸n tanto en la vertiente de los ingresos como en la de los gastos y en la informaci贸n al ciudadano.

Inclu铆a dicho informe un apartado relativo al sistema de pensiones en el marco de la UE, que contemplaba las Recomendaciones formuladas por la Comisi贸n de la UE respecto de nuestro sistema de pensiones y la respuesta dada por Espa帽a. A su vez, efectuaba un an谩lisis comparativo de la situaci贸n del sistema de pensiones en Espa帽a en relaci贸n con el resto de pa铆ses de la UE. Tambi茅n es de destacar la recopilaci贸n de todas las disposiciones dictadas en el per铆odo de referencia en materia de Seguridad Social.

En la actual Legislatura -XII- la Comisi贸n permanente de Seguimiento y Evaluaci贸n de los Acuerdos Pacto de Toledo se encuentra debatiendo unas nuevas recomendaciones que se espera sean aprobadas en los pr贸ximos meses.

En otro orden de cuestiones, como se indicaba en esta exposici贸n, debe abordarse la acci贸n tuitiva de las Administraciones P煤blicas en materia de asistencia social. En este 谩mbito hay que tener en cuenta la convergencia de las competencias del Estado derivadas de la acci贸n asistencial de la propia Seguridad Social, con las de las Comunidades Aut贸nomas, que ocupan un papel central en tanto en cuanto han asumido en sus respectivos Estatutos la competencia exclusiva sobre asistencia social ex art. 148.1.20陋 CE, as铆 como las competencias municipales, desde el momento en que, al menos, buena parte de la gesti贸n y ejecuci贸n de los servicios respectivos corresponde a los Ayuntamientos (art. 25.2.k de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del R茅gimen Local, que establece la prestaci贸n de servicios sociales como un servicio obligatorio de los municipios).

Vinculados a las personas incluidas en el r茅gimen de la Seguridad Social, la Ley General de la Seguridad establece que aqu茅lla extender谩 su acci贸n a las prestaciones de servicios sociales de asistencia a las personas mayores (arts 42.1.e y 63). Esta acci贸n social estatal se complementa con la desarrollada por las Comunidades Aut贸nomas y con las que corresponden, en el 谩mbito de su autonom铆a, a las Corporaciones locales. Por eso nos encontramos con una normativa confluyente en relaci贸n con la pluralidad de servicios sociales dependientes de las distintas Administraciones P煤blicas: rehabilitaci贸n, reeducaci贸n, residencias, centros de la tercera edad, termalismo, servicios de atenci贸n integral domiciliaria, hospitales de d铆a geri谩tricos, programas de teleasistencia, sistemas de telealarma domiciliaria, medidas de acondicionamiento de las viviendas a las circunstancias de las personas mayores, etc. Existe pues, en este 谩mbito, una extensa normativa que es materialmente imposible citar en esta p谩gina. Por lo que respecta al 谩mbito de la Administraci贸n General del Estado, v茅ase el Real Decreto 397/ 1996, de 1 de marzo, Registro de Prestaciones Sociales P煤blicas, modificado por Real Decreto-ley 23/2012, de 24 de agosto y por Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre.

Asimismo, cabe mencionar el Cat谩logo de servicios del Sistema para la Autonom铆a y Atenci贸n a la Dependencia, regulado en el art. 15 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, que incluye, entre otros, el servicio de Centro de D铆a y de Noche para mayores y el Servicio de Atenci贸n Residencial de personas mayores en situaci贸n de dependencia. Los servicios del Cat谩logo se prestan a trav茅s de la oferta p煤blica de la Red de Servicios Sociales por las respectivas Comunidades Aut贸nomas mediante centros y servicios p煤blicos o privados concertados debidamente acreditados.

Conforme a lo dispuesto en la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesi贸n y calidad del Sistema Nacional de Salud, la asistencia sanitaria se garantiza, con cargo a fondos p煤blicos y a trav茅s del Sistema Nacional de Salud, a los pensionistas del Sistema de la Seguridad Social. Tambi茅n ostentar谩n la condici贸n de asegurado quienes acrediten que no superan el l铆mite de ingresos determinado reglamentariamente. Las atenciones y servicios espec铆ficos de la tercera edad se incluyen en la atenci贸n primaria, nivel b谩sico e inicial de atenci贸n.

Desde una perspectiva org谩nica, junto a los organismos espec铆ficos de gesti贸n existentes en las Administraciones auton贸micas y locales, el organismo de gesti贸n estatal b谩sico es el IMSERSO. El Real Decreto ley 36/1978, de 16 de noviembre, cre贸 el Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO) como entidad gestora de la Seguridad Social a nivel nacional con la finalidad de dirigir su acci贸n a las personas mayores, personas con discapacidad y solicitantes de asilo. El INSERSO sufrir谩 los cambios que se derivan del proceso de transferencias a las Comunidades Aut贸nomas que culmina pr谩cticamente en 1998 cuando todas asumen las competencias que les corresponden en estos 谩mbitos asistenciales. La estructura actual del Instituto se rige por el Real Decreto 1226/2005, de 13 de octubre, por el que se establece la estructura org谩nica y funciones del Instituto de Mayores y Servicios Sociales. Tras su adscripci贸n a diversos departamentos (Trabajo y Asuntos sociales, Educaci贸n, Pol铆tica Social y Deporte), actualmente el IMSERSO toma el nombre de Instituto de Mayores y Servicios Sociales y queda adscrito, por el art. 2.6 del Real Decreto 485/2017, de 12 de mayo, al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. El IMSERSO se configura como una entidad gestora de la Seguridad Social como entidad de Derecho p煤blico y cuyos fines b谩sicos son la gesti贸n de las pensiones no contributivas de invalidez y jubilaci贸n, as铆 como la de los servicios complementarios de las prestaciones del sistema de Seguridad Social para las personas mayores y personas con discapacidad

Por 煤ltimo, en el 谩mbito de la Uni贸n Europea, pueden encontrarse referencias relativas a las personas mayores en la Carta Comunitaria de los Derechos sociales fundamentales de los trabajadores, que reconoce el derecho a las pensiones de jubilaci贸n correspondientes, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Uni贸n Europea, que proclama el derecho de las personas mayores a llevar una vida digna e independiente y a participar en la vida social y cultural, as铆 como, de manera indirecta, en el T铆tulo X del Tratado de Funcionamiento de la Uni贸n Europea, que establece la acci贸n comunitaria en relaci贸n con las pol铆ticas sociales. 

En cuando al Derecho derivado, cabe mencionar los Reglamentos relativos a la coordinaci贸n de los Sistemas de Seguridad Social de los Estados miembros, Reglamentos (CE) 883/2004 y 987/2009, as铆 como el Reglamento (CEE) n掳 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicaci贸n de los reg铆menes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena y a sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad.

Es destacable tambi茅n en este 谩mbito la Comunicaci贸n de la Comisi贸n al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comit茅 Econ贸mico y Social Europeo y al Comit茅 de las Regiones de 29 de abril de 2009 - Abordar los efectos del envejecimiento de la poblaci贸n de la UE (Informe de 2009 sobre el envejecimiento demogr谩fico) [COM(2009) 180 final].

Se puede consultar, adem谩s, la amplia bibliograf铆a existente en relaci贸n con el contenido del art铆culo. 

Sinopsis realizada por:

Asunci贸n Garc铆a Mart铆nez. Profesora Titular. Universidad Complutense. Diciembre 2003.

Actualizada por Sara Sieira. Letrada de las Cortes Generales. 2011

Actualizada por Alejandro Rastrollo. Letrado de las Cortes Generales. Diciembre 2017.

El Defensor del Pueblo: Subir las pensiones el m铆nimo podr铆a ser inconstitucional
La Vanguardia

 


La Magistrada del Juzgado N潞 1 de Santiago Ana L贸pez-Suevos Fraguela emite Auto de Procesamiento contra Miguel Delgado para darle proceso a la Querella de Mar S谩nchez Sierra..."que exige 50.000 euros, y borrar toda la informaci贸n p煤blica del PPdeG su nombre y cargos p煤blicos.."  y de postre METERLO EN LA C脕RCEL UN M脥NIMO DE CUATRO A脩OS Y MEDIO (+) por que...

Xornal Galicia esta libre de periodistas "mermeleros"..nos negamos a recibir fondos p煤blicos a dedo y sin concurrencia p煤blica "...(+)- Convenios...(+)  - Diario.es(+) - Xunta.(+) - XornalGalicia.(+) - Google...(+)  - Tercera...(+)  - P煤blico.es(+)Cuac FM(+)  
Todas las querellas y denuncias contra Miguel Delgado y Pladesemapesga van encaminadas a que se borre la informaci贸n veraz, constratada y documentada del Partido Popular de Galicia...SOS Internacional.+ 
Seg煤n Javier Marzal Mercader  los funcionarios p煤blicos han creado un nuevo negocio que consiste en recibir indemnizaciones por denunciar que han sido injuriados (insultados) o calumniados (acusados de haber cometido un delito a sabiendas de su falsedad) ver art铆culo completo..(+).

ARDICES DOCUMENTALES DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA QUE PROPEREN LAS QUERELLAS CRIMINALES CONTRA MIGUEL DELGADO antecedentes y hechos literales documentados en resoluciones oficiales de la Xunta de Galicia

La notoriedad y el 芦negocio禄 de las querellas - ABC.es

La Sala Segunda del Supremo no se cansa se aclarar que no se puede basar una querella en recortes de prensa, un aldabonazo que ha recibido m谩s de una vez la acusaci贸n popular por excelencia:

Finales del a帽o 2017,-   Lo   Publicado por Xornal Galicia con los pdf descargables a finales del a帽o 2017 meses antes de la "trama administrativa orquestada para que prosperara la querella criminal en manos de la Magistrada del Juzgado N潞 1 de Santiago de Compostela Ana L贸pez-Suevos Fraguela ..   

15 de Marzo de 2018.- El d铆a 15 de Marzo de 2018 Miguel Delgado presenta escrito de informaci贸n p煤blica PR-100A que es respondido por el 22 de Marzo de 2018 Secretario xeral T茅cnico de Sanidad-Sergas Sr Alberto Fuentes Losada el dia 22 de Marzo de 2018 suspendiendo el plazo para notificar al Sr Rafael 脕lvaro Millan Calenti. Copia descargable. 

23 del Marzo de 2018 .- Justo un d铆a despu茅s de estas fechas el Sr Rafael 脕lvaro Millan Calenti presenta querella criminal contra Miguel delgado, sum谩ndose asi a su excompa帽era de trabajo Sra Mar Sierra en SanidadCopia descargable. 

2 de Abril de 2018.-  se emite certificaci贸n de ACTO PRESUNTO del silencio administrativo producido.Copia descargable. 

18 del Mayo de 2018.-  El Secretario Xeral T茅cnico emite resolucion informando de las subvenciones p煤blicas que recibe el Sr calenti desde la Xunta a la UDC donde es profesor asociado a la UDC que dice ;Copia descargable. 

Expediente AGRUP 2015/15 CICA-INIBIC, onde Jos茅 Carlos Mill谩n Calenti 茅 coordinador dun dos 22 grupos que compo帽en a agrupaci贸n,importe total concedido a agrupaci贸n 500.000 鈧 (en tres anualidades: 100.000 鈧 no ano 2015, 250.000 no ano 2016 e 150.000 no ano 2017) Copia descargable. 

...., en relaci贸n c贸 expediente GPC 2014/082 no que figura como coordinador do grupo Jos茅 Carlos Mill谩n Calenti, importe total concedido 70.000 鈧 (en tres anualidades: 17.500 鈧 no ano 2014 e 2016 e de 35.000 鈧 no 2015) (DOG n煤m. 202, 24.11.2017), en relaci贸n co expediente grupo referencia competitiva ED431C 2017/49 no que figura como coordinador do grupo Jos茅 Carlos Mill谩n Calenti, importe total concedido 200.000 鈧 (en catro anualidades, do 2017 ao 2020, por importe cada unha delas de 50.000 鈧).Copia descargable. 

22 de Mayo 2018 ,- es admitida a tr谩mite la querella criminal La Magistrada del Juzgado N潞 1 de Santiago de Compostela Ana L贸pez-Suevos Fraguela contra Miguel delgado.- Copia descargable. 

03 de Agosto de 2018.-  curiosamente sin que nadie lo pidiese NI SOLICITASE y admitida la querella criminal por los datos certificados por el mismo , Secretario de Universidades Sr Jos茅 Alberto D铆ez de Castro emite un nuevo certificado, desdiciendose de los anteriores en base a un supuesto error, afirmando que el Sr Mill谩n Calenti no recibi贸 ninguna subvenci贸n p煤blica ni pertenece a ning煤n equipo de investigaci贸nCopia descargable. 

Solicitada petici贸n expresa de que notificara al juzgado el "presunto error" se ha negado a d铆a de hoy ( para no "fastidiarle el tr谩mite de la querella criminal al Sr Rafael 脕lvaro Mill谩n Calenti ), con lo que la querella sigue en curso procesal. Copia descargable.

Ver 煤ltimas amenzas de m谩s querellas criminales contra Miguel Delgado. Se suma Jes煤s Palmou y Enrique Losada Puerto Coru帽a..(+)

Adjuntos:
ArchivoDescripci贸nTama帽o
Descargar este archivo (35 - Auto de Apertura J. Oral - 26-06-19.PDF)35 - Auto de Apertura J. Oral - 26-06-19.PDF   168 kB
Descargar este archivo (36 - Emplaza a Delgado para comparecer con nuevo abogado o turno - 04-07-19.PDF)36 - Emplaza a Delgado para comparecer con nuevo abogado o turno - 04-07-19.PDF   153 kB
Descargar este archivo (actoconciliacionprevioquerellajesuspalmou.pdf)actoconciliacionprevioquerellajesuspalmou.pdf   186 kB
Descargar este archivo (burofax-amenazadequerella-EnriqueLosada-PresidentePuertodeAcoruna.pdf)burofax-amenazadequerella-EnriqueLosada-PresidentePuertodeAcoruna.pdf   221 kB

 El Periodista Miguel Delgado pone en conocimiento de las Principales Organizaciones Internacionales de defensa de los periodistas los ataques contra su persona por Instituciones de Galicia por ejercer la libertad de Prensa.

Arrincar铆a esta ma帽谩 a primeira das d煤as xornadas correspondente 贸 Campionato de Galicia AbsolutoArrincar铆a esta ma帽谩..

O vindeiro s谩bado, 20 de xullo, no marco do Calendario Galego de Augas Abertas, vaise a celebrar no entorno..

Otros articulos relacionados.....

Que te帽en preguiza. Nunca quixeron traballar:  Denuncia; Env铆anos los datos a holgazan@acci贸nytransparenciapublica.com     mais sobre preguiza..+