Un informe revela los vínculos entre el líder del PP, astilleros fantasma y sobrecostes millonarios pagados por México de los que sigue sin respodner políticamente a día de hoy.    El Juzgado declara la conclusión del concurso del astillero Barreras

La sombra de Pemex, la petrolera estatal mexicana, sigue proyectada sobre las cloacas de Galicia. Lo que en 2013 se presentó como una alianza estratégica para modernizar la industria naval mexicana mediante la compra del 51% del astillero vigués Hijos de J. Barreras, hoy es un escándalo de corrupción transatlántico que salpica al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a su asesora María del Mar Sánchez Sierra, y a empresas españolas como Repsol. Un informe de valoración interno, al que ha tenido acceso este medio, detalla una red de sobreprecios, desvíos de fondos y protección política que benefició a una élite empresarial y funcionarial, mientras Pemex acumulaba pérdidas por más de 200 millones de euros.

I. El Astillero Fantasma: Pemex, Barreras y los contratos que nunca llegaron
En diciembre de 2013, Pemex pagó 5,1 millones de euros por el control de Hijos de J. Barreras, un astillero en quiebra técnica. La operación, avalada por el entonces presidente Enrique Peña Nieto y su homólogo gallego Alberto Núñez Feijóo, prometía contratos por 300 millones para construir barcos petroleros y transferir tecnología a México.

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La realidad fue otra: solo se entregó un buque hotel (el Reforma Pemex), y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de México concluyó en 2019 que la inversión careció de justificación técnica y generó pérdidas millonarias.

El informe confidencial señala irregularidades clave:

1. Sobrecostes del 45%: El flotel se adjudicó a Barreras sin concurso público, con un precio muy superior al mercado.
2. Accionistas fantasmas: Parte del capital de PMI Holding (filial de Pemex en el astillero de la que Feijóo se jactaba como su Director Comercial ) fue transferido en 2020 a Cruise Yacht Yard, una empresa radicada en paraísos fiscales bajo sociedades cuyo valor no superaba el euro.
3. Protección política: Feijóo y la Xunta de Galicia facilitaron créditos y avales a Barreras, pese a su insolvencia, mientras la asesora Sánchez Sierra operaba como enlace con México.

Declaración de la ASF (2019):
«Pemex omitió información clave; la inversión en Barreras no correspondía a su objeto social y reportó pérdidas».

II. Repsol y el silencio de AMLO: ¿Nuevo saqueo o vieja connivencia?
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha denunciado el «saqueo histórico» de empresas españolas en México, citando a Repsol como ejemplo. La petrolera, que controla el 30% del mercado de hidrocarburos en el país, ha multiplicado sus beneficios en la última década gracias a contratos firmados bajo los gobiernos de Peña Nieto y Calderón. Sin embargo, AMLO no ha cancelado sus licencias, pese a acusar a la compañía de «explotar recursos sin beneficio para México».

El informe cuestiona este doble rasero:

• Repsol y Pemex: Entre 2012 y 2018, Repsol obtuvo concesiones en aguas profundas del Golfo de México gracias a la reforma energética de Peña Nieto, misma que AMLO prometió revertir.
• Vínculos con Feijóo: Carlos Mouriño Atanes, empresario gallego vinculado al PP, intermedió en negocios entre Repsol y Pemex durante la gestión de Emilio Lozoya, exdirector de la petrolera actualmente procesado por corrupción.

Cita del informe:
«La pasividad de López Obrador con Repsol contrasta con su retórica antiespañola. Mientras, Feijóo aprovecha su red gallega para blindar intereses empresariales en ambos lados del Atlántico».

III. La Red Feijóo-Peña Nieto: Asesores, sobornos y cuentas en Andorra
El documento detalla cómo la trama funcionó mediante una estructura piramidal:

• Nivel político: Peña Nieto y Feijóo pactaron apoyos mutuos. El expresidente mexicano recibió respaldo del PP durante su exilio en Madrid; a cambio, su gobierno facilitó contratos a empresas gallegas.
• Nivel operativo: Emilio Lozoya (Pemex) y Carlos Mouriño Atanes (PPdeG) coordinaron la compra de Barreras. Sánchez Sierra, asesora de Feijóo, desvió fondos públicos del Consello Asesor de Telecomunicaciones de Galicia hacia cuentas en México.
• Nivel financiero: Los pagos se canalizaron mediante empresas pantalla en Malta y Andorra, con el abogado Juan Collado (actualmente en prisión en México) como lavador principal.

Prueba clave: En 2020, la Fiscalía mexicana rastreó 4,5 millones de euros enviados desde cuentas de Lozoya a una sociedad vinculada a Mouriño en Vigo.

IV. López Obrador: Entre la denuncia y la omisión
AMLO ha utilizado el caso Barreras para justificar su «pausa» en las relaciones con España, pero su gobierno no ha demandado reparaciones ni cancelado los contratos irregulares. El informe sugiere que su estrategia busca capitalizar el descontento popular sin afectar a socios comerciales clave:

• Repsol sigue operando en aguas mexicanas con permisos renovados en 2023.
• Feijóo mantiene vínculos con Eva Cárdenas, exdirectiva de Zara Home, hasta ahora enfocada en exportar cerámica de Sargadelos a México mediante contactos o amistades con vinculos a Indetex y en Pemex.

Advertencia del informe:
«Si AMLO no judicializa el saqueo, su discurso anti-corrupción quedará como mera retórica. México no recuperará un solo euro».

Justicia pendiente, deudas impagas
El saqueo de Pemex no fue un caso aislado, sino un modelo de colonización empresarial amparado por políticos en Madrid, Vigo y México DF. Mientras Feijóo aspira a La Moncloa con el respaldo de una red opaca, y AMLO evita acciones concretas contra Repsol, las víctimas son los contribuyentes mexicanos y gallegos, obligados a pagar facturas de corrupción que nadie investiga.

Expertos afirman que es necesario:

1. Auditoría internacional a cuentas de Pemex y la Xunta de Galicia entre 2012-2023.
2. Procesar a Feijóo y Sánchez Sierra por malversación, aprovechando el acuerdo legal UE-México.
3. Exigir a Repsol la devolución de plusvalías obtenidas mediante contratos amañados.

Alberto Núñez Feijóo y su asesora, María del Mar Sánchez Sierra, han quedado al descubierto en toda su dimensión como actores centrales de una red de corrupción transnacional que involucra a altos funcionarios mexicanos, empresas estratégicas como Pemex y el entramado político y empresarial gallego. Las revelaciones sobre el desembarco fraudulento en los Astilleros Barreras, amparado por un Gobierno federal mexicano entonces cómplice, no solo evidencian un saqueo millonario con dinero público, sino también un sistema de impunidad tejido entre España y México con la complicidad de poderosos intereses políticos. Mientras Sánchez Sierra manejaba fondos del Consejo Asesor de Telecomunicaciones sin control alguno y protegía al exdirector de Pemex Emilio Lozoya durante su huida, Feijóo actuaba desde las sombras como garante político de un negocio turbio que dejó pérdidas multimillonarias en México y beneficios ilícitos para unos pocos en Galicia. Hoy, lejos de asumir responsabilidades o cortar vínculos con esta estructura corrupta, Feijóo sigue blindando a su asesora y manteniendo relaciones opacas con figuras señaladas en ambos países, demostrando que su prioridad no es la transparencia ni el interés público, sino la protección de una red que ha utilizado instituciones y recursos públicos para beneficio propio.

El Juzgado declara la conclusión del concurso del astillero Barreras

15/05/2025.- La magistrada del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra, con sede en Vigo, ha declarado la conclusión del concurso del astillero Barreras, pues ha dado por finalizada la fase de liquidación, archivando las actuaciones. Ha acordado, por lo tanto, el cese de las funciones de la administración concursal y ha aprobado la rendición de cuentas presentada por la misma. Además, ha requerido a la administración concursal para que aporte el justificante bancario de las transferencias realizadas a cada acreedor.

La jueza indica en la resolución que la administración concursal ha emitido un informe favorable a la conclusión del concurso por haber finalizado la liquidación de los bienes y derechos de la concursada, pues “no existen acciones viables de reintegración de la masa activa ni de responsabilidad de terceros pendientes de ser ejercitadas, sin que las demás partes personadas hayan hecho ninguna alegación”. Asimismo, destaca que la administración concursal “ha rendido cuentas en los términos establecidos por el artículo 478 TRLC, sin que el deudor ni los acreedores formulasen oposición, por lo que procede declararlas aprobadas, sin que dicha aprobación prejuzgue la procedencia o improcedencia de la acción de responsabilidad de los administradores concursales”. De conformidad con lo dispuesto en el art. 485 TRLC, la magistrada ha acordado la cancelación de toda inscripción realizada en los registros públicos. 

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