Un corte de energía sin precedentes el 28 de abril genera una investigación penal sobre posibles causas delictivas, incluido un posible ciberataque.

El Juzgado Central de Instrucción número 4, en funciones de Guardia, ha abierto diligencias previas para investigar las causas del apagón eléctrico generalizado que dejó sin suministro a todo el territorio peninsular el lunes pasado, desde las 12:30 horas hasta las 16:30 aproximadamente.

El fallo, según informó el Gobierno español, implicó la pérdida súbita de 15 gigavatios (GW) de energía durante cinco segundos, lo que representa alrededor del 60% de la electricidad consumida en ese momento , un hecho sin precedentes en la historia reciente del país.

La decisión judicial se fundamenta en la necesidad de investigar si los hechos podrían estar vinculados a un acto malintencionado , incluso con posible calificación de terrorismo informático , conforme al artículo 573.1 y 2 del Código Penal , en caso de que haya existido una intención deliberada de desestabilizar infraestructuras críticas esenciales.

Impacto masivo en servicios esenciales

El apagón no solo interrumpió el suministro eléctrico, sino que afectó gravemente a sistemas informáticos de infraestructuras estratégicas , como hospitales, transporte, telecomunicaciones e industria. Esto generó un impacto significativo en el bienestar y la seguridad ciudadana, además de inquietud sobre la resiliencia del sistema ante amenazas tecnológicas o externas.

En este contexto, el auto del juez recuerda que España forma parte de un entramado normativo internacional y nacional diseñado para proteger dichas infraestructuras, especialmente frente a ciberamenazas, tal como sucedió en Ucrania en 2016, donde ataques informáticos provocaron cortes masivos de energía.

Medidas ordenadas por el juez

El magistrado ha ordenado la práctica de tres actuaciones clave:

1. Informe técnico del Centro Criptológico Nacional (CCN-CERT):
   Para analizar si el incidente pudo ser consecuencia de un ciberataque, con plazo de presentación de 10 días .
2. Informe técnico de Red Eléctrica Corporación SA:
   Que explique las causas técnicas del colapso, también con entrega en 10 días hábiles .
3. Investigación de la Comisaría General de Información de Policía Nacional:
   Con presentación de un informe preliminar sobre posibles responsabilidades delictivas en el mismo plazo.

Los tres informes servirán como base para determinar si hubo negligencia, error técnico o un acto doloso detrás del apagón.

¿Qué dice la ley?

El auto judicial hace un repaso exhaustivo del marco legal vigente, tanto europeo como nacional, enfocado en la protección de las infraestructuras críticas . En particular, señala la Ley Orgánica 1/2015, que tipifica como delito terrorista cualquier ataque informático contra estas infraestructuras cuando se realice con fines como:

• Desestabilizar estructuras políticas, económicas o sociales.
• Intimidar a la población o a instituciones públicas.
• Generar daños graves en servicios esenciales.

Además, se refiere a la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2019 , que alerta sobre la creciente amenaza de grupos terroristas que buscan explotar vulnerabilidades tecnológicas para afectar servicios básicos.

Un precedente inquietante

Este caso podría convertirse en un referente dentro de la jurisprudencia española en materia de seguridad energética y ciberdelincuencia. No es habitual que se active la justicia penal ante supuestos fallos técnicos, pero el alcance y la gravedad del evento han llevado al Poder Judicial a explorar todas las posibilidades, incluida la hipótesis más grave: un acto coordinado contra la estabilidad del Estado .

Fuente: Auto del Juzgado Central de Instrucción número 4 – 29 de abril de 2025 en poder de este Xornal.