La justicia gallega condena, otra vez, al sistema sanitario público por un fallo médico que podría haberse evitado. Mientras, los contribuyentes pagan la factura.

La sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que obliga al Sergas a indemnizar con 35.000 euros a un paciente al que se le extirpó un testículo por un error diagnóstico no es solo un caso más de mala praxis. Es un reflejo descarnado de un sistema que, amparado en la impunidad estructural, dilapida fondos públicos en compensar negligencias que jamás deberían ocurrir. Y lo hace, además, en un contexto de recortes y listas de espera interminables que afectan a miles de gallegos.

La negligencia como norma, no como excepción
El fallo judicial es contundente: los médicos del Punto de Atención Continuada de Silleda ignoraron los protocolos básicos ante un cuadro de dolor testicular agudo en un joven de 24 años. No realizaron una ecografía Doppler escrotal, prueba clave para detectar una torsión testicular, y optaron por enviarlo a casa con antiinflamatorios. Cuatro días después, el paciente ingresó de urgencia en el Hospital Clínico de Santiago, pero ya era tarde. El testículo, necrosado, tuvo que ser extirpado.

Lo indignante no es solo el error en sí, sino la reiterada falta de diligencia. El TSXG reconoce en su resolución que este caso se suma a “outros similares” donde se incumplen protocolos médicos elementales. Es decir: el Sergas ya conocía los riesgos de no actuar con celeridad ante estos síntomas. ¿Por qué insiste entonces en cometer los mismos fallos?

Fondos públicos: el pozo sin fondo de las indemnizaciones
Los 35.000 euros que pagará el Sergas no saldrán de los bolsillos de los responsables directos de la negligencia, sino de las arcas públicas. Es decir, de todos los gallegos. Mientras, los profesionales o gestores que tomaron decisiones erróneas —o, peor aún, optaron por la “ignorancia deliberada” ante síntomas evidentes— siguen protegidos por un sistema que no exige responsabilidades individuales.

Este caso no es aislado. Solo en 2023, el Sergas destinó más de 18 millones de euros a indemnizaciones por negligencias médicas, según datos de la Consellería de Sanidade. Cada euro gastado en compensar errores evitables es un euro que falta para contratar personal, mejorar infraestructuras o adquirir tecnología. ¿Hasta cuándo se tolerará este derroche?

La cultura de la impunidad: protocolos sin consecuencias
El TSXG subraya en su sentencia que el paciente sufrió una “perda de oportunidade terapéutica”. Traducción: si se hubiesen seguido los protocolos —que exigen una ecografía inmediata—, el testículo podría haberse salvado. Pero aquí radica el problema de fondo: los protocolos son papel mojado si no hay mecanismos para garantizar su cumplimiento ni sanciones para quienes los incumplen.

¿Cuántas sentencias más harán falta para que el Sergas implemente auditorías internas rigurosas o forme a sus profesionales en la urgencia de actuar ante síntomas críticos? La justicia gallega lleva años señalando negligencias recurrentes en casos de apendicitis mal diagnosticadas, retrasos en partos o, como aquí, torsiones testiculares. Y, sin embargo, nada cambia.

El doble drama: humano y económico
Detrás de los 35.000 euros hay un joven cuya vida quedó marcada por una discapacidad evitable, con secuelas físicas y psicológicas. Pero también hay un agravio colectivo: mientras las víctimas luchan por justicia, los contribuyentes cargan con el costo de un sistema sanitario que no rinde cuentas.

Es hora de preguntarse: ¿por qué no se exigen responsabilidades patrimoniales a los profesionales negligentes, como ocurre en otros países? ¿Por qué no se invierte en prevención —con formación y equipos— en lugar de en indemnizaciones?

Conclusión: Basta de tirar dinero (y vidas) por la borda
Galicia no puede permitirse seguir pagando las consecuencias de errores que deberían erradicarse. Cada sentencia como esta es un recordatorio de que la negligencia médica no es un “accidente”, sino el fruto de un sistema permisivo que prioriza la comodidad de unos pocos sobre la seguridad de todos.

Exigir transparencia, responsabilidad individual y reformas estructurales no es solo una cuestión de justicia para las víctimas. Es un imperativo económico y ético para un sistema sanitario público que, de otro modo, seguirá desangrándose a costa de los mismos a los que juró proteger.

Mientras el TSXG sigue tapando agujeros con sentencias, los ciudadanos exigen que alguien, por fin, cierre el grifo.