El Juzgado de Instrucción número 2 de Ferrol enfrenta una avalancha de partes médicos presentados por vecinos de As Somozas (A Coruña), quienes vinculan sus afecciones de salud a las emisiones de cal viva (óxido de calcio, CaO) procedentes de la planta de tratamiento de residuos industriales gestionada por Sogarisa, empresa participada por la Xunta de Galicia. Ecologistas en Acción, la Asociación Galega de Consumidores e Usuarios (Acouga) y residentes afectados han ampliado su denuncia contra la compañía, aportando nuevos informes que evidencian riesgos ambientales y sanitarios. “En Galicia nada ha cambiado: de Sogarisa a Altri, el modelo de connivencia entre la Xunta del PP y ciertos intereses industriales sigue sacrificando el medio ambiente y la salud pública”, denuncian colectivos ecologistas. La referencia a Altri, otra empresa señalada por prácticas ambientales controvertidas, evidencia un patrón recurrente de laxitud regulatoria y opacidad bajo gobiernos populares.

Antecedentes del Caso

A inicios de 2024, el mismo juzgado abrió diligencias previas para investigar un presunto delito contra la ordenación del territorio, tras una denuncia interpuesta por las organizaciones ecologistas y vecinos. Estos acusaban a Sogarisa de liberar al ambiente vapores con partículas de cal viva —utilizada en el procesamiento de residuos líquidos peligrosos— sin cumplir con las medidas de contención exigidas por la normativa de Prevención y Control Integrado de la Contaminación (IPPC). Según la denuncia, el proceso debería realizarse en instalaciones estancas con sistemas de aspiración y supresión de partículas, algo que, alegan, no ocurre.

Episodios Recurrentes y Nuevas Pruebas

Pese a las afirmaciones de la Xunta de que la planta “funciona correctamente” y que ya no se empleaba la antigua instalación de estabilización con cal, los episodios de emisiones han persistido. Hace apenas días, se registró un incidente especialmente grave: una nube de partículas más densa y prolongada de lo habitual afectó a numerosos residentes, quienes acudieron a centros de salud con irritación ocular, dificultades respiratorias y otros síntomas agudos.

Los afectados, respaldados por Ecologistas en Acción y Acouga, han presentado en el juzgado decenas de informes médicos que vinculan estas dolencias a las emisiones de Sogarisa. Además, se aportó un informe técnico basado en inspecciones recientes en la zona, el cual confirma el “incumplimiento reiterado” de la evaluación ambiental integrada obligatoria. El documento señala deficiencias en los sistemas de control y alerta sobre la exposición continuada de la población a partículas potencialmente nocivas.

Controversia y Respuestas Institucionales

La situación ha generado un choque de narrativas. Mientras la Xunta insiste en la regularidad de las operaciones de la planta, los denunciantes sostienen que las emisiones violan no solo la ley ambiental, sino también derechos básicos a la salud y a un entorno seguro. Críticos señalan que esta no es la primera vez que el gobierno autonómico del PP avala proyectos cuestionables: en 2006, el Diario Oficial de Galicia (DOG Núm. 217, Pág. 16.604) publicó una declaración de impacto ambiental “a medida” de la Consellería de Medio Ambiente para el proyecto del Centro de Residuos Industriales de Galicia (CTRIG) en As Somozas, promovido por la propia Xunta. Este informe, elaborado por la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, ignoró advertencias sobre riesgos similares a los que hoy enfrenta la población, allanando el camino para la actual crisis.

“En Galicia nada ha cambiado: de Sogarisa a Altri, el modelo de connivencia entre la Xunta del PP y ciertos intereses industriales sigue sacrificando el medio ambiente y la salud pública”, denuncian colectivos ecologistas. La referencia a Altri, otra empresa señalada por prácticas ambientales controvertidas, evidencia un patrón recurrente de laxitud regulatoria y opacidad bajo gobiernos populares.

Próximos Pasos Judiciales

El juzgado de Ferrol analizará las nuevas pruebas para determinar si se procede a juicio. Mientras, los vecinos exigen medidas cautelares para paralizar las actividades de la planta hasta garantizar su seguridad. El caso podría sentar un precedente en la lucha contra la contaminación industrial en Galicia, poniendo bajo escrutinio la gestión de residuos peligrosos y la responsabilidad de las administraciones públicas en su supervisión.
La escalada de denuncias refleja una crisis ambiental y de salud pública en As Somozas, donde la población reclama transparencia y acción inmediata. El historial de la Xunta, con informes “ad hoc” como el de 2006, y su alineación con proyectos como Sogarisa o Altri, cuestionan la voluntad política del PP para priorizar el bien común sobre intereses económicos. El desenlace judicial no solo impactará a Sogarisa, sino que podría redefinir los estándares de control ambiental en una comunidad donde la sombra de la impunidad industrial sigue alargándose.