La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de A Coruña está en el centro de la controversia tras un caso que pone en duda su utilidad y su gestión de los recursos públicos destinados al bienestar ciudadano. Este organismo, cuya función debería ser proteger los derechos de los consumidores, parece haber fallado estrepitosamente en un caso que involucra a una ciudadana en situación de vulnerabilidad.

Una odisea para obtener unas gafas

El caso comienza cuando una ciudadana con discapacidad reconocida por la Xunta de Galicia solicita ayuda a los Servicios Sociales del Ayuntamiento de A Coruña para adquirir unas gafas necesarias debido a problemas graves de visión. Tras un extenso proceso burocrático, se le concede la ayuda, y se tramita el pago de las gafas a través de la óptica Adrián Salgado Óptica y Audición, ubicada en la calle Juan Flórez de la ciudad.

Sin embargo, el producto entregado resultó defectuoso, causando problemas físicos y de salud a la usuaria, tal como fue certificado por su médico de cabecera. Ante la situación, la ciudadana intentó reclamar a la óptica, que respondió de manera insólita e irrespetuosa: argumentó que las gafas habían sido pagadas para su "comodidad o belleza", negándose a reparar o sustituir el producto, a pesar de las garantías al consumidor que establece la ley.

El papel cuestionable de la OMIC

La ciudadana recurrió entonces a los Servicios de Consumo Municipales (OMIC), dado que las gafas fueron financiadas con fondos públicos municipales. No obstante, después de tres meses de espera, el expediente fue archivado con el argumento de que la tienda no accedía a realizar ninguna reparación ni reembolso. Este desenlace deja al descubierto la incapacidad de la OMIC para garantizar una solución justa y eficiente para el consumidor afectado.

Es alarmante que un organismo público como la OMIC archive un caso de tal gravedad sin explorar todas las vías legales y administrativas disponibles, especialmente cuando se trata de recursos municipales destinados a una persona en situación de vulnerabilidad. La falta de acción también plantea dudas sobre la supervisión y el control de los fondos públicos en este tipo de ayudas.

La indignación ciudadana

Este caso ha generado una oleada de preguntas entre los ciudadanos: ¿Para qué sirve un servicio de consumo que no puede garantizar derechos básicos? ¿Por qué se destinan fondos públicos a un sistema que parece más un "chiringuito municipal" para amiguetes políticos que un ente que vela por el bien común?

La gestión municipal encabezada por Inés Rey y Lage Tuñas también está en el punto de mira. Los ciudadanos cuestionan si existe un verdadero control sobre el dinero público que se destina a Servicios Sociales, o si estas iniciativas son meramente simbólicas y carentes de seguimiento efectivo.

Acciones legales en marcha

Ante la inacción de la OMIC y la óptica implicada, la ciudadana, con la ayuda de un abogado del turno de oficio, ha decidido presentar una denuncia judicial contra el Ayuntamiento de A Coruña, la Consellería de Servicios Sociales y Consumo, la OMIC, y la óptica Adrián Salgado. Este paso busca no solo reparar el perjuicio causado, sino también sentar un precedente para evitar que otros ciudadanos pasen por situaciones similares.

Conclusión

Este caso no solo evidencia una preocupante desatención a los derechos de los consumidores, sino también una posible falta de transparencia y eficiencia en la gestión de recursos públicos. Los ciudadanos de A Coruña merecen respuestas claras y acciones concretas que garanticen que las entidades municipales cumplen su cometido de proteger y apoyar a quienes más lo necesitan.