El Partido Popular, liderado en Galicia por Alfonso Rueda, parece haber encontrado una nueva forma de desafiar a la justicia y a la ciudadanía. Mediante su boletín oficial, financiado con fondos públicos, ha anunciado su intención de otorgar "nuevos permisos" a los parques eólicos paralizados por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), eludiendo así las sentencias judiciales que suspendieron estos proyectos.

Enmiendas a medida: el presunto marco de corrupción

En un preocupante ejemplo de legislaciones ad hoc, el PP ha introducido modificaciones para garantizar que los proyectos eólicos judicializados obtengan el interés público superior, desbloqueando automáticamente las paralizaciones. Esto no solo suaviza los requisitos actuales, sino que establece una hoja de ruta para que tanto las viejas como las futuras instalaciones eviten el escrutinio legal.

De acuerdo con la regulación vigente, las empresas eólicas tienen un plazo de tres años para completar sus proyectos desde la obtención de las autorizaciones iniciales. Sin embargo, la Xunta ha impulsado una reforma que, bajo petición de las empresas, permite suspender estos plazos si existen recursos judiciales interpuestos. En la práctica, esto significa que los plazos legales quedarían congelados mientras los casos estén en manos de los tribunales, facilitando eludir las resoluciones del TSXG.

Los lobbies mandan, el PP obedece

Lejos de defender el interés ciudadano, la Xunta se pliega una vez más a las demandas de los grandes lobbies energéticos. A través de otra polémica reforma, permitirá que estos actores tramiten nuevos permisos de forma independiente a los proyectos paralizados, lo que abre la puerta a posibles duplicidades y maniobras para mantener activos proyectos que deberían estar suspendidos.

La medida ha sido calificada por críticos como un "ardid del PP para salvarles el culo a las eólicas". La posibilidad de que las empresas energéticas puedan operar con permisos redundantes genera serias dudas sobre la transparencia y el compromiso del gobierno gallego con la legalidad y el interés público.

El caso Naturgy-Grenalia: el vínculo con la corrupción

Otro punto álgido ha sido el anuncio inicial de que el 50 % de la energía de los parques eólicos debería ser vendida a consumidores gallegos. Aunque esta medida parecía destinada a beneficiar a los ciudadanos, su posterior dilución a través de enmiendas demuestra que la prioridad real sigue siendo el bienestar de los lobbies. Empresas como Grenalia, dirigida por la exconselleira Beatriz Mato (cesada por su vinculación a casos de corrupción en la Xunta), figuran como beneficiarias clave de estas concesiones.

La conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana, llegó a calificar esta medida como una forma de "expropiación", lo que generó una tormenta de críticas por parte del sector. La respuesta del PP fue inmediata: modificaciones en las normativas para contentar a las grandes empresas energéticas, demostrando que el gobierno autonómico prioriza los intereses privados sobre el bienestar colectivo.

Un futuro hipotecado por intereses privados

Con estas maniobras, Alfonso Rueda y el PP consolidan su imagen como un gobierno sometido a los intereses de los lobbies energéticos. Al ignorar los fallos judiciales y legislar a medida, han dejado claro que la justicia y la ciudadanía ocupan un lugar secundario en su agenda.

Estas acciones no solo ponen en riesgo el patrimonio natural y paisajístico de Galicia, sino que también siembran dudas sobre la ética y la legalidad de las actuaciones de la Xunta. ¿Cuánto más está dispuesto a ceder el PP para satisfacer a los grandes poderes económicos? Lo que está en juego no es solo la política energética de Galicia, sino la confianza de los gallegos en sus instituciones.