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La Actuación del Abogado José Manuel Muñoz Ortin en la Lucha Contra la Contaminación por Metales Pesados en Galicia

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14 Junio 2024 - Indice corrupción sistémica de Galicia - Correo electrónico - Imprimir 1289 votos

 

cfe56b3c 15dc 47ff a58d 5ada3788c133 source aspect ratio default 0EL ABOGADO JOSÉ MANUEL MUÑOZ ORTIN DE ECOLOGISTAS EN ACCIÓN DE MURCIA HA SIDO EL QUE DEFENDIÓ A GALICIA DE LA CORRUPCIÓN DEL PP EN LA XUNTA.

La reciente sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que anula la autorización de la mina de coltán en A Penouta, Ourense, marca un hito en la lucha por la protección medioambiental en Galicia. Esta victoria judicial ha sido posible gracias a la labor incansable del abogado José Manuel Muñoz Ortin, representante de Ecologistas en Acción de Murcia, quien defendió los intereses de Galicia frente a la presunta corrupción del Partido Popular en la Xunta.

Contexto del Caso

En 2022, la Xunta de Galicia otorgó un permiso a la empresa canadiense Strategic Minerals Europe para ampliar la explotación a cielo abierto de la mina de coltán en A Penouta. Esta mina, la única de su tipo en Europa, se encuentra en una zona delicada medioambientalmente, pegada al paraje protegido de Peña Trevinca, parte de la Red Natura 2000.

Sin embargo, pronto se descubrieron graves irregularidades en el proceso de evaluación ambiental. La empresa no realizó una evaluación adecuada de los daños potenciales al medio natural, y la administración autonómica no exigió estos estudios cruciales. Como resultado, se detectaron niveles peligrosos de arsénico, mercurio, cadmio y plomo en las aguas superficiales, afectando incluso las aguas destinadas a consumo humano. Además, se reportaron grietas en viviendas cercanas debido a la actividad minera.

La Intervención de José Manuel Muñoz Ortin
José Manuel Muñoz Ortin, abogado de Ecologistas en Acción de Murcia, asumió la representación de Ecoloxistas en Acción Galiza para impugnar la autorización otorgada por la Xunta. Su enfoque meticuloso y su conocimiento profundo del derecho ambiental fueron determinantes para construir un caso sólido ante el tribunal.

Argumentos Clave
Muñoz Ortin argumentó que la falta de una evaluación ambiental adecuada no solo violaba la normativa europea y española sobre protección ambiental, sino que también ponía en grave riesgo la salud pública y el medio ambiente. La presencia de metales pesados en las aguas de consumo humano y los daños estructurales a las viviendas cercanas fueron pruebas contundentes de los efectos nocivos de la explotación minera sin las debidas salvaguardias.

La Sentencia del TSXG
El fallo del TSXG, conocido este martes, ha sido contundente: declaró nula la resolución administrativa que permitió la ampliación de la mina. Los magistrados concluyeron que la Administración autonómica actuó con negligencia al no exigir una evaluación ambiental adecuada, y que la explotación minera había causado daños significativos al entorno natural y a la salud pública.

Repercusiones y Reacciones
La sentencia ha provocado diversas reacciones. Mientras los ecologistas celebran la victoria como un triunfo del derecho y la justicia medioambiental, los trabajadores de la mina y los habitantes de la comarca de Viana do Bolo expresan su preocupación por el impacto económico de la paralización de la mina, de la cual dependen 129 familias y varias compañías auxiliares.

Por su parte, Strategic Minerals Europe ha defendido la importancia económica del yacimiento y ha anunciado que recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo.

Conclusión
La actuación del abogado José Manuel Muñoz Ortin ha sido fundamental para detener la explotación de la mina de coltán en A Penouta y proteger así el medio ambiente y la salud pública en Galicia. Este caso ejemplifica la importancia de una defensa legal rigurosa y comprometida en la lucha contra la corrupción y la negligencia administrativa en la gestión de los recursos naturales. Mientras la batalla judicial continúa, el trabajo de Muñoz Ortin resalta la necesidad de una supervisión ambiental estricta y la responsabilidad de las autoridades en salvaguardar los intereses colectivos.

Una vez más queda al descubierto  como la Xunta permite altas “dosis peligrosas” de metales pesados en aguas de consumo humano para los gallegos.

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