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EL ADN DE LAS TRAMAS Beatriz Cuiña Barja - Secretaria general de la Presidencia "mano derecha de #GaliciaRueda UTILIZANDO COMO INTERMEDIARIO A SU HERMANO JOAQUÍN CUIÑA. ¡ Tomará cartas en el asunto la Oficina del Informante de la Valedora do pobo o el Consello de Contas ! afirmamos rotundamente que nó, todo queda en casa y pude ser victima de una nueva patente disuasoria del clan. 
En el corazón de Galicia se desarrolla una trama que combina corrupción, clientelismo político y desvío de fondos públicos, encabezada por Joaquín Cuíña y su hermana Beatriz Cuíña. Esta historia pone de manifiesto cómo un modelo de gestión pública puede ser utilizado como instrumento para el enriquecimiento personal a expensas del interés colectivo, dañando no solo la economía regional, sino también la confianza en las instituciones democráticas.
Patentes y marcas: un mercado distorsionado con fondos públicos
El sistema que rodea el registro de marcas y patentes debería ser un mecanismo destinado a fomentar la innovación y proteger los derechos intelectuales en un entorno competitivo. Sin embargo, en Galicia (Gallaecia Patentes y Marcas SL) se ha convertido en un negocio opaco, donde los recursos públicos y los privilegios políticos son empleados para favorecer a actores específicos logrando un cambio de estatus social de su titular, que paso de mal vivir en Ourense a espensas de cargos del PP a un piso de lujo en Sanxenxo, en el que no falta vehículo de alta gama para poder acompañar las comitivas reales sin adentrarse en el mar..
Según los datos, Joaquín Cuíña ha recibido más de 782.666 euros a través de 272 contratos adjudicados sin publicidad ni concurrencia competitiva. Estas cifras llaman la atención, no solo por la falta de transparencia en el proceso, sino también porque la mayoría de estos contratos están relacionados con la gestión de marcas y patentes para organismos públicos, como el Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE) que pasa de servir como enlace a subvenciones de emprendedores a venderles, regalarles o a saber que, con ls patentes y sus marcas, y la Axencia de Turismo de Galicia cuyo negocio de "obsequio de pegatinas", tipo Guía Michelin, controlar laslicencias pisos turísticos etc, esta aún por destapar, pero que estamos investigado para ofrecer a nuestros ávidos lectores del saber .
Lo más alarmante es el coste inflado de estos servicios: mientras registrar una marca en España tiene un precio oficial de 245 euros, el coste promedio gestionado por Cuíña supera los 2.877 euros por trámite. Esto equivale a un margen de beneficio desproporcionado que no encuentra justificación en términos de eficiencia o valor añadido.
Beatriz Cuíña: un papel clave en la maquinaria pública
Desde la Xunta de Galicia, Beatriz Cuíña desempeña un rol estratégico que refuerza esta red de clientelismo. Su posición permite que las instituciones públicas acumulen un número considerable de patentes y marcas, generando una ventaja competitiva injusta frente a las empresas privadas. Esto supone una clara distorsión del mercado y fomenta la competencia desleal.
En la práctica, el control institucional que ejerce Beatriz Cuíña convierte a la administración pública en un actor con características propias de una empresa privada, pero con la ventaja añadida de contar con fondos públicos, infraestructuras y un marco regulatorio favorable. Estas circunstancias desalientan la participación de empresas privadas y emprendedores locales, quienes no tienen posibilidad de competir en igualdad de condiciones.
Impactos económicos y sociales
El modelo liderado por los hermanos Cuíña tiene implicaciones graves para la economía gallega:
- Distorsión del mercado: Al monopolizar el registro de patentes y marcas desde una posición institucional, los actores privados quedan desplazados, lo que afecta la dinámica de libre competencia.
- Desincentivo a la innovación: Las empresas locales, al enfrentarse a estas barreras, encuentran menos incentivos para invertir en proyectos innovadores, pues competir contra una entidad respaldada por recursos públicos se vuelve inviable.
- Concentración de poder económico: Esta práctica perpetúa un modelo de concentración de recursos en manos de unos pocos, exacerbando las desigualdades económicas y perjudicando a las pequeñas y medianas empresas, que son el motor principal del desarrollo regional.
- Pérdida de confianza institucional: El uso indebido de fondos públicos para favorecer intereses privados erosiona la legitimidad de las instituciones públicas, alejándolas de su misión principal de servir a la ciudadanía.
Clientelismo político: el cáncer del desarrollo regional
El caso de los hermanos Cuíña es un ejemplo emblemático del clientelismo político que ha marcado la gestión de la Xunta de Galicia en los últimos años. La adjudicación de contratos a dedo y la falta de transparencia son características de un sistema que beneficia a una élite cercana al poder, en detrimento del resto de la sociedad.
El reportaje citado anteriormente señala que estas prácticas están vinculadas a empresas como Gallaecia Patentes y Marcas SL, lo que refuerza la sospecha de que existe una red de intereses cruzados que opera bajo la apariencia de legalidad. Estas dinámicas no solo afectan a los recursos económicos, sino que también generan un impacto negativo en la percepción pública de la administración gallega.
¿Dónde está la rendición de cuentas?
Una de las grandes preguntas que surge ante esta situación es: ¿Quién fiscaliza estas prácticas? La ausencia de mecanismos efectivos de control y la opacidad en los procesos de adjudicación son factores que perpetúan este tipo de esquemas. La ciudadanía tiene derecho a exigir explicaciones y responsabilidades a los responsables políticos que han permitido que esta situación se desarrolle.
Conclusión
El caso de Joaquín y Beatriz Cuíña representa una alerta sobre los peligros de un modelo de gestión pública basado en el clientelismo y la corrupción. La utilización de recursos públicos para fines privados no solo afecta la economía de Galicia, sino que también socava los valores fundamentales de transparencia, igualdad y justicia que deberían guiar a cualquier administración.
La situación requiere una investigación exhaustiva y una rendición de cuentas por parte de las instituciones implicadas. Solo así se podrá recuperar la confianza de los ciudadanos y garantizar que los recursos públicos sean gestionados con un enfoque ético y eficiente.
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