A Coruña,10 de enero de 2025 - El periodista Miguel Ángel Delgado González, respaldado por la plataforma Pladesemapesga, ha destapado un complejo entramado de irregularidades políticas y judiciales que involucran al Partido Popular (PP) de Gijón y a diversas instituciones públicas y judiciales. Este caso, que abarca denuncias de corrupción, filtraciones de información confidencial, acoso judicial y abuso de poder, pone en jaque la transparencia y la independencia de las instituciones españolas.

Irregularidades en el PP de Gijón

La investigación de Delgado comenzó al descubrir un presunto desvío de fondos públicos de más de 87.000 euros hacia el PP de Gijón. Este desvío, según la denuncia, se realizó a través de una empresa ficticia denominada AsturBarómetro, utilizada para elaborar encuestas manipuladas que beneficiaron políticamente a los diputados Pablo González Menéndez y Teresa Mallada.

El periodista presentó la denuncia al Tribunal de Cuentas, que abrió diligencias para investigar estos hechos. Paralelamente, el Juzgado de Instrucción Nº 4 de Gijón inició procedimientos penales bajo el expediente 0000366/2022.

Filtraciones y desprestigio público

A pesar de la gravedad de las denuncias, la Fiscalía de Asturias archivó rápidamente los casos sin una investigación exhaustiva, según Delgado. Además, desde la Fiscalía se filtró información confidencial a los medios, incluyendo la decisión de archivar las denuncias, lo que permitió a los acusados utilizar estos datos en su favor para difamar y tachar de persona desequilibrada al periodista Miguel Delgado.

En una rueda de prensa urgente, González Menéndez y Mallada desacreditaron públicamente al periodista, calificándolo de "calumniador" y "desequilibrado". Durante esta comparecencia, utilizaron documentos que no habían sido notificados oficialmente a Delgado, vulnerando sus derechos de protección de datos.

Investigaciones urbanísticas y amenazas

Delgado también denunció irregularidades urbanísticas relacionadas con Antonio Suárez Gutiérrez y su empresa Grupomar, que habrían obtenido licencias ilegales en Gijón. Estas prácticas, según el periodista, involucraban a altos cargos del PP y funcionarios locales, entre otros a AlfredoCanteli Alcalde de Oviedo quien suministraba el expediente urbanístico antes de ir al  pleno para pedir el voto favorable.

Tras estas denuncias, Delgado sufrió una serie de amenazas y denuncias falsas que, presuntamente, fueron orquestadas por miembros del PP, incluyendo a Alfredo Canteli. La Fiscalía de Gijón, liderada por Rosa María Álvarez García, no actuó para proteger al periodista ni investigar estas amenazas, lo que refuerza la percepción de un encubrimiento institucional.

Acusaciones de encubrimiento y abuso judicial

El caso también destaca un patrón de acoso judicial contra Delgado, con múltiples denuncias y maniobras legales que han complicado su labor investigativa. Estas acciones han sido atribuidas a abogados vinculados al PP, como el Sr Marin y Sofía Cosme, quienes, según Delgado, actuaron en connivencia con la Fiscalía para deslegitimar las pruebas aportadas.

Además, la Fiscalía de Asturias emitió múltiples decretos buscando archivar las denuncias presentadas por Delgado, lo que ha sido interpretado como un intento deliberado de silenciar sus investigaciones.

Fundamentos legales y demandas

El periodista ha basado sus denuncias en los principios constitucionales de tutela judicial efectiva (artículo 24 CE) y el "non bis in idem" (artículo 25 CE), que prohíbe la duplicidad de procedimientos judiciales por los mismos hechos. También ha señalado posibles delitos de estafa procesal y abuso de poder por parte de los implicados.

Entre las demandas de Delgado se incluyen:

1. Acción inmediata de las Fiscalías: Que las Fiscalías de Galicia, Asturias y el Estado actúen de oficio para investigar los hechos y frenar los abusos procesales.
2. Archivación de denuncias duplicadas: Aplicación del principio de "non bis in idem" para evitar la repetición de procesos.
3. Investigación independiente: Examen de los vínculos entre actores políticos, judiciales y empresariales.
4. Responsabilidad patrimonial del Estado: Reconocimiento de los perjuicios sufridos por la inacción de las autoridades.

Documentación clave

El caso se respalda en numerosos documentos, entre ellos:

• Denuncias ante el Tribunal de Cuentas: Por el desvío de fondos al PP de Gijón.
• Diligencias del Juzgado de Instrucción Nº 4 de Gijón: Sobre las encuestas manipuladas de AsturBarómetro.
• Filtraciones de la Fiscalía de Asturias: Que beneficiaron a los acusados.
• Pruebas de acoso judicial: Incluyendo ataques sistemáticos contra el periodista.

Repercusiones nacionales

El caso ha levantado serias dudas sobre la independencia del sistema judicial y la imparcialidad de la Fiscalía en Asturias. La falta de una investigación exhaustiva y las filtraciones de información confidencial han puesto en entredicho el papel del Ministerio Fiscal como garante de la legalidad.

Miguel Ángel Delgado continúa enfrentando amenazas y ataques, pero su lucha por la transparencia y la justicia sigue siendo un llamado de atención sobre la necesidad de fortalecer la ética y la integridad en las instituciones públicas españolas.