La justicia, como pilar fundamental del Estado democrático, debe construirse sobre principios de independencia, imparcialidad y, por encima de todo, transparencia . Sin embargo, en España, el sistema judicial muestra una serie de privilegios y opacidades que ponen en entredicho su legitimidad ante los ciudadanos. Dos cuestiones clave están en el centro del debate: el aforamiento selectivo y la falta de obligaciones de rendición de cuentas patrimoniales de los jueces. Mientras políticos y altos cargos son sometidos a controles de transparencia cada vez más exigentes, los miembros del Poder Judicial permanecen en la sombra, blindados por un estatus que, lejos de garantizar la imparcialidad, fomenta la desconfianza ciudadana.

El aforamiento: un privilegio anacrónico

España tiene más de 250.000 aforados , un número exorbitante si se compara con otros países europeos. En Italia solo hay uno (el presidente), y en Alemania no existe tal figura. De este ejército de privilegiados, más del 90% pertenece a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero detrás de ellos aparecen más de 5.000 jueces , convirtiéndolos en el segundo colectivo más numeroso de aforados. Esto significa que, en caso de cometer un presunto delito, no serán juzgados por tribunales ordinarios, sino por instancias superiores —muchas veces el Tribunal Supremo—, lo cual dilata los procesos y dificulta cualquier investigación seria.

El magistrado Manuel Marchena, del propio Tribunal Supremo, reconoce públicamente que "hay demasiados aforados" y que el "aroma de privilegio es muy intenso". Su autocrítica, aunque valiente, choca con la realidad institucional que mantiene intacto este régimen de excepción. ¿Cómo puede defenderse la igualdad ante la ley cuando miles de jueces tienen acceso a un tratamiento jurídico diferenciado?

Este sistema no solo protege a algunos de los mejores profesionales del país, sino también a quienes podrían verse involucrados en casos de corrupción, nepotismo o intereses económicos ocultos. El aforamiento, en lugar de garantizar la independencia judicial, se ha convertido en un escudo corporativo que impide la rendición de cuentas.

La opacidad patrimonial: ¿Qué esconden los jueces?

Mientras políticos, altos cargos y funcionarios de cierta relevancia deben presentar declaraciones de bienes para prevenir conflictos de interés, los jueces están exentos de esta obligación . Esta omisión resulta inadmisible en un Estado moderno que proclama la transparencia como valor fundamental. Más Madrid ha presentado una iniciativa legislativa para subsanar esta laguna legal: propone una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que obligue a todos los jueces y magistrados a presentar declaraciones públicas de bienes y actividades , similares a las que ya cumplen los representantes electos.

Esta medida busca reforzar la confianza ciudadana en el sistema judicial, asegurando que los jueces no actúan bajo influencias externas ni poseen intereses económicos contrapuestos con sus decisiones. Además, pretende establecer un registro público accesible a través del portal de transparencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), garantizando así la visibilidad de los datos sin vulnerar derechos fundamentales.

Pero la resistencia a esta transparencia no solo es institucional, sino cultural. Los jueces, en muchos casos, han actuado como una casta cerrada, ajena a los controles democráticos que afectan al resto de poderes. ¿Por qué razón no pueden los jueces rendir cuentas del mismo modo que lo hace un concejal o un ministro?

Una doble moral institucional

Resulta paradójico que mientras se discute una posible reforma constitucional para eliminar el aforamiento de diputados, senadores y miembros del Ejecutivo impulsada por Ciudadanos y apoyada ahora por el Gobierno de Pedro Sánchez, nadie ponga sobre la mesa la eliminación del aforamiento judicial . Se habla de combatir privilegios, pero solo se atiende una parte del problema.

Peor aún, mientras se exige a los políticos que declaren sus bienes y eviten conflictos de intereses, los jueces continúan fuera de este marco ético . ¿Acaso su labor es menos sensible al riesgo de corrupción? ¿No podría un juez tener intereses ocultos en empresas que luego pasan por sus despachos? ¿Es creíble que la imparcialidad pueda mantenerse sin mecanismos de control efectivos?

La respuesta del Poder Judicial: silencio cómplice

Frente a estas críticas, el CGPJ y buena parte del gremio judicial responden con un silencio cómplice o con argumentos defensivos que recuerdan a una corporación herida. Marchena, nuevamente, ilustra este malestar cuando advierte que los ataques a los jueces “están teniendo un efecto demoledor en la credibilidad de la justicia”. Pero ¿no es precisamente esa credibilidad la que se erosiona cuando se niega la transparencia y se mantiene el aforamiento?

En lugar de ver las demandas ciudadanas como una agresión, deberían entenderse como un reclamo legítimo de una sociedad que pide que los jueces sean servidores públicos, no privilegiados intocables. Si de verdad se quiere fortalecer la independencia judicial, esta debe ir acompañada de rendición de cuentas , transparencia absoluta y eliminación de privilegios anacrónicos .

Hacia una justicia verdaderamente republicana

La propuesta de Más Madrid no es una agresión a la Justicia, sino una oportunidad para modernizarla y dotarla de mayor legitimidad. Obligar a los jueces a presentar sus bienes no es una medida de sospecha, sino de prevención. No es una caza de brujas, sino una herramienta de protección tanto para los ciudadanos como para los propios jueces honestos.

Del mismo modo, revisar el régimen de aforamientos no supone debilitar la independencia judicial, sino democratizar el acceso a la justicia y garantizar que nadie esté por encima de la ley. En una república moderna, no puede haber ciudadanos de primera y segunda clase. Ni jueces blindados, ni políticos intocables, ni privilegios disfrazados de protocolo.

Si queremos una justicia fuerte, transparente y cercana, debemos empezar por acabar con el oscurantismo, los privilegios corporativos y la hipocresía institucional. Es hora de que los jueces dejen de mirar hacia otro lado y asuman que, en una democracia, nadie está por encima de la ley. Ni por su cargo, ni por su toga.

Informe sobre Jueces Condenados en España por Corrupción

El CGPJ excluye intencionadamente de sus datos sobre corrupción la prevaricación judicial

Incluye como corrupción los delitos cometidos por funcionarios públicos y políticos, pero no los cometidos por los propios jueces.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha sido criticado por su falta de transparencia al no publicar datos sobre jueces investigados o condenados por corrupción. Aunque ha creado un repositorio estadístico que incluye información sobre procesos, condenados e indultos relacionados con delitos de corrupción, el órgano omite deliberadamente los casos en los que los magistrados son responsables de prevaricación u otras faltas graves vinculadas a la administración de justicia. Esta exclusión permite que ciertos casos queden fuera del radar público, como los indultos concedidos a jueces condenados por prevaricación, tales como José Ramón Manzanares Codesal y Javier Gómez de Liaño. Al no considerar estos hechos como actos de corrupción, el CGPJ evita rendir cuentas sobre la conducta de algunos miembros del ámbito judicial, afectando la credibilidad del sistema y limitando el derecho de la ciudadanía a conocer la realidad del problema.

Ajenos a los jeuces si hay información.

La corrupción es un problema significativo en España, y el sistema judicial ha estado activo en la lucha contra este flagelo. Un resumen de los datos disponibles sobre jueces y otros funcionarios condenados por corrupción en España.

Datos Generales

• En 2024, los jueces abrieron juicio oral o procesaron por corrupción a 108 personas, 77 menos que en 2023, y concluyeron la investigación en 35 procedimientos, tres más que en el ejercicio anterior.
• Se dictaron 51 sentencias en 2024, de las cuales 30 fueron total o parcialmente condenatorias.

Distribución Geográfica

• De los 35 procedimientos por corrupción cuya instrucción o fase de investigación finalizó en 2024, 12 se siguieron en Andalucía, cinco en la Comunidad Valenciana, cuatro en la Región de Murcia, tres en la Comunidad de Madrid y en Extremadura, dos en Cataluña, en Castilla y León y en Aragón, uno en Canarias y uno en la Audiencia Nacional.

Personas Acusadas

• En 2024, se registraron 70 personas acusadas en Andalucía, 26 en la Comunidad Valenciana, 17 en Cataluña, nueve en la Comunidad de Madrid, siete en Extremadura, cinco en Castilla y León y en Murcia, tres en Canarias y dos en Aragón y en la Audiencia Nacional.

Sentencias

• En el primer trimestre de 2024, se dictaron 14 sentencias, diez de las cuales fueron total o parcialmente condenatorias.
• En el segundo trimestre de 2023, se dictaron 20 sentencias, de las cuales el 65% fueron total o parcialmente condenatorias.