El escándalo en torno al caso del ex conselleiro del Mar, José Villares – denunciado por agresión sexual – ha desvelado la verdadera cara del gobierno gallego del PP. Su respuesta no es solo insuficiente; es una complicidad activa con el presunto agresor y una puñalada trapera a todas las víctimas de violencia machista. La acusación de la portavoz socialista de Igualdad, Paloma Castro, cala hondo: el gobierno de Alfonso Rueda ha dado una "vergoñenta resposta", secundada vergonzosamente por el propio director xeral de Loita contra a Violencia de Xénero.

El núcleo de la ignominia radica en un acto indecente e inaudito: mientras una mujer denunciaba una agresión sexual, el presidente Rueda optó por organizar un acto institucional de apoyo público al denunciado, José Villares, disfrazado de "deseo de pronta recuperación". ¿Recuperación de qué? ¿De las consecuencias de ser acusado de un delito grave? Esta escenificación, aplaudida por el máximo responsable de la lucha contra la violencia de género en Galicia, quien además calificó la conducta de Villares como "intachable", es una burla cruel a las víctimas y un mensaje nítido de impunidad para los poderosos.

Castro desmonta con precisión esta farsa:

1. Aforamiento como Escudo: Villares aprovechó deliberadamente su condición de aforado durante meses para "gañar tempo", contando con el conocimiento y consentimiento explícito de Rueda. Esto dista años luz de ser "intachable"; es una estrategia de impunidad amparada desde la cúpula.
2. Protección al Agresor, Descrédito a la Víctima: El acto de apoyo y las declaraciones oficiales proyectan una imagen obscena: protección institucional al presunto agresor y puesta en duda implícita de la víctima. Es una "metedura de pata total" que, lejos de ser un error inocente, tiene "consecuencias nefastas" para la lucha por la igualdad.
3. Ceguera Voluntaria: El director xeral intentó minimizar los hechos calificándolos de "pasados". Castro recuerda con contundencia: la denuncia está activa y judicializada. La Xunta pretende mirar hacia otro lado mientras la justicia sigue su curso, pero ya ha tomado partido.

Este escándalo no es un hecho aislado; desenmascara la hipocresía de un gobierno que se llena la boca con actos institucionales y lazos violeta, mientras sus acciones concretas "tiran pola borda" cualquier gesto simbólico. ¿De qué sirven las campañas si cuando estalla un caso grave entre sus filas, la respuesta es movilizar el aparato institucional para proteger al acusado?

Las Consecuencias Reales del Desamparo Institucional:

• Silencio Forzado: Castro advierte con razón: si la respuesta social e institucional es "a exposición da vítima, o sinalamento e o cuestionamento", no es extraño que "entre o 70 e o 80 por cento das violacións non se denuncien". La Xunta, con su actitud, alimenta este muro de silencio.
• Abandono en las Ayudas: Mientras protege a un presunto agresor, el gobierno gallego falla estrepitosamente a las víctimas que buscan ayuda. En 10 años, rechazó el 22% de las solicitudes de prestaciones periódicas. Casi una de cada cuatro mujeres quedó sin el apoyo vital que solicitó. Además, el acceso es difícil en zonas despobladas y las ayudas son insuficientes para garantizar independencia económica, perpetuando la vulnerabilidad.
• Recursos Insuficientes: La red gallega de Centros de Información á Muller (CIM) es claramente deficitaria: solo 84 dispositivos para 313 concellos. Que en una década solo se haya creado el CIM de Ribeira es una muestra de desidia absoluta hacia las víctimas.

La exigencia de Paloma Castro es un clamor de sentido común: revisar los criterios de ayuda, descentralizar los servicios, reforzar urgentemente la red de CIM con centros móviles y más recursos. Pero, sobre todo, es una exigencia de coherencia y decencia.

El gobierno de la Xunta, con Alfonso Rueda a la cabeza, ha elegido su bando en el caso Villares: el del poder, el del privilegio, el de la presunta impunidad. Al hacerlo, ha traicionado los principios más básicos de la lucha contra la violencia de género y ha enviado un mensaje pavoroso a las mujeres gallegas: si el agresor es poderoso, la institución lo amparará. Es una vergüenza democrática que clama al cielo y exige, como mínimo, una autocrítica pública inmediata que, a día de hoy, brilla por su ausencia. La credibilidad de las políticas de igualdad en Galicia está hecha añicos por quienes debían defenderlas.