La vivienda que Eva Cárdenas, esposa del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, posee en la playa de O Con (Moaña, Pontevedra), sigue generando controversia tras revelarse que la Xunta de Galicia, entonces bajo el mandato de Feijóo, autorizó en 2019 la construcción de una piscina meses después de la compra del inmueble. Este caso, investigado por ElPlural.com, expone tensiones entre la legislación costera, las competencias autonómicas y municipales, y los privilegios en zonas de dominio público marítimo-terrestre.

La licencia de la piscina y el "timing" cuestionable

Según documentos consultados, la Xunta concedió en julio de 2019 el permiso para la piscina de la propiedad, cuya compra se formalizó en diciembre de 2018. Aunque expertos consultados señalan que este trámite no es ilegal, el corto plazo entre la adquisición y la autorización suscita dudas. La piscina se ubica en un área regulada por la Ley de Costas (Ley 22/1988), que establece restricciones en los primeros 100 metros de la ribera. No obstante, la licencia municipal habría sido suficiente para obras menores, siempre que no afectaran al dominio público.

La sombra de la Ley de Costas y la concesión de 30 años

El núcleo del conflicto radica en la posible invasión de la servidumbre de protección costera, un espacio de 100 metros donde solo se permiten usos públicos o concesiones temporales. El BOE publicó en 2023 un informe que exige la devolución de parte del terreno al dominio público, lo que llevó a Cárdenas a solicitar una concesión administrativa de 30 años, figura legal que permite el uso privado temporal, renovable y bajo estrictas condiciones.

La propiedad, construida en los años 40 bajo la legislación de 1928, carece de adaptación a la normativa actual. Expertos subrayan que cualquier reforma posterior a 1988 requiere autorización de Costas, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, además de los permisos municipales. "Abrieron ventanas, modificaron estructuras... Sin aval de Costas, esto podría ser irregular", advierte una fuente legal.

El rol del Concello de Moaña y la Xunta

El Concello de Moaña, gobernado por el BNG, ha evitado pronunciarse abiertamente, aunque fuentes municipales insinúan que las reformas interiores se tramitaron bajo "comunicaciones previas", un mecanismo ágil que no siempre requiere licencia completa. Sin embargo, la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta, entonces en manos del PP, habría omitido fiscalizar si las obras respetaban la Ley de Costas, delegando responsabilidades en el ayuntamiento.

Este vacío competencial no es nuevo. En Galicia, numerosos municipios costeros como Moaña enfrentan conflictos entre desarrollo urbano y protección ambiental. Solo en 2024, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ordenó la demolición de 20 viviendas en Ribeira por incumplir la Ley de Costas, un precedente que podría afectar a la propiedad de Cárdenas si se demuestran irregularidades.

La licencia de los años 40 y la actualización normativa

La vivienda se ampara en una licencia de los años 40, válida bajo la ley de 1928, que permitía edificaciones cercanas al mar. No obstante, la Ley de Costas de 1988 reclasificó estas zonas como dominio público, obligando a regularizar su situación. Según el abogado ambientalista Carlos Gómez, "las propiedades antiguas pueden mantener su uso, pero las reformas o ampliaciones requieren permisos específicos de Costas, algo que muchos propietarios eluden con complicidad política".

Implicaciones políticas y transparencia

La polémica se enmarca en un debate más amplio sobre la gestión de Feijóo en Galicia, donde su gobierno fue criticado por favorecer intereses privados en áreas protegidas. Organizaciones como Ecologistas en Acción exigen que se auditen todas las concesiones costeras aprobadas durante su mandato. Mientras, el PP insiste en la legalidad de los trámites: "Toda actuación se ajusta a la normativa", declaró una portavoz.

Conclusión: entre la legalidad y el privilegio

El caso de la "mansión ilegal" evidencia los límites difusos entre la autonomía municipal, las competencias autonómicas y la legislación estatal. Mientras Eva Cárdenas espera la resolución de su concesión, la ciudadanía de Moaña reclama transparencia. Como resume el catedrático de Derecho Administrativo Manuel Martínez: "El problema no es solo una piscina o un muro, sino la aplicación desigual de leyes que deberían proteger bienes públicos".

Fuentes: ElPlural.com, BOE (2023), Ley 22/1988 de Costas, Ecologistas en Acción, y declaraciones judiciales del TSXG (2024).