La reciente creación de la Red de Víctimas por la Justicia y la Transparencia en Galicia pone de manifiesto un escenario desolador: la creciente desconfianza en las instituciones judiciales y administrativas de la región. Este movimiento, nacido bajo el amparo de Pladesemapesga, no es solo un síntoma de descontento, sino un grito desesperado de aquellos ciudadanos que sienten que el sistema, en lugar de protegerlos, los ha abandonado.

La existencia de esta red evidencia un problema estructural en Galicia: la percepción de corrupción instalada en las instituciones públicas y la falta de voluntad investigadora por parte de quienes deberían velar por la justicia. Es alarmante que los denunciantes, en lugar de encontrar respaldo, enfrenten trabas administrativas y judiciales que los llevan al desamparo. Esto, más que un problema aislado, parece una práctica sistemática que refleja un sistema endémicamente opaco y carente de autocrítica.

La misión de la organización, centrada en la transparencia y el apoyo a las víctimas, resalta la ausencia de espacios seguros para aquellos que intentan denunciar injusticias. Es irónico que, en un sistema democrático, estas iniciativas tengan que surgir desde la sociedad civil porque el Estado ha fallado en proporcionar mecanismos efectivos para proteger los derechos de sus ciudadanos. Que una plataforma externa tenga que asumir el rol de garante de la verdad y la justicia no solo es una acusación directa al sistema, sino un reflejo de su inoperancia.

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Más preocupante aún es que esta situación no se limite a casos aislados. Las denuncias de corrupción, según los testimonios recopilados por la red, parecen ser ignoradas sistemáticamente, sugiriendo una ausencia total de apetito investigativo por parte de las autoridades. Esto no solo perjudica a las víctimas, sino que perpetúa un círculo vicioso donde la impunidad se convierte en norma y la desconfianza, en cultura.

Es crucial preguntarnos: ¿cómo es posible construir una sociedad justa si quienes intentan luchar por la verdad se encuentran con un muro de indiferencia institucional? Mientras no existan reformas profundas que garanticen el acceso a la justicia y fomenten la integridad en los procesos, Galicia continuará siendo un terreno fértil para el abuso de poder y la corrupción. La Red de Víctimas por la Justicia y la Transparencia es un paso adelante, pero no debería ser necesaria. El verdadero cambio debe provenir de un Estado dispuesto a reconocer sus fallas y a actuar en consecuencia.

En resumen, el surgimiento de esta organización no es un logro, sino un testimonio del fracaso de un sistema que ha dejado de servir a sus ciudadanos para proteger intereses oscuros y perpetuar una cultura de opacidad e irresponsabilidad.    Galicia merece algo mejor.