El Grupo Parlamentario Socialista ha puesto sobre la mesa una realidad alarmante que evidencia la dejadez y la falta de compromiso del Gobierno gallego con uno de los sectores más emblemáticos de Galicia: la pesca. En un documento presentado formalmente ante la Mesa del Parlamento, se denuncia la grave situación que atraviesa la Cofradía de Pescadores de Vilanova de Arousa, una institución histórica que, lejos de ser protegida y fortalecida por las autoridades competentes, está siendo arrastrada hacia el abismo por una gestión ineficiente y una ausencia total de supervisión.

La Ley 9/1993, de 8 de julio, establece claramente que las cofradías de pescadores son corporaciones de derecho público, dotadas de personalidad jurídica para cumplir fines esenciales en la promoción del sector pesquero. Sin embargo, esta normativa también otorga a la Administración pública gallega la responsabilidad de ejercer la tutela sobre estas instituciones. Es decir, el Gobierno gallego tiene el deber legal de intervenir cuando una cofradía muestra signos de deterioro económico o funcional. Pero, ¿qué ha hecho realmente el Ejecutivo autonómico ante la crisis de Vilanova de Arousa? Absolutamente nada.

Desde hace meses, voces dentro del sector han alertado sobre los problemas estructurales que aquejan a esta cofradía: datos económicos preocupantes, una reducción drástica del número de miembros en sus órganos de gobierno —lo que la incapacita para tomar decisiones fundamentales— y una gestión plagada de irregularidades. Y, sin embargo, el Gobierno gallego ha optado por mirar hacia otro lado, ignorando las advertencias y permitiendo que la situación se degrade hasta límites insostenibles.

Esta inacción no solo es un incumplimiento flagrante de las obligaciones legales establecidas por la mencionada ley, sino que constituye una verdadera traición al tejido social y económico de Vilanova de Arousa. Las cofradías de pescadores no son meras entidades administrativas; son pilares fundamentales de las comunidades costeras, representando los intereses de miles de profesionales que dependen de la actividad pesquera para sobrevivir. Al permitir que una institución tan vital caiga en el desorden y la inoperancia, el Gobierno gallego está poniendo en peligro no solo el futuro de los pescadores, sino también el de sus familias y de toda una red de actividades económicas asociadas.

Lo más indignante de este caso es que la respuesta del Ejecutivo autonómico no se limita a la pasividad. Hay claros indicios de que esta omisión forma parte de una estrategia más amplia de desmantelamiento del sector pesquero tradicional, favoreciendo intereses externos y privatizando recursos que históricamente han pertenecido a las comunidades locales. Las denuncias presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista son contundentes: si no se actúa de inmediato, la cofradía de Vilanova de Arousa podría convertirse en un ejemplo más de cómo la negligencia institucional puede destruir siglos de tradición y patrimonio cultural.

Es imperativo que el Gobierno gallego asuma su responsabilidad y tome medidas urgentes. No basta con prometer soluciones a largo plazo o lanzar discursos vacíos sobre el apoyo al sector pesquero. Lo que se necesita es una intervención inmediata, acompañada de auditorías exhaustivas y, en su caso, la aplicación de sanciones a quienes hayan contribuido a esta debacle. El tiempo de las excusas y las promesas rotas debe terminar aquí y ahora.

En definitiva, lo que está ocurriendo en Vilanova de Arousa no es solo un problema local; es un síntoma de un mal mayor que afecta a toda Galicia. Un sistema que permite que las instituciones clave para la vida económica y social de las comunidades sean abandonadas a su suerte no es digno de llamarse democrático. El Gobierno gallego tiene la oportunidad de rectificar su rumbo y demostrar que está del lado de los ciudadanos y no de los intereses opacos que amenazan con despojar a Galicia de su alma marinera. Si no lo hace, será cómplice de un desastre que ya nadie podrá justificar.

La Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia (PLADESEMAPESGA) ha presentado una solicitud ante la Comisión de Transparencia de Galicia denunciando la presunta desobediencia de la Cofradía de Pescadores de A Coruña a la Ley de Transparencia.