CIERRE ILEGAL EN EL ACCESO A LA URBANIZACIÓN.- El caso del pelotazo urbanístico de Moaña, relacionado con la macro urbanización Residencial Golf Domaio (S.A.U. A-7), es un ejemplo paradigmático de cómo la corrupción, la especulación inmobiliaria y la dejadez administrativa han marcado décadas de políticas urbanísticas en España en la zona que pretende rematar Eva Cárdenas Botas con su okupacion del domino público y la  Playa de O Con y otro chalet presuntamente ilegal de Feijoo en la misma zona de la urbanizacion, para el PP, Moaña siempre a significado la "tarta pública que se puede comer impunemente hasta el día de hoy" . Este proyecto, iniciado en los años 90 bajo el amparo de gobiernos locales del Partido Popular (PP), ha dejado tras de sí una estela de ilegalidades, deterioro ambiental y perjuicios económicos para los ciudadanos, mientras las élites políticas permanecen aisladas en su burbuja, desconectadas de la realidad social.

Un Proyecto Nacido en la Sombra

El origen del polígono Residencial Golf Domaio se remonta a 1993, cuando el Concello de Moaña, bajo el liderazgo del PP, aprobó un ambicioso plan urbanístico que incluía la construcción de un campo de golf y hasta 462 viviendas distribuidas entre residencias familiares, adosadas y apartamentos, además de un hotel. Sin embargo, desde el principio este proyecto estuvo plagado de irregularidades y falta de transparencia.

Uno de los aspectos más graves fue la concesión de licencias de obra sin cumplir los requisitos legales mínimos. Según el informe del Arquitecto Técnico Municipal Alfonso Lage Pérez, citado en el expediente, "en tanto no se ejecuten las obras de urbanización, no se podrá edificar". Además, se exigía garantizar simultáneamente la urbanización y la edificación mediante avales financieros, algo que nunca ocurrió. Las licencias concedidas en 2001 y 2003 a empresas como Construcciones Mirón y Agarvi SL carecían de estas garantías, lo que evidencia una clara violación de la normativa vigente.

La Estafa a Compradores y Ciudadanos

El proyecto, lejos de materializarse según lo prometido, se convirtió en una auténtica estafa para quienes compraron parcelas creyendo en la viabilidad del desarrollo. La Junta de Compensación, encargada de gestionar los aprovechamientos urbanísticos, incumplió sistemáticamente sus obligaciones. De los 200 millones de pesetas (1.202.024 euros) que debía pagar al Concello como compensación por los terrenos cedidos, solo abonó 76.500.000 pesetas (459.774 euros), dejando una deuda millonaria pendiente desde 2001.

A esto se suma el abandono total de las obras de urbanización. Según el informe del arquitecto municipal Gumersindo Ferro Pichel de 2008, solo se completó el 50% de las mismas, mientras que muchas viviendas quedaron sin terminar o nunca iniciaron su construcción. Hoy en día, el área presenta un panorama desolador: vías invadidas por vegetación, arquetas expuestas, vertederos incontrolados y parcelas cubiertas de matagal y eucaliptos, constituyendo un grave riesgo medioambiental y de incendios forestales.

La Impunidad del PP y la Dejadez Administrativa

Uno de los aspectos más escandalosos de este caso es la impunidad con la que han actuado los responsables políticos. En 2010, el entonces alcalde de Moaña, miembro del PP, revocó unilateralmente los expedientes de caducidad de las licencias ilegales concedidas en 2001 y 2003, sin ningún argumento legal que justificara tal decisión. Esta medida no solo permitió mantener vivas las irregularidades, sino que incrementó los perjuicios económicos y medioambientales para el municipio.

La Valedora do Pobo, en múltiples ocasiones, ha emitido resoluciones y recordatorios instando al Concello a resolver estos expedientes de caducidad dentro de los plazos legales establecidos. Sin embargo, la respuesta ha sido siempre la misma: retrasos injustificados, falta de transparencia y omisión de responsabilidades. Esta actitud deliberada refleja una clara intención de entorpecer el cumplimiento de la legalidad y proteger intereses particulares, en lugar de velar por el bien común.

Un Modelo de Corrupción Endémica

El caso de Moaña no es un hecho aislado, sino parte de un patrón sistémico de corrupción que ha caracterizado la gestión urbanística en España durante décadas. El modelo de financiación de partidos políticos a través de comisiones ilegales en proyectos inmobiliarios ha sido denunciado repetidamente, pero sigue vigente gracias a la connivencia entre políticos, empresarios y técnicos corruptos.

Este sistema ha generado una profunda brecha entre la sociedad civil y la clase política. Mientras los ciudadanos sufren las consecuencias de proyectos fallidos y malversación de fondos públicos, los responsables políticos continúan operando en una burbuja aislada, ajena a las necesidades y preocupaciones de la gente. Esta desconexión ha alimentado el descrédito de las instituciones y ha erosionado la confianza pública en la democracia.

Una Llamada a la Acción Ciudadana

Frente a esta situación, organizaciones como el Colectivo Ecoloxista LUITA VERDE han asumido un papel crucial en la defensa de los derechos ciudadanos y la protección del medio ambiente. Su labor de denuncia y vigilancia ha puesto de relieve las múltiples irregularidades del caso Golf Domaio, exigiendo transparencia y rendición de cuentas.

Sin embargo, la solución no puede depender únicamente de la sociedad civil. Es necesario un cambio estructural que garantice la independencia judicial, fortalezca los mecanismos de control y sancione con dureza a los responsables de estos delitos. Solo así se podrá romper el círculo vicioso de corrupción que ha lastrado el desarrollo de nuestro país durante demasiado tiempo.

Conclusión; Las responsabilidades políticas recaen especialmente sobre los alcaldes y concejales de Urbanismo del PP que permitieron estas irregularidades

La conclusión jurídica del caso Golf Domaio evidencia una clara vulneración de la legalidad urbanística por parte del Concello de Moaña, con responsabilidades directas atribuibles a los sucesivos gobiernos municipales. Según el Tribunal Supremo, la caducidad de las licencias urbanísticas es un acto ineludible que responde al interés general y no puede ser ignorado por las autoridades. La dejadez del Concello en resolver los expedientes de caducidad de las licencias otorgadas ilegalmente en 2001 y 2003, así como la falta de medidas correctivas durante más de dos décadas, constituye una grave negligencia administrativa. Esta actuación contraviene los principios de eficacia, economía y celeridad establecidos en la Constitución y la Ley de Procedimiento Administrativo, protegiendo intereses particulares en detrimento del interés público. Las responsabilidades políticas recaen especialmente sobre los alcaldes y concejales de Urbanismo del PP que permitieron estas irregularidades, mientras permanecían cómplices ante la falta de urbanización, el incumplimiento de pagos comprometidos por la Junta de Compensación y la construcción de viviendas sin garantías legales ni avales.

El pelotazo urbanístico de Moaña es mucho más que un caso de corrupción local; es un símbolo del fracaso de un modelo político y económico basado en la especulación inmobiliaria y el clientelismo. Mientras no se aborde esta problemática con seriedad y determinación, seguiremos siendo testigos de nuevos escándalos que perpetúan la desigualdad, el deterioro ambiental y la pérdida de confianza en nuestras instituciones. La hora de actuar es ahora.

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