La Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia (PLADESEMAPESGA), presidida por Miguel Ángel Delgado González, ha solicitado formalmente a la Fiscalía Provincial de Pontevedra la adopción de medidas cautelares urgentes para paralizar las presuntas irregularidades urbanísticas y medioambientales en la Playa de O Con, en el municipio de Moaña. La petición incluye el precintado del área, la requisa de documentación municipal y la declaración como investigadas de la alcaldesa Leticia Santos Paz y Eva Cárdenas Botas, pareja del diputado nacional Alberto Núñez Feijóo.

Contexto de la denuncia

El caso se remonta a enero de 2025, cuando PLADESEMAPESGA presentó dos denuncias ante la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía de Galicia. Estas acusaban a Feijóo (aforado ante el Tribunal Supremo), Cárdenas y Santos Paz de permitir la existencia de una construcción ilegal en terrenos de Cárdenas en la Playa de O Con, carente de sistemas de saneamiento y vinculada a la contaminación de la zona. Según la denuncia, la alcaldesa habría incumplido la Ley de Costas y la normativa urbanística gallega al no ejecutar órdenes de demolición ni facilitar información sobre licencias.

El Tribunal Supremo archivó las diligencias contra Feijóo el 27 de enero de 2025, al no hallar indicios de su participación directa, y derivó el caso a la Fiscalía de Pontevedra por competencia territorial.

Medidas cautelares solicitadas

En su escrito de personación como acusación particular, PLADESEMAPESGA fundamenta su petición en los artículos 109.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) y 264 bis, que permiten solicitar acciones urgentes para evitar la destrucción de pruebas o la continuidad de ilícitos. Las medidas incluyen:

1. Precintado inmediato de la playa para detener obras y usos irregulares.
2. Requisa de documentación sobre licencias urbanísticas del Ayuntamiento de Moaña.
3. Declaración urgente de Santos Paz y Cárdenas como investigadas.

La plataforma, con más de 52.300 asociados, alega un interés legítimo en defensa del dominio público marítimo-terrestre y ampara su acción en la Ley Orgánica 19/1985, que legitima a asociaciones de utilidad pública para intervenir en procesos judiciales.

Respuesta judicial y próximos pasos

La Fiscalía del Tribunal Supremo destacó en su decreto de archivo que, aunque existen indicios de irregularidades urbanísticas, no se acredita la implicación de Feijóo, requisito esencial para su competencia. El caso recae ahora en la Fiscalía de Pontevedra, que deberá investigar las actuaciones de la alcaldesa y Cárdenas.

PLADESEMAPESGA ha adjuntado informes técnicos sobre daños ambientales y certificados de inscripción como asociación (nº 2012/016402 en el Registro de Galicia) para avalar su legitimidad. Delgado González insistió en que la inacción municipal ha permitido la consolidación de infracciones, vulnerando la Ley de Costas 22/1988 y la Ley 2/2016 del Suelo de Galicia.

Repercusiones políticas

El caso ha reavivado el debate sobre la protección del litoral gallego y la responsabilidad de cargos públicos en la gestión urbanística. Mientras la oposición exige transparencia, el Ayuntamiento de Moaña no se ha pronunciado.

La Fiscalía de Pontevedra tiene ahora la última palabra sobre las medidas cautelares, cuya resolución podría sentar un precedente en la lucha contra la degradación del patrimonio costero.