El Servicio de Consumo de la Xunta de Galicia ha condenado a la operadora de telecomunicaciones Mundo R por una serie de malas prácticas que han perjudicado a sus clientes. La resolución se basa en una reclamación presentada por un consumidor que denunció irregularidades en su contrato y facturación, así como la imposición de cargos injustificados.

El caso denunciado

Miguel Ángel Delgado González, cliente de Mundo R durante varios años, decidió cambiar de operadora debido a diversas incidencias en el servicio. No obstante, antes de completar la migración, fue contactado por el departamento de bajas y fidelización de la empresa, que le ofreció un contrato con un precio reducido de 28 euros mensuales y la entrega de un teléfono Xiaomi por 1 euro adicional al mes.

A pesar de este acuerdo verbal, la empresa comenzó a cobrarle 50 euros al mes, una cantidad muy superior a la pactada. Al intentar contactar con el servicio de atención al cliente para solucionar el problema, se encontró con largas esperas y dificultades para obtener una respuesta clara, mientras que el número de contratación de nuevos clientes atendía de inmediato.

La decisión del arbitraje de consumo

Tras la reclamación del cliente, la Xunta de Galicia, a través de su Servicio de Consumo, admitió a trámite el caso y dictaminó en favor del usuario. El laudo arbitral estableció que:

1. Mundo R debe cancelar cualquier posible deuda del reclamante, ya que no justificó la existencia de una relación contractual válida con él.
2. La empresa debe resolver definitivamente el contrato del afectado sin cargos adicionales.
3. Mundo R debe excluir los datos personales del usuario de sus archivos y de cualquier registro de solvencia patrimonial.

El laudo, emitido el 21 de marzo de 2024, tiene carácter vinculante y ejecutivo, lo que obliga a la operadora a cumplirlo en un plazo de 30 días hábiles. En caso de incumplimiento, el afectado podrá llevar el caso ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

Un caso que expone malas prácticas empresariales

Este fallo judicial expone una práctica recurrente en el sector de las telecomunicaciones: la falta de transparencia en las ofertas comerciales, la aplicación de tarifas abusivas y la dificultad para que los clientes puedan hacer valer sus derechos. Además, pone en evidencia la desigualdad en la atención al cliente, donde la captación de nuevos usuarios tiene prioridad sobre la resolución de reclamaciones.

La resolución de la Xunta de Galicia es una advertencia para otras empresas del sector y una victoria para los consumidores que exigen un trato justo. Casos como este subrayan la importancia de recurrir a las vías legales y a los organismos de protección del consumidor para defender sus derechos frente a prácticas abusivas.