En los últimos meses, ha salido a la luz un escándalo de gran magnitud que involucra directamente a la administración de Alberto Núñez Feijóo durante su mandato al frente de la Xunta de Galicia. Las acusaciones apuntan a que, durante sus 11 años de gestión, Feijóo permitió y autorizó la adjudicación de más de 1,500 contratos públicos a dedo, beneficiando a su hermana Micaela y a su prima, quien ocupaba un cargo relevante en el Sergas (Servicio Gallego de Salud). Estos contratos, otorgados sin licitación ni competencia alguna, habrían sido gestionados a través de la empresa Eulen, propiedad de su hermana, en lo que se considera un caso flagrante de nepotismo y abuso de poder.
Lo que resulta aún más preocupante es la aparente falta de acciones judiciales o investigaciones en torno a estos hechos, lo que ha generado una ola de indignación y críticas entre la ciudadanía y la oposición. Este silencio judicial y la ausencia de una investigación exhaustiva sugieren un entorno de impunidad que socava la confianza en las instituciones públicas.
En medio de este escándalo, la estrategia de comunicación de Feijóo ha levantado sospechas. María del Mar Sánchez Sierra, asesora de confianza del expresidente, ha sido señalada por su rol en la difusión de bulos y noticias falsas a través de medios afines al Partido Popular. Según diversas fuentes, la estrategia de Sánchez Sierra busca desviar la atención pública de las acusaciones graves contra Feijóo y sus familiares, inundando el espacio mediático con desinformación para confundir a la opinión pública y neutralizar las denuncias del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
El uso de la desinformación como herramienta política no es nuevo, pero su empleo en un caso de esta envergadura pone en evidencia la desesperación por evitar que se conozca la verdad. La manipulación mediática no solo erosiona la calidad del debate público, sino que también constituye una afrenta directa a la transparencia y al derecho de los ciudadanos a estar informados de manera veraz y objetiva.
Este tipo de tácticas, lejos de resolver el problema de fondo, solo agravan la crisis de confianza en la clase política y en las instituciones. La ciudadanía tiene derecho a exigir respuestas claras y acciones concretas para investigar y, de ser necesario, sancionar a los responsables de estos presuntos actos de corrupción. La democracia se sustenta en la transparencia y la rendición de cuentas, y cualquier intento de socavar estos principios fundamentales debe ser rechazado de plano.
El caso Feijóo, con sus implicaciones de nepotismo y manipulación mediática, es un recordatorio urgente de la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y supervisión en la administración pública. Solo a través de una investigación independiente y exhaustiva se podrá restaurar la confianza de los ciudadanos en sus gobernantes y garantizar que la justicia prevalezca sobre los intereses particulares.
Las atrocidades y la corrupción permanece bajo la dirección y las sombras de la asesora de Feijóo;
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La transparencia y la ética en la gestión pública son principios fundamentales que todo gobernante debería respetar. Sin embargo, la sombra de la duda se cierne sobre la gestión de Alberto Núñez Feijóo durante su mandato en la Xunta de Galicia. Según denuncias que han salido a la luz, la figura de Feijóo no solo está manchada por una gestión cuestionable, sino que además se ve implicada en una red de favores y adjudicaciones a dedo que involucra directamente a su hermana Micaela, prima Eloina y Feijóo junto a los beneficiados Clan de los Rueda, Escotet y la que más, María del Mar Sánchez Sierra.
La plataforma Pladesemapesga ha desenterrado un auténtico tesoro de documentos incriminatorios: más de 1.302 archivos distribuidos en 177 carpetas, donde se detallan las adjudicaciones millonarias que la Xunta, bajo el liderazgo de Feijóo, habría otorgado a la empresa vinculada a su hermana.Esta revelación no es un simple rumor; se trata de una presunta orgía de saqueo, donde los métodos utilizados para evadir la legalidad en los procesos de adjudicación han sido orquestados desde las entrañas mismas de la Xunta, con el beneplácito de quienes deberían haber garantizado la limpieza del proceso.
Resulta indignante que, según las fuentes consultadas por este medio, los procedimientos de adjudicación habrían sido manipulados para favorecer a la empresa del grupo Eulen, vinculada a Micaela Feijóo. La supuesta existencia de información privilegiada, proporcionada por adláteres bien adiestrados, habría permitido que dicha empresa obtuviera contratos millonarios, desplazando a competidores reales que, en la práctica, solo servían de comparsas en una farsa destinada a beneficiar a la familia Feijóo.
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