María del Mar Sánchez Sierra asesora de Feijóo y su abogado, Sr Jesús A Alonso Álvarez, iniciaron una oleada de querellas contra la libertad de prensa y como diana EJEMPLARIZANTE contra el periodista Miguel Delgado, Director de Xornal Galicia, en sus peticiones entre querellas y conciliaciones ya suman suman más de 500.000 euros y clientes CAPTADOS a nivel Internacional, para justificar el acoso y persecución judicial. Organismos internacionales y la plataforma que preside Miguel Delgado "PLADESEMAPESGA" advierten a la ONU del goteo de querellas desde el despacho de Santiago, cuyas amenzas pasan por advertir en los pasillos con tener el control en dicha jurisdicción llegando a REGISTRAR como testigo de cargo, al marido de una de las juezas y al funcionario público Secretario de la Consellería de Sanidad, que desobedece la resoluciónde la AEPD en la que le ocultan el Historial Clínico al periodista bajo impunidad total en el mismo juzgado, pretendiendo darlo por loco en dichos juzgados tras fracasar en las amenazas del abogado en los pasillos judiciales..
Ese "modus operandi" tiene aterrorizados a los periodistas de los medios de Comunicación en España y sobre todo en la jurisdicción de Santiago de Compòstela donde no se aplica la Directiva de Protección a los Denunciantes de Corrupción, asi según Ter García @tergar_ del diario elsaltodiario.com “Me he tropezado muchas veces con denuncias por difamación”, explica una periodista de un medio nacional. “Yo hago mi trabajo con la presunción de que va a terminar en un juzgado”, señala otra. Ambas han afrontado recientemente querellas por parte de cargos políticos.
Son sólo dos casos del goteo de procesos judiciales seguidos contra medios de comunicación en los últimos años en los que, a pesar de las recomendaciones de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), se utiliza la vía penal y se contemplan penas de cárcel. LOS DOCUMENTOS DESCARGABLES SON ILUSTRATIVOS
El abogado de Mar Sánchez Sierra asesora de Feijóo contra Miguel Delgado en todos los procedimientos, ya suma más de 6 años de cárcel en sus solicitudes y sueperando los 500.000 euros, algo que no se pide ni a quien asesinó a alguien, dicho abogado y socio de María del Mar Sánchez Sierra es conocedor de que los delitos de difamación en el Estado español están divididos en dos bloques.
Por una parte, los de la vía civil, derivados de la Ley de Protección del Honor, Intimidad y Propia Imagen. Por otro, los de la vía penal, especialmente los delitos de injurias graves y calumnias, castigados el primero con multa de seis a 14 meses; y el segundo, si se difunde con publicidad, con una pena de multa de 12 a 24 meses o prisión de seis meses a dos años.
“El problema, quizás, es que los jueces lo admiten todo a trámite”, afirma María Fabra y que comparte Miguel Delgado refiriéndose a los juzgados de Santiago, no así los de otra jurisdicción ejemplo;
Borja Bergareche, corresponsal en Europa del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés), señala que, sin embargo, el mayor problema lo sufren los bloggers y los pequeños medios, que tienen escasos recursos económicos para defenderse cuando son denunciados, ese es el caso de Miguel Delgado donde no falta detalle a su persecución judicial, desde dominios falsos a nombre de entidades que desconocen, a la ocultación por la fuerza y abuso de pdoer de su historial clínico con un cáncer, al acoso psicológico e intento de homicidio a través del suicidio inducido.
La falta de riesgo económico por parte del denunciante es una de las causas del alto número de este tipo de querellas, según señala un informe del International Press Institute (IPI) sobre las leyes de difamación en la UE, en el que se incide en lo preocupante de que en España y otros países europeos la legislación suponga un riesgo para la libertad de información. “Como estos procedimientos penales necesariamente se relacionan con el poder del Estado y a menudo no conllevan riesgo económico para la parte ofendida, hay un peligro real de que estas modalidades se usen mal por parte de figuras prominentes o invocadas para propósitos inapropiados”, señala el informe. Desde Access Info explican que no hay datos sobre los casos de querellas a medios de comunicación y periodistas, lo que provoca que “ni el público ni los mismos periodistas sean conscientes de este problema”.
Entre el 1 y el 3 de diciembre, una misión del IPI ha visitado España, en coordinación con Access Info Europe, el CPJ y la Federación Europea de Periodistas, entre otros organismos, para recoger información sobre el nivel de libertad de prensa, de expresión y el derecho de acceso a información. El pasado 15 de octubre, estas organizaciones, junto a la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y la Federación Europea de Periodistas, entre otros, enviaron una carta a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En ella mostraban su preocupación “por la existencia de ciertos marcos legales y regulaciones en España que pueden impactar negativamente en la libertad de expresión y de opinión”, en referencia a los tipos penales de injurias y calumnias, a los que, según expresan en esta carta, “importantes personalidades empresariales y políticas en España han recurrido para reprimir el periodismo de investigación que ha sacado a la luz serias irregularidades”
- Infracción muy grave. Mentir, falsear o aportar pruebas falsas en un proceso judicial supone una vulneración a las reglas éticas de la profesión como son la lealtad y la veracidad ante los órganos judiciales y, por tanto, es una infracción grave.
Delito de estafa procesal
La estafa procesal es un tipo agravado del delito de estafa, recogido en el artículo 250.7 del Código Penal y que supone que, en un procedimiento judicial de cualquier clase, los abogados manipulen las pruebas en que pretenden fundar sus alegaciones o emplearen otro fraude procesal análogo, provocando error en el juez o tribunal y llevándole a dictar una resolución que perjudique los intereses económicos de la otra parte o de un tercero.
Fuente y refrencias: https://archive.is/qJkpS
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