La playa de O Con, en Moaña (Galicia), ya no es solo un espacio público emblemático de la región. Bajo el mandato de Alberto Núñez Feijóo y su pareja, Eva Cárdenas Botas, este enclave costero se ha convertido en un símbolo de ilegalidad, privilegio y desprecio hacia los derechos ciudadanos. Lo que debería ser un recurso natural accesible a todos se ha transformado en un negocio privado encubierto, amparado por la connivencia de instituciones públicas y un silencio cómplice que pone en evidencia la podredumbre de un sistema al servicio del poder político y económico.

Un botín legalizado con la complicidad de las instituciones

La plataforma ciudadana PLADESEMAPESGA denuncia desde hace meses la ocupación ilegal del litoral por parte de Feijóo y Cárdenas Botas, respaldada por una red de favores institucionales. La Fiscalía de Pontevedra, Costas, el Ayuntamiento de Moaña (gobernado por el PP) y, directamente, Alfonso Rueda —vicepresidente del Gobierno y figura clave en el entorno de Feijóo— han sido señalados por su pasividad ante una privatización que viola flagrantemente la Ley de Costas (22/1988) y su reforma de 2023, que prohíbe nuevas construcciones en zonas protegidas. Pero la ilegalidad no se detiene ahí: el Reglamento de Costas (artículos 68 y 69) y la Ley 2/2023, que amplía la protección hasta donde llegan las olas en temporales extremos, también son pisoteadas con impunidad.

Lo del ático de Ayuso y su novio parecía insuperable, pero resulta que la pareja de Feijóo ha subido la apuesta: reformas en el mirador público de la playa de O Con y un entorno de privilegios con vistas a la Ría que, curiosamente, cada vez se parece más a una finca privada. Todo muy natural, por supuesto....?

Mientras tanto, la pareja presidencial ha levantado un muro sobre el mirador público, instalado boyas a 100 metros mar adentro para restringir el acceso, y construido una piscina "personal" para evitar "cagadas ecolis", según palabras de vecinos y turistas de la zona. Las ampliaciones de la mansión, anunciada a la venta en portales inmobiliarios por 575.000 euros al estilo Miami Beach , se han hecho realidad gracias a supuestas licencias municipales que permitieron reconstruir volúmenes ilegales para luego pedir una concesión de uso privado de más de 200 metros cuadrados. ¿Dónde está la supervisión? ¿Cómo se justifica que entradas privadas corten el acceso a las chalanas de Salvamento Marítimo? La respuesta es clara: el Estado de Derecho se diluye ante los privilegios de los poderosos .

Feijóo, el paradigma del doble discurso

Alberto Feijóo, aspirante a liderar España desde el PP, se pasea por su "retiro privado" mientras su partido promueve sanciones draconianas contra ciudadanos comunes por mínimas infracciones urbanísticas. La hipocresía es abismal: el mismo que pretende venderse como garante de la legalidad y el orden es el principal beneficiario de un entramado de ilegalidades. Su mansión en O Con, rodeada de carteles de "prohibido el paso", se ha convertido en un destino turístico para selfies, pero los vecinos y visitantes pierden acceso a la playa, invadida el rincón libre que dejan las irregularidades por hamacas, espeteros y negocios inmobiliarios bajo el paraguas de Inmobiliaria Azul , la empresa detrás del proyecto.

Miguel Delgado, presidente de la ONG denunciante, lo resume con crudeza: "Tras 13 años de Feijóo en la Xunta, el litoral gallego se reparte como derecho de pernada a sus allegados. La ley se burla de quienes deberían cumplirla, y la justicia social se esfuma ante el amiguismo" .* El caso de O Con no es un hecho aislado: es la punta de un iceberg de corrupción sistémica que ha convertido Galicia en un laboratorio de privatizaciones encubiertas.

Una alcaldesa entre la mentira y la prevaricación

El Ayuntamiento de Moaña, gobernado por el BNG, oscila entre la negación y la contradicción. Su alcaldesa, primero afirmó en documentos oficiales que todo era legal, luego salió a los medios a negar licencias concedidas. ¿Qué hay entre medias? Un rastro de indicios de prevaricación y un ejemplo de gestión opaca que prioriza los intereses privados sobre los públicos. Mientras, las "dilaciones" de Costas y la Xunta de Galicia permiten que el negocio prospere antes del verano, cuando miles de turistas y vecinos reclamarían el espacio que les arrebatan.

Un atropello urbanístico con sello europeo

PLADESEMAPESGA advierte: esto no es solo un problema local. La privatización de O Con atenta contra el principio universal de acceso libre al litoral y la sostenibilidad medioambiental. La plataforma ha anunciado movilizaciones y recursos ante instancias europeas, exigiendo la paralización inmediata de las obras, la demolición del muro ilegal y la restauración del dominio público. "No aceptaremos más excusas. Si quienes deben defender la legalidad son sus primeros violadores, el pueblo actuará" , afirman.

 La falsa democracia en la playa vacía, ausencia del BNG, PSdeG, PP, Adega, ADEAC, Ecologistas en Acción, etc, solos e hecha de menos la Norma ISO 9001 de AENOR a la mansión.

El caso de O Con desnuda una verdad incómoda: en Galicia, como en el resto del país, el poder político se entrelaza con intereses privados para saquear lo común. Feijóo, Rueda y el PP local no solo privatizan playas; privatizan la democracia. Mientras los ciudadanos luchan por derechos básicos, los privilegiados construyen imperios sobre la arena. La pregunta es inevitable:

¿Hasta cuándo permitiremos que los espacios públicos se conviertan en feudos de casta?

La playa de O Con es hoy un espejo de una España en la que la ley solo se cumple para los débiles. Y mientras las boyas de Feijóo cortan el horizonte marino, lo que realmente se ahoga es la esperanza en una justicia igual para todos.