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El Defensor del Pueblo ante la desobediencia de Basilio Otero amenaza con personarse en las oficinas de la FNCP a instancias de Pladesemapesga.

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27 Marzo 2019 315 votos
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fraudeelctoral FNCPEl Defensor del Pueblo informa a PLADESEMAPESGA de las duras advertencias al Presidente Nacional de las Cofradías de Pescadores por su desobediencia a colaborar y entregar información pública a la Plataforma en Defensa del sector Marítimo Pesquero de Galicia, entre la que se encuentra la venta bajo informes confidenciales de la propiedad de un local en Madrid que pertenecía a los pescadores.

Basilio Otero es Patrón Mayor de Burela, Miembro de la Federación Gallega de Pescadores, Presidente de la Federación de Lugo y afin al Partido Popular de Galicia, donde colabora profundamente con las actividades que realiza la Conselleira Rosa Quintana en perjuicio del Sector Pesquero de Galicia. Ver video en Yotube; https://www.youtube.com/watch?v=UfVoeiDGPrw&t=2s

El Presidente de la FNCP, ante la persistencia en una actitud entorpecedora de la labor de investigación del Defensor del Pueblo por la Administración puede ser objeto de un informe especial, además de destacarse en la sección correspondiente de su informe anual y podría Conforme a los artículos 19, 24 y 30 de la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo incurrir en delitos penales de desobediencia, previsto bajo la desobediencia funcionarial-art. 410.1 y 2 CP

Dice la Ley en su articulo 19 de la Ley Orgánica 3/1981 de 6 de abril

1. Todos los poderes públicos están obligados a auxiliar, con carácter preferente y urgente, al Defensor del Pueblo en sus investigaciones e inspecciones.

2. En la fase de comprobación e investigación de una queja o en expediente iniciado de oficio, el Defensor del Pueblo, su Adjunto, o la persona en quien él delegue, podrán personarse en cualquier centro de la Administración pública, dependientes de la misma o afectos a un servicio público, para comprobar cuantos datos fueren menester, hacer las entrevistas personales pertinentes o proceder al estudio de los expedientes y documentación necesaria.

3. A estos efectos no podrá negársele el acceso a ningún expediente o documentación administrativa o que se encuentre relacionada con la actividad o servicio objeto de la investigación, sin perjuicio de lo que se dispone en el art. 22 de esta Ley.

 

En el Código Penal se contemplan varios comportamientos en los que adquiere relevancia la desatención de una orden emitida por quien ostenta una posición de autoridad como es el Defensor del Pueblo sobre el destinatario de la misma (Basilio Otero), sin importar si de ello se sigue algún resultado concreto que no debía producirse o que se tuviera el deber de evitar. En efecto, no se trata de delitos de resultado sino de mera actividad, o de mera inactividad, tal como ha sido expresado en varias oportunidades por los tribunales españoles; entre otras: STS 263/2001 de 24 febrero.

El delito de desobediencia previsto en el art. 410.1 CP, es decir: al que se comete contra la Administración pública, comúnmente denominado como desobediencia funcionarial; delito especial propio, que solamente pueden cometer quienes revisten la condición de autoridad o funcionario público.

Basilio Otero obstenta la condición de Funionario Público como Presidente de la FNCP, asi consta legislado en la jurisprudencia en su;

Sentencia nº 874/2006 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 18 de Septiembre ... El Patrón Mayor de una Cofradía de Pescadores tiene la la condición de funcionario público.

El artículo 119 del anterior Código Penal y el artículo 24.2 del vigente, establecen y delimitan el concepto de funcionario público a los efectos de la aplicación de los diversos tipos penales contemplados en el texto punitivo. Ambos preceptos coinciden en su redacción al considerar como funcionario público a todo el que por disposición inmediata de la ley o por elección, o por nombramiento de autoridad competente participe del ejercicio de funciones publicas.

También queda afectado con el comunicado emitido hoy por el Defensor del Pueblo de un delito del Artículo 502

1. Los que, habiendo sido requeridos en forma legal y bajo apercibimiento, dejaren de comparecer, serán castigados como reos del delito de desobediencia. Si el reo fuera autoridad o funcionario público, se le impondrá además la pena de suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.

2. En las mismas penas incurrirá la autoridad o funcionario que obstaculizare la investigación del Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas u órganos equivalentes de las Comunidades Autónomas, negándose o dilatando indebidamente el envío de los informes que éstos solicitaren o dificultando su acceso a los expedientes o documentación administrativa necesaria para tal investigación.

Por ello, no nos detendremos, en esta oportunidad, en los supuestos de desobediencia punible que pueden cometer los particulares, recogidos en el art. 348.4.c) CP (desobediencia a órdenes de la Administración en materia de seguridad de explosivos), o en el art. 502.1 CP (que es uno de los “Delitos contra las instituciones del Estado” y que prevé penas para quien no comparezca ante una Comisión de Investigación de las Cortes Generales o de una Asamblea Legislativa de una Comunidad Autónoma o para quienes obstaculicen la investigación del Defensor de Pueblo, Tribunal de Cuentas u órganos equivalentes de las Comunidades Autónomas). Tampoco lo haremos sobre el supuesto que se recoge en el art. 556 CP (que es uno de los “Delitos contra el orden público”, con el que se sanciona al que se resista o desobedezca gravemente a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, o al personal de seguridad privada que desarrolle esa actividad en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad); ni en el que recoge el art. 616 quáter, (desobediencia a órdenes de un buque de guerra o aeronave militar o al servicio del Estado español).

Pues bien, con el art. 410.1 CP se sanciona, con penas de multa e inhabilitación especial:

… a las autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior, dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales.

Según jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo (de la que es ilustrativa la STS 285/2007), el delito de desobediencia requiere la concurrencia de los siguientes elementos:

a) la existencia de un mandato expreso, concreto y terminante de hacer o no hacer una específica conducta, emanado de la autoridad o sus agentes y que debe hallarse dentro de sus legales competencias;

No es necesaria, en cambio, la reiteración de la orden; circunstancia que, de darse, puede ser tenida en cuenta en la valoración de la conducta contumaz.

b) que la orden, revestida de todas las formalidades legales, haya sido claramente notificada al obligado a cumplirla, de manera que éste haya podido tomar pleno conocimiento de su contenido.

 

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