Galicia ante la encrucijada eólica: Ecologistas alertan sobre la saturación de renovables y los límites del sistema eléctrico+

Mientras millones de españoles se quedaban sin luz este lunes en un apagón masivo, las grandes compañías eléctricas no dudaron en priorizar sus contratos de exportación sobre las necesidades de la ciudadanía. Según los datos revelados por Libertad Digital, en pleno colapso del sistema, España continuó exportando electricidad a Marruecos, Francia y Portugal, con volúmenes que superaron los 1.200 MWh, 800 MWh y 3.500 MWh respectivamente. Este escenario no solo evidencia una gestión cuestionable, sino que revela un sistema eléctrico diseñado para servir al beneficio privado antes que al bien común.

Un sistema vulnerable, un negocio blindado

El apagón, cuyas causas técnicas aún se investigan, ha destapado una realidad incómoda: la creciente fragilidad de la red eléctrica española, exacerbada por una transición energética mal planificada y una privatización que prioriza la rentabilidad sobre la resiliencia. Las eléctricas, dueñas de un oligopolio históricamente blindado, operan bajo una lógica mercantilista que las lleva a cumplir con sus compromisos internacionales incluso cuando el país se queda a oscuras.

Expertos llevan años advirtiendo que la obsesión por sustituir tecnologías estables —como las centrales térmicas, nucleares e hidroeléctricas— por fuentes intermitentes, como la fotovoltaica y la eólica, pone en riesgo la estabilidad de la red. Estas últimas, aunque necesarias en la lucha climática, carecen de la inercia técnica que proporcionan las turbinas de las centrales convencionales, cruciales para mantener una frecuencia estable y evitar colapsos. Sin embargo, en lugar de buscar un equilibrio, las políticas energéticas han acelerado el desmantelamiento de infraestructuras tradicionales, dejando al sistema en manos de tecnologías volátiles y de una gestión empresarial cortoplacista.

Exportar en la oscuridad: La ética del lucro

El gráfico de intercambios internacionales publicado este miércoles es una prueba irrefutable de la prioridad de las eléctricas: mantener el flujo de caja antes que garantizar el suministro interno. Mientras hogares, hospitales y empresas sufrían cortes, las empresas —Iberdrola, Endesa, Naturgy y otras— siguieron exportando energía a terceros países. Esto no es un fallo técnico, sino un síntoma de un modelo que externaliza los costes sociales de sus decisiones.

¿Cómo es posible que un país exporte electricidad en medio de un apagón? La respuesta está en la arquitectura del mercado eléctrico, diseñado para proteger los contratos comerciales —incluso en situaciones críticas— mientras la población queda expuesta a los vaivenes de una red sobreexigida. Las interconexiones con Francia, Marruecos y Portugal, presentadas como símbolos de cooperación, se convierten aquí en herramientas para que las empresas eludan responsabilidades nacionales.

¿Transición energética o negocio verde?

El discurso de la descarbonización se ha utilizado para justificar una reconversión acelerada hacia las renovables, pero sin abordar sus limitaciones técnicas. La fotovoltaica, en particular, ha sido promovida como solución milagrosa, ignorando su dependencia de factores climáticos y su incapacidad para sostener la red en momentos de alta demanda o crisis. Mientras tanto, tecnologías estables —aunque contaminantes— se marginan sin alternativas realistas, creando un vacío que las propias eléctricas aprovechan para defender subvenciones públicas y precios abusivos.

Este apagón no es un incidente aislado, sino la consecuencia de un sistema capturado por intereses privados. Las eléctricas, lejos de asumir su papel como garantes de un servicio esencial, operan como actores globales en un mercado especulativo, donde la energía no es un derecho, sino una mercancía.

Hacia un nuevo modelo: ¿Soberanía energética o resignación?

Urge replantear el modelo eléctrico español. No se trata de demonizar las renovables, sino de exigir una planificación que combine innovación con seguridad, y que priorice el interés público sobre el lucro corporativo. La nacionalización de infraestructuras críticas, la regulación estricta de exportaciones en situaciones de emergencia y una moratoria en el cierre de centrales tradicionales hasta garantizar alternativas estables son pasos indispensables.

Mientras las eléctricas siguen facturando récords históricos, los ciudadanos pagan dos veces: con tarifas abusivas y con la vulnerabilidad de un sistema que los deja literalmente a oscuras. España no puede permitirse seguir en manos de quienes convierten la luz en un privilegio, no en un derecho.