En una sociedad democrática, la justicia debe ser garante de derechos, no un instrumento para silenciarlos. Sin embargo, cada vez son más los casos en los que se utiliza el sistema judicial como arma de desgaste contra quienes ejercen el derecho a informar, a opinar y a fiscalizar el poder. El caso de Miguel Ángel Delgado González, portavoz de nuestra plataforma ciudadana PLADESEMAPESGA, es un ejemplo alarmante de este fenómeno.

Delgado, periodista independiente y activista con más de dos décadas de trayectoria en la defensa de los derechos ciudadanos y la transparencia institucional, enfrenta en estos momentos una auténtica persecución judicial: varias querellas penales interpuestas por el mismo abogado, con idéntico patrón, en distintas jurisdicciones del país y hasta clientes de Manzanillo en México pero domiciliados en el despacho del abogado. En una de ellas, se le exige una condena de prisión, multas económicas por encima de los 5.000 euros, una indemnización de 50.000 euros y una fianza de 66.666 euros, en un contexto en el que ni siquiera se le ha reconocido todavía el derecho a un abogado de oficio.

Hablamos de una persona de 71 años, con una pensión no contributiva de apenas 560 euros, que ha dedicado su vida al activismo social y la denuncia ciudadana, sin ánimo de lucro, sin respaldo empresarial, sin más protección que su conciencia cívica. Frente a eso, se activa un mecanismo judicial desproporcionado, que amenaza con convertir el ejercicio legítimo de la crítica en delito, y con sancionar la palabra con cárcel.

Más allá del caso individual, lo que aquí está en juego es algo más profundo: la libertad de expresión como columna vertebral de la democracia. ¿Puede alguien ser llevado a juicio penal por publicar artículos críticos sobre actuaciones públicas reproducidas de medios de comunciación Internacionales, Videos y Redes sociales, contra los que no se ha ni solicitado el derecho de rectificación ? ¿Puede exigirse prisión a un periodista por informar, opinar o denunciar lo que considera injusto? ¿Puede condicionarse el derecho a defenderse a tener medios económicos suficientes?, en manos del actual abogado denunciador, parece que sí.

Este caso plantea una pregunta incómoda pero urgente: ¿estamos ante un uso espurio del sistema judicial como mecanismo de represión, lo que algunos ya califican como lawfare? Cuando se multiplican las querellas, se encadenan los procedimientos, y se recurre a medidas cautelares económicamente asfixiantes, la pena deja de ser la sentencia y pasa a ser el propio proceso. Una pena anticipada, sin juicio, sin garantías, sin defensa.

Desde PLADESEMAPESGA, hemos solicitado:

• La suspensión cautelar del procedimiento hasta que se resuelva la solicitud de justicia gratuita.
• La designación inmediata de un abogado del turno de oficio.
• La deducción de testimonio por posibles irregularidades procesales, incluido el uso de documentos que podrían ser manipulados.
• Y lo más importante: que se respete el derecho de cualquier ciudadano —con o sin recursos— a ejercer su libertad de información sin miedo a ser castigado por ello.

No pedimos privilegios. Pedimos justicia.

Y pedimos, también, el compromiso de los medios de comunicación, de las organizaciones de defensa de los derechos humanos, de los colegios profesionales y de los poderes públicos, para que se garantice que el poder judicial nunca sea utilizado como un martillo contra la disidencia pacífica y el pensamiento crítico.

En democracia, el silencio impuesto no es neutralidad: es represión. Y a veces, como hoy, defender a quien se atreve a hablar es defendernos a todos.

La Pluma libre, escribe sin miedo, con verdad y sin rendición, rompe el muro de corrupción. Cita. Miguel Delgado.

¿ Donde hay poca Justicia es un peligro tener razón? cita Fernado de Quevedo.

A Coruña, 
PLADESEMAPESGA

Informe Ampliado sobre el Abogado Jesús Alonso Álvarez y sus Querellas contra el Periodista Miguel Delgado