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EL TRIBUNAL DE CUENTAS MARTILLO DE HEREJÍAS FINANCIERAS. LA AUTORIDAD PORTUARIA DE A CORUÑA

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22 Mayo 2019 785 votos
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Se ha escrito suficiente y bien por los Medios gallegos sobre el ya vetusto tema de las nuevas instalaciones portuarias en Punta Langosteira.

Quizás bajo mi punto de vista, falte un poco incidir sobre lo más interesante, que se centra a partir de la página 71 (IV Conclusiones) del INFORME DEL TRIBUNAL CUENTAS, donde se alude, a los resultados críticos y demoledores que constituyen el más ferviente desatino durante décadas respecto a cuestiones de planificación y desviaciones de costes.

 

Por ello, abundaremos únicamente sobre dos puntos, los cuales considero básicos, y qué del incumplimiento de los mismos, derivan casi todas las vicisitudes surgidas a posteriori.

Son:

I.- Los Fundamentos Jurídicos de la U.E.

II.- La Tutela de sus intereses financieros en las diferentes Instituciones y Organismos comunitarios.

I.- LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA U.E.

Hay que reconocer que la integración plena de las Directivas Comunitarias, supusieron algo de tiempo en acoplarse a la normativa española, o más bien al revés; pero el caso es que al final asistimos a una conjunción cuasi plena.

En la humilde opinión de este jurista "senior”, tales Fundamentos o Principios magníficamente expuestos y pormenorizados en su génesis, inicia su cristalino reflejo a partir de nuestra incorporación al acervo comunitario, constituyendo piedra angular del sistema.

LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO, como FUNDAMENTOS JURÍDICOS, son si se me permite la licencia, una especie de "TABLAS DE LA LEY", imperantes en nuestro Derecho.

Uno de ellos es EL DE IGUALDAD DE TRATO O NO DISCRIMINACIÓN QUE JUNTO AL DE PUBLICIDAD Y EL DE CONCURRENCIA, resultan básicos en el marco de la legislación contractual de la U.E. que rige el mercado público, y que consiste en que la totalidad de los concursantes, gocen o dispongan de las mismas oportunidades al formular sus ofertas, limitándose de esta forma el riesgo de arbitrariedad o favoritismo por parte los poderes adjudicadores.

La quiebra de dichos principios ha sido notoria a lo largo de muchos años de vivencias de este megaproyecto, y también en algunos otros de nuestras obras públicas.

Dicha manifestación tiene la "sustancial pertinencia" como para apuntar las posibles irregularidades, opacidad y comportamiento del Poder Adjudicador, reflejado en la confusión que levanta en la opinión pública.

Permanece además una persistente actitud susceptible de causar confusión a los licitadores, quebrantándose de este modo la igualdad de condiciones exigibles en la licitación.

Quizá convendría valorar a priori la presunta aplicación de la figura Jurisprudencial del “enriquecimiento injusto”, capaz de resurgir llegado el momento.......

Se refería Velarde Fuentes, consejero del Tribunal de Cuentas, a un ejemplo muy gráfico, el cual reproducimos:

“…imaginemos, para que no suceda aquello que denunció otro miembro del Tribunal de Cuentas Europeo, Reynders, así” :

supongamos una Institución o Empresa, instalada en una región española elegible para un objetivo de los fondos estructurales y que se beneficia de un crédito otorgado por el Banco Europeo de Inversiones con una cláusula de bonificación de interés financiado con una subvención del presupuesto comunitario. Dichos sujetos, podrían, además, recibir una subvención otorgada por el Estado o por la Comunidad Autónoma. Pues bien, uno u otro, podrían -Dios no lo quiera- ser controlados el mismo año por los siguientes organismos: el Banco privado que gestiona el crédito o el propio Banco Europeo de Inversiones; la Consejería de la Comunidad Autónoma responsable de los fondos estructurales; la unidad de evaluación de la Dirección General de la Comunidad Europea, Regio; el Servicio de Auditoría Interno de la Comisión; la Intervención General de la Comunidad Autónoma; el Tribunal de Cuentas Europeo; el Tribunal de Cuentas de España; el OCEX de esa Comunidad Autónoma … y ninguno de estos organismos se pronunciará sobre los resultados obtenidos por los fondos públicos puestos a disposición de la empresa”. Evidentemente, parece un “caso de majadería”. Pero pudiera darse en la realidad.”

Lo anterior no se aparta mucho de los denominados “casos de laboratorio”, pero lo suficiente expresivo para aproximarnos a la actuación del pretendido tejido protector de los intereses financieros comunitarios. Dicha protección se estableció como prioridad en el enfoque estratégico global de 28.06.2000 dirigido al periodo 2000-2005 y su aplicación en el plan de acción 2001-2003.

Previamente, a través del Acto del Consejo de 26.07.95, se estableció un Convenio relativo a combatir el fraude que afectase a los gastos e ingresos mediante las medidas penales apropiadas, (condena del fraude, sanciones penales, responsabilidad penal de los directores de empresa, normas de competencia, etc.)

II.- LA TUTELA DE SUS INTERES FINANCIEROS.........

La protección de los intereses financieros comunitarios, supone uno de los objetivos esenciales de la Comisión Europea. Podría argumentarse como un hito en la estrategia comunitaria, el hecho de incluir su concepto en instrumentos tan variados y significativos entre otros como:

  • Lucha contra el fraude:

En el Proyecto de Tratado por el que se instituye una Constitución para Europa.

  • Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero.

  • Por el Tratado de Ámsterdam.

  • Por los Reglamentos (CE-EUROCOM).

  • Reglamento (CE) Nº 1681/94 de la Comisión, de 11.07.1994.

  • Libro Verde:

Acerca de la creación de una Fiscalía europea para la protección penal de los intereses financieros comunitarios.

  • Distintos protocolos: 27.09.96; 29.11.96; 26.05.97; 19.06.97 y 12.03.99

  • Otros: colaboran a constituir un “blindaje contra el fraude”.

Desde mayo 1999, la UE dispone de un marco legal global para luchar contra el fraude, la corrupción y cualquier otra actividad ilegal que perjudique sus intereses financieros, así como para investigar comportamientos irregulares de instituciones, órganos y organismos.

Asimismo, hitos de este control de los gastos comunitarios, tanto internos como externos, los constituyen la creación y apoderamiento en la materia a diversos organismos e instituciones respecto a cuyo financiamiento ya se han denunciado en diferentes ámbitos los aspectos que sería necesario mejorar.

Las instituciones y órganos comunitarios que por ahora vienen interviniendo en ese control del gasto son:

  • La Comisión.

  • El Tribunal de Cuentas Europeo.

  • La Oficina de Lucha contra el Fraude.

  • El Parlamento Europeo, que controla, a través del procedimiento de aprobación, el anteproyecto de presupuesto y, posteriormente, la ejecución presupuestaria.

  • El Consejo, que es en materia presupuestaria la institución competente para la adopción de reglamentos financieros y para determinar y organizar el control de la responsabilidad de los censores de cuentas, ordenadores de pago y contable.

  • Y finalmente, el TJCE que en materia de detección del fraude financiero refiere su control únicamente a las cuestiones anejas de interpretación con carácter prejudicial de Convenios y Acuerdos.

Debido a que el Reglamento (CE) Nº 1689/94 no contiene una definición de irregularidad, la OLAF menciona dicha definición en sus orientaciones a los EEMM sobre la detección e información de irregularidades. En términos generales, la diferencia entre fraude e irregularidad reside en que el primero es un acto intencionado y una infracción penal; mientras que la segunda es una infracción de ley comunitaria como resultado de un acto u omisión.

Resulta obvio, qué durante los últimos años, a los ya conocidos tipos de delincuencia tradicional, se han incorporado sucesivamente otras opciones más sofisticadas como las denominadas delincuencias comercial y financiera, así como las mafias encubiertas como ONG’s.

Bajo dicha óptica, hay que empezar a tomar cada día más en cuenta, las que atentan con nuevos supuestos estilos delictivos contra la protección de los intereses comunitarios.

Correo: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. Jesús Antonio Rodríguez Morilla Web: www.modificadosobraspublicas.com Doctor en Derecho (Cum Laude) Diplomado en Estudios Avanzados U.E. Caballero de Mérito por Real Orden Noruega

 

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