El litoral gallego, patrimonio natural y colectivo, enfrenta una nueva amenaza: la privatización encubierta mediante concesiones cuestionables. El caso de Eva Cárdenas, pareja del líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y su solicitud para ampliar hasta 2037 la concesión de un terreno en la playa de O Con (Moaña, Pontevedra), ha destapado un entramado de irregularidades urbanísticas, opacidad administrativa y posibles conflictos de interés. Este expediente no solo evidencia la permisividad con los privilegios de unos pocos, sino que también pone en riesgo la integridad del dominio público marítimo-terrestre, protegido por ley.

A FEIJOO LE GUSTA RECUPERARSE EN LAS CLOACAS Y BARRIZALES MONTADOS POR SU GOBIERNO EN GALICIA, ANTES MARCIAL DORADO Y AHORA SU PAREJA EVA CARDENAS

Las actuaciones ilegales, como las atribuidas a Eva Cárdenas en su mansión de Moaña y presuntamente encubiertas por Feijóo, reflejan un deterioro preocupante en la calidad democrática de España. Según el último informe de Transparencia Internacional, el país ha descendido cuatro posiciones en el Índice de Percepción de la Corrupción, alcanzando su peor registro en 30 años y quedando clasificado como una "democracia defectuosa". Este retroceso sitúa a España en el puesto 46 de 180 países, equiparándola con naciones como Botsuana, Cabo Verde o Ruanda. Estos datos evidencian la erosión de la confianza ciudadana en las instituciones y la necesidad urgente de medidas contundentes contra la corrupción.

1. Una Transacción en la Sombra: Compraventa Ilegal y Licencias Cuestionables

La génesis del conflicto se remonta a 2007, cuando el antiguo propietario vendió a Eva Cárdenas un terreno que, según denuncias judiciales en curso, no era de su propiedad. Aunque la concesión no está oficialmente acreditada, documentos revelan que tanto el vendedor como Cárdenas actuaron con conocimiento de la ilegalidad: el primero enajenó un bien ajeno, y la segunda adquirió derechos sobre un espacio que, por ley, pertenece al dominio público.

¡El litoral es de todos y la transparencia también! 

Pero el escándalo no termina ahí. Leticia Santos Paz, alcaldesa de Moaña del BNG, otorgó licencias de construcción en el margen costero pese a las evidentes irregularidades. Según el Decreto de Incoación de la Fiscalía Autonómica de Galicia (13 de enero de 2025), estas acciones podrían constituir delitos urbanísticos y administrativos, ya que se autorizaron obras en suelo público sin documentación válida. La Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Superior de Galicia investigan si hubo connivencia política para favorecer a Cárdenas.

2. La Plataforma en Defensa del Sector Marítimo-Pesquero: Un Llamado a la Coherencia Legal

La Plataforma en Defensa del Sector Marítimo-Pesquero de Galicia ha solicitado la denegación de la prórroga de la concesión, argumentando un peligroso precedente: si se permite, cualquier ciudadano podría reclamar partes de playas emblemáticas como Riazor o Benidorm. Su postura se fundamenta en:

• Artículo 22.1 de la Ley 39/2015: Exige suspender procedimientos administrativos si dependen de una resolución judicial previa, como las investigaciones penales en curso.
• Disposición Transitoria Primera de la Ley de Costas: Establece que solo pueden regularizarse derechos sobre dominio público si se demuestra su legalidad histórica, algo imposible aquí.
• Artículo 4 del Reglamento General de Costas (Real Decreto 876/2014): Prioriza la protección del litoral sobre intereses privados.

La Plataforma advierte que continuar el expediente sin aclarar las irregularidades violaría estos marcos legales y abriría la puerta a la privatización masiva del litoral.

3. PSdeG vs. PP: La Batalla Política por la Costa

El Partido Socialista de Galicia (PSdeG) ha anunciado alegaciones contra la solicitud de Cárdenas, denunciando un trato privilegiado. Julio Torrado, portavoz socialista, señala: “No permitiremos que el PP convierta el litoral en un cortijo para sus dirigentes. Mientras miles de gallegos no acceden a una vivienda digna, ellos protegen chalés de lujo”.

Torrado también cuestiona al Ayuntamiento de Moaña: “¿Cómo se otorgó una licencia sin permisos urbanísticos? La alcaldesa debe explicar por qué ignoró la ilegalidad”. Los socialistas proponen alternativas como un banco público de alquiler con 5.000 viviendas asequibles, contrastando con la opulencia del caso Cárdenas.

En respuesta, el PP, mediante su portavoz Alberto Pazos, acusa a los socialistas de “doblero moral”: “¿Los familiares de cargos públicos no pueden solicitar concesiones? Costas es un organismo estatal, no de la Xunta”. Pazos insiste en que el procedimiento es “normal”, aunque omite mencionar las investigaciones judiciales que lo envuelven.

4. Implicaciones: Un Riesgo para el Interés Público

Este caso trasciende a Cárdenas y Feijóo. Si se aprueba la concesión, se sentaría un precedente legal devastador:

• Legitimaría ocupaciones ilegales en dominio público mediante trámites administrativos opacos.
• Debilitaría la Ley de Costas, facilitando que particulares y empresas especulen con el litoral.
• Erosionaría la confianza en las instituciones, al vincularse con investigaciones por corrupción urbanística.

Conclusión: Litoral para Todos, Privilegios para Ninguno

La concesión a Eva Cárdenas no es un mero trámite, sino un síntoma de un sistema que prioriza el interés de las élites sobre el bien común. Las licencias irregulares de Moaña, las investigaciones fiscales y la opacidad del PP revelan una estructura de impunidad que amenaza el patrimonio gallego.

La sociedad debe exigir que se aplique la ley con rigor: suspender el expediente hasta resolver las investigaciones, auditar todas las concesiones costeras y sancionar a los responsables. El litoral es de todos, y su defensa no puede depender de la voluntad política de quienes lo ven como un botín.

Lo que no necesita fundamentarse ni explicarse en las alegaciones, porque se entiende que Costas y el Concello así como los partidos políticos, pero sobre todo el marido de Eva Cárdenas, Sr Alberto Núñez Feijoo que dice ser abogado, deben conocerlo.

Los funcionarios deben conocer las leyes administrativas y legales que regulan su actuación. Esto es fundamental para garantizar que su desempeño sea conforme a derecho, evitando arbitrariedades y asegurando el cumplimiento de los principios de legalidad, transparencia y eficiencia en la administración pública.

Para nuestros lectores ávidos de saber la gislación española dice;

Las actividades en el litoral español están reguladas por una serie de normativas nacionales y europeas que tienen como objetivo la protección del medio ambiente y el desarrollo económico sostenible en estas áreas que son totalmente de uso público, o lo que es lo mismo, para todos los españoles y españolas,a si com para los turistas que nos visiten.

Ley de Costas (Ley 22/1988, de 28 de julio): Esta ley establece el régimen jurídico del dominio público marítimo-terrestre y regula la protección del litoral. Se centra en:

La prohibición de obras e instalaciones que interrumpan el acceso al mar sin soluciones alternativas .

La protección del dominio público marítimo-terrestre, asegurando la preservación de sus características naturales y la defensa de su integridad .
La servidumbre de protección, que establece una distancia de protección de 100 metros desde el límite interior de la ribera del mar.

Reglamento General de Costas (Real Decreto 876/2014): Complementa la Ley de Costas y establece criterios específicos para la protección del litoral, incluyendo la prohibición de obras que afecten el acceso al mar y la regulación de autorizaciones por parte de comunidades autónomas.

Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral (Ley 2/2013): Modifica la Ley de Costas y refuerza la protección del litoral, estableciendo medidas para el control ambiental de actividades y usos en el dominio público marítimo-terrestre.

la Ley de Costas prohíbe la construcción de infraestructuras que limiten el acceso al mar, lo que no solo protege el medio ambiente, sino que también fomenta el turismo sostenible al mantener las playas accesibles y en buen estado.

En resumen, la regulación de actividades en el litoral español es un esfuerzo coordinado que busca proteger el medio ambiente mientras se promueve un desarrollo económico que respete la sostenibilidad de estos espacios vitales, algo que a todas luces desea evitar Feijóo para favorecer los negocios o inversiones de su pareja Eva Cárdenas Botas, mientras la APLU amenza con derrumbres y expropiaciones al resto del litoral.

Referencias:

• Decreto de Incoación, Archivo e Inhibición de la Fiscalía Autonómica de Galicia (13/01/2025).
• Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común.
• Real Decreto 876/2014 (Reglamento General de Costas).
• Declaraciones de Julio Torrado (PSdeG) y Alberto Pazos (PPdeG).
• Denuncias de la Plataforma en Defensa del Sector Marítimo-Pesquero de Galicia.

• Así es la casa de Eva Cárdenas en Moaña: una casona de piedra sobre el mar - Vanitatis (Hace 2 días)
• Así es la casa de Eva Cárdenas, mujer de Alberto Núñez-Feijóo, en Moaña - Infobae (Hace 2 días)
• Feijóo y la historia de dos chalés: 600.000 euros repentinos, una puerta a la playa - elDiario.es (Hace 10 horas)
• Eva Cárdenas, pareja de Feijóo, pide la concesión del acceso a la playa - Diario de Pontevedra (Hace 3 días)
• La pareja de Feijóo pide la concesión hasta 2037 de un acceso a la playa - Enfoques.gal (Hace 10 horas)
• El portavoz del PPdG considera “muy normal” la solicitud de acceso privado a la playa - Cadena SER (Hace 6 horas)
• PSdeG y Sumar inician una guerra política por el chalet de Eva Cárdenas - Economía Digital (Hace 22 minutos)
• La pareja de Feijóo pide una concesión de terreno público hasta 2037 - EL PAÍS (Hace 3 días)
• La mansión ilegal de la mujer de Feijóo llega a la Xunta - ElPlural.com (Hace 1 hora)
• La pareja de Feijóo solicita una concesión hasta 2037 del acceso a la playa - El Economista (Hace 3 días)