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La nueva Ley de Protección al Informante exige implantar un canal de denuncias a todas las empresas de más de 50 empleados, entidades públicas, organizaciones políticas y sindicales con fondos públicos -
Por provincias dentro de Galicia, esta nueva ley afecta a 491 empresas en A Coruña, 422 en Pontevedra, 88 en Ourense y 84 en Lugo; así como a 93 ayuntamientos en A Coruña, 92 en Ourense, 67 en Lugo y 61 en Pontevedra
- Grupo Logalty ha desarrollado una tecnología propia para gestionar denuncias dentro de las organizaciones, que garantiza el anonimato, la confidencialidad y la seguridad jurídica en el proceso
La nueva Ley de Protección al Informante, aprobada por el Congreso de los Diputados el pasado 16 de febrero y en vigor desde el 13 de marzo, recoge que todas las empresas de más de 50 empleados, entidades públicas, organizaciones políticas y sindicales con fondos públicos van a tener que contar con un sistema interno de información o canal de denuncias en el seno de sus entidades.
Las grandes empresas, con más de 249 empleados, tienen como fecha límite el 13 de junio de 2023 para implantarlo. En esta situación se encuentran 167 grandes empresas en Galicia, según el Directorio Central de Empresas, con datos a 1 de enero de 2022. En paralelo, 918 pequeñas y medianas empresas en Galicia, que son aquellas que tiene una plantilla de entre 50 y 249 empleados, tienen de plazo para ello hasta el 1 de diciembre de 2023.
El canal de denuncias en el tejido empresarial de Galicia 
Distribución de empresas según tamaño que deben implantar un canal de denuncias en 2022 en base a la nueva Ley de Protección al Informante. Aquellas con más de 249 empleados deben hacerlo antes del 13 de junio y las que cuentan con entre 50 y 249 empleados antes del 1 de diciembre
Fuente: Instituto Nacional de Estadística a 1 de enero de 2022
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