La gestión de la publicidad institucional por parte de la Xunta de Galicia ha sido puesta bajo la lupa tras una serie de denuncias que evidencian un presunto uso partidista y discriminatorio de fondos públicos. Según documentos oficiales (ver los documentos referenciados todos descargables , análisis del Consello de Contas y denuncias periodísticas, altos cargos del Partido Popular (PP) en Galicia habrían utilizado contratos menores, convenios "a dedo" y modificaciones presupuestarias irregulares para favorecer a medios afines, vulnerando principios básicos de igualdad, transparencia y legalidad administrativa.

El Esquema de Favoritismo y Clientelismo

Desde 2018 hasta 2024, la Xunta de Galicia destinó más de 17,8 millones de euros en publicidad institucional , según revela un artículo de Público (REF-002 ). Este dinero fue distribuido principalmente a través de contrataciones directas sin concurrencia competitiva, beneficiando mayoritariamente a medios como La Voz de Galicia y el Grupo El Progreso , históricamente vinculados al PP. Entre los datos más alarmantes destaca que, tan solo en 2023, se repartieron 1,255 millones de euros entre periódicos, 455.377 euros a medios digitales y 266.400 euros a radios privadas, según una resolución de la Secretaría Xeral de Medios (REF-004 ).

El mecanismo utilizado para estos pagos incluía contratos menores fraccionados, ajustados al límite legal para evitar licitaciones públicas. Un caso emblemático es el de EDA TV, un canal ideológicamente afín al PP, que recibió 36.000 euros divididos en dos contratos menores para campañas de turismo (REF-009 ). Esta práctica no solo viola la normativa de contratación pública, sino que también refuerza la sospecha de clientelismo político.

Irregularidades Documentadas y Opacidad Administrativa

Un informe del Consello de Contas de Galicia (REF-001 ) señala que gastos en publicidad fueron contabilizados como "inversiones inmateriales", sin justificación legal. Además, se han identificado 222 convenios con La Voz de Galicia sin documentación técnica respaldatoria (REF-003 ), lo que sugiere un uso arbitrario de fondos públicos.

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En un patrón similar al observado en Málaga, donde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) condenó al Ayuntamiento y la Diputación por discriminación publicitaria (REF-005 ), la Xunta habría excluido sistemáticamente a medios independientes o críticos. Ejemplo de ello es El Observador , que pese a tener niveles de audiencia similares o superiores a otros beneficiarios, no recibió ni un solo contrato durante años.

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Los Denunciados: Feijóo, Rueda y Sánchez Sierra

Entre los responsables señalados figuran nombres destacados del PP gallego:

1. Alberto Núñez Feijóo : Durante sus trece años como presidente de la Xunta, supervisó la adjudicación de 45 millones de euros en publicidad institucional, principalmente a medios afines (REF-010 ).
2. Alfonso Rueda Valenzuela : Actual presidente de la Xunta, quien continuó esta práctica al repartir dos millones de euros entre medios aliados en 2023 (REF-011 ).
3. María del Mar Sánchez Sierra : Exsecretaria de Medios de la Xunta, acusada de gestionar irregularmente decenas de contratos menores y convenios (REF-012 ).

Impacto en el Periodismo y la Sociedad

Este esquema de favoritismo no solo afecta la transparencia administrativa, sino que también socava el pluralismo informativo. Según denuncias de medios independientes como La Marea , CTXT y Carne Cruda (REF-007 ), la exclusión sistemática de medios críticos constituye una forma indirecta de censura económica, restringiendo el acceso a recursos necesarios para su sostenibilidad.

Además, el caso del Faro de Vigo ilustra cómo estas prácticas pueden perpetuar la precarización del periodismo. Pese a recibir subvenciones millonarias a través de convenios específicos (REF-013 ), este medio ha sido criticado por despidos masivos y deterioro de las condiciones laborales (Texto adjunto ).

Delitos Presuntos y Solicitud de Investigación

Las acciones descritas podrían constituir varios delitos tipificados en el Código Penal español, incluyendo:

• Malversación de caudales públicos (arts. 432-435 CP).
• Prevaricación administrativa (art. 404 CP).
• Colusión agravada (art. 262 CP).
• Abuso de autoridad (art. 404 CP).

Por ello, se solicita una investigación penal exhaustiva sobre los hechos denunciados, así como medidas cautelares para asegurar la documentación y los fondos públicos implicados (Solicitud ).

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El escándalo de la publicidad institucional en Galicia no es solo un caso de malversación de fondos, sino una muestra más de cómo ciertos sectores políticos utilizan el poder para consolidar redes clientelares y silenciar voces disidentes. Frente a esto, urge una respuesta firme desde las instituciones judiciales y la sociedad civil para garantizar que el dinero público sea utilizado con transparencia y equidad, protegiendo así el derecho a la libertad de información y el pluralismo democrático.

Enlaces Relacionados:

• Informe del Consello de Contas de Galicia
• Artículo de Público sobre la trama
• Denuncias en Red por la Justicia
• Caso Faro de Vigo
• Documentos Descargables 

Este artículo se basa en documentos oficiales y fuentes periodísticas verificadas como defensa antiquerellas d ela asesora de Feijóo y sus secuaces.-.