Por una gestión opaca, clientelar y deshumanizada del gobierno del PP en la Xunta de Galicia

A Coruña, 21 de junio de 2025. — Una denuncia presentada por la UNIÓN SINDICAL OBRERA (USO) ha revelado una situación inasumible: trabajadoras, trabajadores y usuarios de la Residencia Fundación José Otero-Carmela Martínez, en Pontepedriña (Santiago de Compostela), gestionada por Domus Vi, están sufriendo condiciones laborales e infraestructuras indignas desde hace más de tres años. Temperaturas superiores a los 32 grados, ausencia total de aire acondicionado, y un silencio cómplice por parte de las autoridades competentes.

Esto no es solo un problema técnico ni un simple descuido. Es un escándalo que involucra el uso del dinero público para mantener una red asistencial que está fallando tanto en la atención a las personas mayores como en las condiciones laborales del personal que trabaja en ellas. Y detrás de ese fracaso, hay un responsable claro: el Gobierno del Partido Popular en la Xunta de Galicia.

Un incumplimiento flagrante de la normativa laboral

Según el Real Decreto 486/1997, sobre las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, las temperaturas recomendadas oscilan entre los 23 y los 26 grados centígrados, con un máximo de 27º C para trabajos sedentarios. Sin embargo, en esta residencia de Pontepedriña, esa normativa se incumple sistemáticamente. Las trabajadoras y trabajadores están sometidos a un entorno insalubre, en espacios cerrados donde la calor se acumula sin posibilidad real de ventilación adecuada.

Este hecho no solo pone en riesgo la salud física de quienes trabajan allí, sino también la de los propios residentes, muchas veces personas frágiles, enfermas o dependientes. En lugar de garantizar su bienestar, se les somete a condiciones extremas, bajo el pretexto de una gestión privatizada que prioriza el beneficio empresarial antes que la dignidad humana.

La Xunta mira hacia otro lado… mientras paga con fondos públicos

El gobierno autonómico, liderado por el Partido Popular, subvenciona con millones de euros anuales a empresas como Domus Vi para la gestión de residencias de mayores. Pero lejos de exigir transparencia, calidad y cumplimiento de la normativa, lo que hace es tapar los casos de negligencia con un manto de silencio administrativo.

¿Cómo es posible que con dinero público se esté financiando una situación que vulnera derechos laborales básicos y principios elementales de dignidad? ¿Qué responsabilidades asume la Consellería de Política Social ante este tipo de denuncias?

La respuesta parece clara: indiferencia. Mientras miles de gallegos y gallegas pagan impuestos esperando que sus recursos se inviertan en servicios públicos dignos, el PP sigue apostando por un modelo privatizador que beneficia a grandes empresas, pero deja tiradas a las personas más vulnerables.

Una denuncia que exige acción inmediata

Ante el incumplimiento reiterado de la normativa laboral y sanitaria, USO ha decidido actuar. La presentación de una denuncia formal ante la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social es un paso necesario, pero no suficiente. Se necesita una actuación urgente por parte de la Xunta: inversiones reales en climatización, mejora de las condiciones laborales, y una auditoría completa del sistema de residencias privadas concertadas.

Pero sobre todo, se necesita voluntad política. Y eso, al parecer, es lo que más escasea en el gobierno del Partido Popular en Galicia.

Con dinero público no se puede financiar el sufrimiento.
Basta ya de privatizaciones encubiertas y de maltrato institucional.
Las residencias de mayores no son negocios: son derechos humanos.