La Pascua de2025 y el Derecho de Pernada " ius primae noctis " sobre el Mirador y la Playa de O Con.

La gestión del litoral gallego, una joya natural y cultural que debería ser patrimonio común, está siendo mancillada por intereses políticos y personales. En el centro de esta polémica se encuentra Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia, quien parece haber tomado como misión personal torcer la Ley de Costas para otorgar privilegios a quienes menos lo merecen: Eva Cárdenas, pareja del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el propio Feijóo. El caso de la vivienda ilegal en la playa de O Con, en Moaña, es solo la punta del iceberg de un sistema que prioriza los intereses de unos pocos sobre el bienestar colectivo.

Un mirador y una playa privatizados

El escándalo gira en torno al uso indebido del mirador de Moaña y la playa de O Con, espacios públicos que deberían ser accesibles a todos los ciudadanos pero que, según denuncias, han sido apropiados de facto por Eva Cárdenas y su entorno. Este episodio no es un caso aislado de irregularidad urbanística, sino la manifestación de una práctica más amplia de "derecho de pernada" que permite a figuras políticas y sus allegados beneficiarse de recursos públicos sin rendir cuentas.

En este caso, la inmobiliaria Niebla Azul —de la que Cárdenas es administradora— re-construyó una mansión y dominio público marítimo-terrestre, una acción ilegal que ha generado indignación entre los gallegos y las organizaciones ecologistas. Sin embargo, lejos de actuar con transparencia y firmeza, Alfonso Rueda y su gobierno parecen estar diseñando un marco legal que blinde estas prácticas en lugar de erradicarlas.

La hipocresía de la Xunta

La Xunta de Galicia se prepara para asumir la gestión del litoral a partir del 1 de julio, prometiendo un registro de concesiones, un procedimiento unificado para licencias y planes para rehabilitar edificaciones costeras. Sin embargo, estas medidas no aplicarán al caso de la vivienda de Cárdenas, cuya regularización depende exclusivamente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. ¿Por qué? Porque la Xunta ha decidido lavarse las manos frente a un caso que afecta directamente a su propio partido y a uno de sus principales referentes nacionales.  La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, ha asegurado que la casa de Moaña (Pontevedra) de Eva Cárdenas, la pareja del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, es "legal" al haber sido construida antes de 1988: "No hay nada raro que no estén haciendo muchas personas".

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La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, afirmó que la resolución del expediente es "competencia exclusiva del Estado", una declaración que contrasta violentamente con el discurso oficial de la Xunta sobre la necesidad de ordenar y proteger el litoral. Esta contradicción evidencia una doble moral: mientras se anuncia un plan ambicioso para el resto del territorio, y cartas con amenzas de derrumbes por el litoral desde la Aplu..+, el caso de la mansión de Cárdenas queda fuera de cualquier escrutinio autonómico.

Pero no nos engañemos: esta decisión no es casual. La Xunta sabe que intervenir en este caso podría desencadenar un terremoto político que pondría en jaque tanto a Rueda como a Feijóo. Así, optan por la vía cómoda: hacerse los ciegos ante un abuso flagrante.

Un plan maestro para legitimar lo ilegal

El proyecto normativo presentado por la Xunta incluye medidas aparentemente positivas, como la creación de un órgano consultivo plural o un catálogo del patrimonio cultural costero. Sin embargo, estas propuestas tienen un sabor amargo cuando se considera que podrían utilizarse para legitimar ocupaciones irregulares similares a la de la vivienda de Cárdenas.

El riesgo es claro: bajo el pretexto de "dar una segunda vida" a edificaciones ya existentes, se podría abrir la puerta a la legalización retroactiva de construcciones ilegales de los amiguetes del PP. Este tipo de decisiones no solo socavan la confianza pública, sino que también perpetúan un modelo de desarrollo insostenible que pone en peligro el equilibrio ecológico y social del litoral gallego.

Feijóo, Rueda y el saqueo del patrimonio común

Lo que estamos presenciando no es más que otro capítulo del saqueo sistemático del patrimonio común por parte de quienes ostentan el poder. La complicidad entre Feijóo y Rueda en este asunto es evidente. Mientras el primero disfruta de los beneficios de una mansión construida en terreno público, el segundo se encarga de blindar jurídicamente esa situación mediante una interpretación sesgada de la Ley de Costas.

Este modus operandi no es nuevo. Durante años, el PP ha utilizado su influencia para favorecer a amigos, familiares y empresarios cercanos, siempre bajo el manto protector de la opacidad y la burocracia. Pero el caso de la playa de O Con es especialmente grave porque toca fibras sensibles: la conexión emocional de los gallegos con su costa y su rechazo visceral a la corrupción política.

Una llamada a la resistencia ciudadana

Frente a este intento de privatizar el litoral gallego, es fundamental que la sociedad civil se movilice. Organizaciones como PLADESEMAPESGA han jugado un papel crucial al denunciar estos abusos, pero necesitamos una respuesta más amplia y contundente. Los ciudadanos deben exigir transparencia y justicia, reclamando que casos como el de la vivienda de Cárdenas sean tratados con el rigor que merecen.

Alfonso Rueda puede pensar que tiene las manos libres para manipular la ley a su conveniencia, pero la historia ha demostrado que ninguna estructura de poder es eterna. Si algo caracteriza a Galicia es su capacidad de resistencia y su amor por su tierra. No permitiremos que sigan robándonos nuestro futuro.

El caso de la mansión ilegal de Eva Cárdenas en la playa de O Con es mucho más que un problema urbanístico; es un símbolo del desprecio hacia lo público y de la connivencia entre políticos y empresarios. Alfonso Rueda, en lugar de liderar una gestión transparente y justa del litoral, ha optado por convertirse en el guardián de los privilegios de unos pocos. Es hora de decir basta.

Más de medio millar de edificaciones ilegales han sido denunciadas y derribadas en el último lustro en O Morrazo por la APLU, la mayoría de ellas en el municipios de Cangas a pocos metros de la de Eva Cárdenas y Feijóo. 

Porque el litoral gallego no es propiedad de Feijóo, Cárdenas o Rueda: es nuestro.