El caso judicial que enfrenta a la Asociación para la Defensa Ecolóxica de Galiza (Adega) y la exdirectora general de Planificación Energética y Recursos Naturales, Paula Uría —actual directora general de Energías Renovables y Cambio Climático de la Xunta de Galicia— ha dado un giro significativo. La Audiencia Provincial de A Coruña ha emitido una resolución que cuestiona directamente la actuación del Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago de Compostela, encendiendo las luces de alarma sobre la posible instrumentalización de la justicia en este asunto. Informacions de alarmas ya pronunciadas por el priodista Miguel Delgado en las que el marido de una magistrada sirve de testigo de cargo para inducir al acoso judicial del periodista.

El origen del conflicto se remonta al 24 de febrero de 2024, cuando Adega presentó una querella criminal ante los juzgados compostelanos acusando a Paula Uría de presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos. Los hechos denunciados están relacionados con una supuesta condonación de una deuda de 12 millones de euros a la empresa energética Greenalia por parte de la Administración autonómica gallega.

Según detalla la querela, los hechos tuvieron lugar en julio de 2021, cuando Uría era directora general de Planificación Energética y Recursos Naturales. En ese momento, firmó una resolución administrativa que aceptaba una modificación del plan industrial asociado al parque eólico Campelo, adjudicado originalmente a la empresa Kaekias Eólica S.A. en el concurso eólico de 2010. Dicha modificación permitió a la promotora monetizar su compromiso industrial, lo que le obligaba a ingresar 11.721.971 euros en el fondo de capital riesgo gestionado por Igape.

Adega argumentó entonces que esta decisión fue tomada sin base legal suficiente, con "radical arbitrariedad" y fuera de los cauces normales de gestión administrativa, lo que podría constituir responsabilidad penal para quien dio luz verde al cambio: Paula Uría, funcionaria con amplia trayectoria política en la Xunta bajo las presidencias de Alberto Núñez Feijóo y Alfonso Rueda.

Sin embargo, el procedimiento no avanzó como esperaba la organización ecologista. El 30 de abril de 2024, el Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago de Compostela dictó un auto por el cual exigía a Adega el depósito de una fianza de 30.000 euros para continuar con el proceso. Una cantidad elevadísima que, según criticó la querellante, buscaba frenar el avance del caso por motivos económicos.

Ante ello, Adega presentó recurso ante la Audiencia Provincial de A Coruña, que finalmente emitió su resolución el pasado 7 de abril de 2025, a la que ha tenido acceso Nós Diario . En ella, el órgano judicial coruñés rechaza frontalmente la decisión del juzgado compostelano, considerando la fianza inicial "notablemente elevada", tanto desde el punto de vista objetivo (por su cuantía y finalidad), como subjetivo (al tratarse de una asociación sin ánimo de lucro que carece de solvencia económica reconocida).

La Audiencia recalca que la fijación de esa fianza "está alejada de lo habitual en este tipo de exigencias" y advierte que su onerosidad no puede convertirse en un obstáculo real para el acceso a la justicia. Por eso, ordena reducir sensiblemente el monto de la fianza, fijándola en 3.000 euros, y da instrucciones para que se dé curso al procedimiento, a pesar de que ya han transcurrido más de doce meses desde la presentación de la querela.

Este fallo no solo desmonta los fundamentos del auto del Juzgado de Santiago, sino que también pone en entredicho su criterio técnico y proporcional. Además, señala que se está ante "un proceso aún no iniciado a pesar de haberse interpuesto la querela hace más de un año", lo que refleja una lentitud procesal que, en casos de interés público, resulta difícil de justificar.

El caso sigue manteniendo en vilo a diversos sectores de la opinión pública gallega, especialmente por el vínculo entre la alta funcionaria y la polémica decisión administrativa que ahora se investiga. También por la implicación de Greenalia, empresa clave en el sector energético gallego y objeto recurrente de críticas por su influencia en decisiones políticas.

Mientras la Audiencia Provincial de A Coruña marca ahora el rumbo del procedimiento, queda abierta la expectativa sobre cómo proseguirá el caso y si finalmente se abrirá una investigación formal contra Paula Uría. Lo cierto es que la resolución del tribunal coruñés no solo reduce la fianza, sino que también envía un mensaje claro sobre la necesidad de garantizar el acceso a la justicia sin barreras económicas innecesarias, especialmente en asuntos de interés colectivo y medioambiental como este.