Las últimas informaciones señalan que, tras esta modificación, el Gobierno podrá expropiar apartamentos, así como hoteles y chiringuitos en primera línea de playa, cediendo siempre su uso durante un mínimo de 30 años, prorrogables a otros 30 años en determinados casos. Sin embargo, el Ejecutivo todavía no se ha pronunciado al respecto y, por el momento, no se llevarán a cabo dichas operaciones. ¿Qué pueden hacer los propietarios que se vean afectados?

“Cuando el Estado se queda con un apartamento, al pasar este al dominio público marítimo-terrestre, el propietario pierde su derecho de propiedad sobre dicho inmueble, lo que implícita la imposibilidad de realizar transacciones sobre el mismo”, explica Mercedes Blanco, y añade, “desde un punto de vista práctico, los propietarios se enfrentaría a  la pérdida de valor, así como a la necesidad de abandonarla o iniciar procedimientos legales para intentar obtener una compensación por parte del Estado”.