En Galicia, la aplicación de la ley no parece ser igual para todos. Mientras que los propietarios de una vivienda en Porto do Son luchan sin éxito contra la demolición de su inmueble, figuras como Eva Cárdenas y Feijóo parecen operar con impunidad total y amaprados por los grupos de poder. Esta percepción de justicia desigual pone de relieve un preocupante desequilibrio en la aplicación de la normativa urbanística en el litoral de Galicia.
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha ratificado recientemente la orden de demolición de una vivienda en Basoñas, Porto do Son. A pesar de los esfuerzos de los propietarios por evitar el derribo, el TSXG desestimó sus argumentos y confirmó el auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de A Coruña. 
Proyecto de demolición en Outes
La orden de demolición, dictada en 2006 por la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), se había retrasado durante años. Los propietarios argumentaron que la demora implicaba la prescripción de la orden, pero el tribunal consideró que la misma seguía vigente y debía ejecutarse. https://archive.is/EikOK 26 jun 2024 . Actualizado a las 05:00 h.
Este caso contrasta notablemente con la situación de Eva Cárdenas, quien, según denuncias, no solo rehabilitó una vivienda ilegal en Moaña sin las debidas autorizaciones, sino que también realizó obras que invaden terreno público y cerró una bajada privada al mar.
Estas acciones, presuntamente irregulares, han sido objeto de denuncias por corrupción urbanística, pero no han sido tratadas con la misma celeridad y rigor que el caso de Porto do Son.
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Los afectados por la orden de demolición en Porto do Son presentaron un recurso de apelación argumentando, entre otras cosas, que no habían sido notificados adecuadamente sobre la autorización para los trabajos de demolición. El TSXG desestimó esta vía, afirmando que la falta de notificación no invalidaba la resolución, ya que no impidió a los propietarios defenderse. Además, el tribunal rechazó el argumento de prescripción basado en la reforma de la Ley 42/2015, indicando que los actos administrativos realizados interrumpieron los plazos de prescripción.
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El tribunal también consideró la proporcionalidad de la medida de demolición, apoyando la decisión de la APLU de proceder con el derribo. A pesar de que los propietarios solicitaron una medida cautelar para suspender la demolición debido a la falta de una alternativa habitacional, el TSXG no abordó esta cuestión en su fallo, que confirmó íntegramente la orden de demolición y les impuso las costas judiciales, aunque reducidas a 500 euros.
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La disparidad de trato en estos casos pone en entredicho la equidad del sistema judicial y administrativo gallego. Mientras que ciudadanos comunes enfrentan severas consecuencias por infracciones urbanísticas, parece que figuras públicas y con influencia pueden evadir con mayor facilidad las normativas, incluso cuando sus acciones afectan al dominio público.
Este caso ilustra la necesidad urgente de una aplicación imparcial y equitativa de la ley, que garantice que todos los ciudadanos, independientemente de su posición o influencia, estén sujetos a las mismas normas y consecuencias. La percepción de una justicia desigual erosiona la confianza en las instituciones y plantea serias dudas sobre la integridad del sistema legal.
CAPTURA DEL JEFE DE LA ASESORÍA JURÍDICA RECOMENDANDO TRASLADAR A LA JUSTICIA DE FORMA URGENTE LAS ILEGALIDADES DE Feijóo.
La contaminación fecal de las mansiones ilegales en la Playa de O Con sobre los mariscos es un problema de salud pública significativo que no solo afecta a los consumidores de estos productos, sino también a los bañistas y al sector turístico, pero eso a la alcaldesa Leticia Santos "le da igual", se siente orgullosa de tan ilustres vividores en la zona.
Esta contaminación puede tener graves consecuencias para la salud y la economía de las viviendas, vecinos y vecinas de la zona.
Feijóo en el 2010 exigia demoler Villa PSdeG en la Isla de Arosa y la vivienda de Carmen Gallego, ex Conselleira de Pesca, y no cesó hasta que la demolió.- La entidad Marítima pide todos los informes, actas y licencias a la Xunta de la okupación de Eva Cárdenas en la Playa de O Con donde se vierten fecales al Mar. Pladesemapesga solicitó la totalidad del informe, licencias y actas, sobre la finca okupa de Eva Cárdenas Botas cuyo expediente Nº: 2024/T-00401 ha sido confirmado....seguir leyendo..+
