La corrupción y los manejos oscuros en el ámbito político de Galicia siguen saliendo a la luz, revelando una red de intereses y favores que apunta a figuras clave en la administración pública. Un claro ejemplo de ello es el caso de Rafael Louzan, presidente de la Diputación Provincial de Pontevedra, y Pastora Charlin, jefa de prensa de la Consellería de Pesca. La relación entre ambos, marcada por convenios sospechosos y tramas de financiación opacas, pone de manifiesto el nivel de impunidad con el que operan los dirigentes del Partido Popular en la región.

Según documentos oficiales, Louzan habría utilizado su posición para beneficiar económicamente a Charlin a través de la web "www.canalriasbaixas.com", una plataforma gestionada por ella, mediante convenios que suman un total de 90.762 euros. Este acuerdo, al que se accede a través del BOE de la Diputación de Pontevedra, revela cómo se han desviado recursos públicos para potenciar las campañas políticas del PP a través de medios controlados por los propios implicados. La pregunta que surge es clara: ¿cómo pueden permitirse estas maniobras sin que haya consecuencias legales para los responsables?

Documentos que no dejan lugar a dudas: Para aquellos que deseen profundizar en esta trama de corrupción, se pueden consultar los documentos oficiales que respaldan las acusaciones. Uno de ellos es el documento oficial del BOE, donde se detallan los convenios que vinculan a Louzan y Charlin en un acto claramente favorecedor para los intereses del PP y sus aliados mediáticos.

Lo más alarmante de este caso no es solo la desviación de fondos, sino las amenazas recibidas por medios como Xornal Galicia, quienes han tenido el valor de destapar estas tramas. A lo largo de los últimos meses, el periódico ha sido objeto de una serie de presiones provenientes de personas vinculadas a Charlin, con la advertencia de que, si no eliminaban contenido relacionado con la corrupción y los narcos en las Rías Baixas, se recurriría a querellas y denuncias judiciales. Un intento claro de silenciar a la prensa libre y callar las voces disidentes.

La red de amenazas que persigue la verdad: Los documentos filtrados muestran que el mismo aparato político que maneja las instituciones públicas, también controla los medios y utiliza el poder judicial para amedrentar a los periodistas que se atreven a exponer la verdad. La implicación de Mar Sánchez Sierra y su abogado en este entramado no es más que otro intento de ahogar el trabajo periodístico en un mar de amenazas y querellas injustificadas. Para más información sobre esta cuestión, se puede acceder al artículo completo en Xornal Galicia.

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Tramas de Rafael Louzan y Pastora Charlin  Archivos: 132 DOCUMENTOS DESCARGABLES

¿Quién se beneficia de la opacidad? Las redes de corrupción que operan en Galicia son un claro reflejo de cómo el Partido Popular sigue utilizando las instituciones públicas y los medios de comunicación a su favor, sin que haya un control real sobre sus acciones.

El caso de Pastora Charlin, quien además de ser funcionaria de la Xunta y responsable del canal "TVSB", también factura cantidades exorbitantes a través de su entidad privada, es solo un ejemplo más de cómo se filtran recursos públicos a intereses privados. Charlin, quien se beneficia de más de 60.000 euros en facturación privada, es otra pieza en este entramado que debería ser investigado a fondo.

El control de medios, la compra de voluntades políticas y las amenazas a la libertad de prensa son prácticas que deben ser erradicadas de la política gallega. La impunidad con la que operan ciertos personajes del PP no solo daña la democracia, sino que también socava la confianza de los ciudadanos en las instituciones que deberían velar por su bienestar. CAPTURA Y POR SUPUESTO ARCHIVADA SIN INVESTIGAR EN LOS JUZGADOS DE SANTIAGO

Es hora de que la justicia actúe con firmeza. Los documentos, los enlaces y las pruebas no pueden ser ignorados, y la sociedad gallega debe exigir respuestas. Ya no podemos permitir que los intereses privados sigan gobernando a costa de lo público. La corrupción debe ser erradicada, y quienes están detrás de estos entramados deben rendir cuentas.