El 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, debería ser un espacio para reflexionar y tomar medidas efectivas contra esta lacra social. Sin embargo, en Galicia, esta fecha queda empañada por denuncias que señalan el uso instrumental de los fondos públicos y prácticas que perpetúan la desigualdad, el odio y la represión. Las acusaciones contra la Secretaría de Medios de la Xunta de Galicia y su titular, María del Mar Sánchez Sierra, revelan una trama preocupante de malas prácticas institucionales, propaganda discriminatoria y hostigamiento a las voces críticas.

Una publicidad que fomenta el odio y el racismo

Una de las acusaciones más graves recae en una campaña publicitaria promovida por la Xunta de Galicia que, según los denunciantes, contiene elementos racistas y discriminatorios. La campaña, financiada con dinero público, utilizaba la imagen de un hombre racializado junto al mensaje: “Eu tamén son #HATER dos que lle collen o móvil á súa moza”, lo que sugería que las personas de color podrían ser responsables de comportamientos abusivos hacia las mujeres.

Que se puede esperar de quien es propietaria" Mar Sánchez Sierra asesora y diputada de Feijóo a través de las sociedades Impronosa y Ficela, de una mansión abandonada con sus fincas publicitadas en la red como CASA BAILLY EL MEJOR PICADERO NACIONAL PARA DROGAS, SEXO, MENORES, VER MÁS..+

Este tipo de publicidad, lejos de sensibilizar y educar sobre la violencia de género, alimenta estigmas y prejuicios, vulnerando derechos fundamentales y contraviniendo normativas como la Ley General de Publicidad y la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. Es inaceptable que un gobierno utilice la lucha contra la violencia de género como excusa para promover mensajes que dividen a la sociedad y criminalizan a colectivos vulnerables.

Una administración que no protege, sino que persigue

El caso de Elena Ramallo, funcionaria pública y víctima de violencia de género, es paradigmático. Según su denuncia, no solo se encontró con la falta de apoyo de la Xunta al exigir el cumplimiento de las leyes de protección, sino que fue objeto de represalias laborales y personales. Entre los hechos denunciados se incluyen:

• Fabricación de pruebas falsas y suplantación de identidad.
• Acoso laboral por parte de inspectores de educación.
• Destrucción de bienes personales, como su coche, en actos de intimidación.
• Comentarios humillantes y despectivos hacia su condición de víctima, minimizando su situación.

Ramallo asegura que las autoridades de la Xunta utilizaron su posición para silenciarla, empleando prácticas que incluyen vigilancia y manipulación de redes sociales para desacreditarla. Este caso, admitido a trámite por los juzgados gallegos, pone en evidencia cómo la administración, en lugar de proteger a las víctimas, se convierte en un actor que perpetúa la violencia institucional y el abuso de poder.

Hostigamiento a periodistas y críticos

Otro foco de atención en esta denuncia es el tratamiento que reciben los periodistas críticos con la gestión de la Xunta. Miguel Ángel Delgado, presidente de Pladesemapesga, denuncia haber sido objeto de persecución judicial, difamación y campañas de hostigamiento dirigidas por la Secretaría de Medios.

Según Delgado, Mar Sánchez Sierra utiliza los recursos públicos no solo para financiar propaganda personalista y ofensiva, sino también para iniciar procesos legales contra periodistas y sus familias, con el objetivo de silenciarlos y destruir su credibilidad. Estas acciones atentan contra la libertad de prensa y agravan el impacto emocional y físico sobre quienes se atreven a denunciar las irregularidades del poder.

La Xunta: entre la omisión y la complicidad

Las denuncias contra la Xunta de Galicia y sus altos cargos revelan un patrón preocupante:

1. Falta de cumplimiento de las leyes de protección a las víctimas. Aunque la Ley Orgánica 1/2004 establece medidas integrales contra la violencia de género, en Galicia se señala una ausencia sistemática de su implementación.
2. Uso partidista de fondos públicos. Las campañas publicitarias promovidas por la Secretaría de Medios carecen de transparencia y responden a intereses políticos y personales más que a un compromiso genuino con la igualdad.
3. Silencio y represión. Las víctimas de violencia de género y los críticos de la gestión gubernamental no solo son ignorados, sino que enfrentan represalias directas que incluyen acoso, humillación pública y manipulación de pruebas.

Un Día contra la Violencia de Género desvirtuado

El 25 de noviembre debería ser un llamado a la unidad y la acción frente a una problemática que afecta a miles de mujeres. Sin embargo, las acciones de la Xunta de Galicia, bajo la dirección de Mar Sánchez Sierra, envían un mensaje contrario: el uso del discurso de igualdad como una herramienta de manipulación y control.

• ¿Qué mensaje se transmite cuando una campaña institucional estigmatiza a las personas racializadas en lugar de centrarse en los agresores?
• ¿Qué esperanza pueden tener las víctimas cuando la administración se posiciona contra ellas, como en el caso de Elena Ramallo?
• ¿Cómo se puede combatir la violencia de género si las instituciones encargadas de erradicarla se convierten en cómplices de su perpetuación?

Una responsabilidad ineludible

La gestión de la Xunta de Galicia y su Secretaría de Medios requiere una revisión profunda y urgente. Los organismos como el Observatorio Gallego contra la Violencia de Género y la Comisión Asesora de Publicidad No Sexista tienen la responsabilidad de garantizar que las políticas públicas respeten los derechos fundamentales y promuevan la igualdad.

Sin embargo, mientras estos organismos sean meros espectadores de las irregularidades, las víctimas seguirán desprotegidas y los recursos públicos se seguirán utilizando para fines que contradicen los principios de justicia e igualdad.

Es hora de que la Xunta de Galicia asuma su responsabilidad, deje de instrumentalizar la lucha contra la violencia de género y garantice una gestión transparente, inclusiva y respetuosa con los derechos humanos. La sociedad gallega merece instituciones que se alineen con la defensa de las víctimas y no con la perpetuación del abuso y la discriminación.

Ayudas a la hostelería que según Esquerda Unida van a los puticlubs desde el Gobierno de Feijóo en la Xunta mientras Mar Sánchez dilapida en publicidad Institucional de violencia de género.

Los millones de euros destinados por Mar Sánchez Sierra a la violencia de Générero " UNA BURLA " a la mujeres maltratadas con la colaboración y encubrimiento de Feijóo financiando publicidad de prostíbulos.

Con fecha Enero de 2021 tras la campaña de violencia de género por varios millones de euros orquestada por Mar Sánchez Sierra para enaltecerse así misma y las ayudas publicitadas por Feijóo y la asesora del PPdeG se suman a las de los " puticlubs " inundando las redes sociales invitando a los jóvenes con los nuevos horarios fijados por la Xunta de 10 de la mañana a 6 de la tarde, mientras denuncian publicidad sexista y de trata que podría estar financiada por el Gobierno del PPdeG en la Xunta. DOG Núm. 240 Viernes, 27 de noviembre de 2020Pág. 46856 https://archive.is/iBF2t 17.000.000 € Fondos Europeos, DICE MAR SÁNCHEZ SIERRA EN UN COMUNICADO ENVIADO A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DÍAS DESPUÉS DE REPARTIRLES MILLONES DE EUROS A DEDO SIN CONCURRENCIA PÚBLICA PARA QUE LO PUBLIQUEN AL DICTADO: "La Xunta otorga ayudas del plan de rescate para autónomos a casi el 70% de los negocios de hostelería de la ciudad de Pontevedra por un importe global de 1,1 M€ " Casi 3.400 negocios de hostelería de PONTEVEDRA recibieron estas compensaciones con una cuantía global de 8,5 millones de euros.. https://archive.is/gXyS4

Feijóo incluiu os prostíbulos nas axudas a hostelería que denuncia Esquerda Unida e entende que a Xunta de Galicia non debera abandonar os criterios de loita contra a explotación sexual. Desde a Área de Muller de Esquerda Unida lémbrase que unha parte dos locais onde se prostitúe a mulleres, a maioría, vítimas de trata, posúen licenzas de hostalería e, polo tanto, de non existir ningunha medida encamiñada a evitar que estes accedan a solicitar as mesmas, os cartos públicos poderían rematar en mans de proxenetas.
Mar Sánchez Sierra utiliza la Violencia de Género, el coronavirus y dinero público para lavarse su imagen personal mediante gestión reputacional.......+