Comunicado ONG Pladesemapesga.-
15 de mayo de 2025 | A Coruña, Galicia (España) “La ley es igual para todos”, reza el artículo 9.3 de la Constitución Española. Pero ¿es esto realmente cierto en la práctica? ¿Bajo qué condiciones se aplica esta premisa en nuestro país cuando los poderosos se enfrentan a situaciones de ilegalidad flagrante?, pero veamos el caso Miguel Delgado.
Una reciente serie de documentos oficiales y actuaciones administrativas provenientes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, así como del Servicio Provincial de Costas de Pontevedra y la Fiscalía de dicha provincia, ponen de manifiesto una grave contradicción entre lo que establece la normativa y lo que sucede sobre el terreno.
En concreto, las acciones de Alberto Núñez Feijóo , líder del Partido Popular y ex presidente de la Xunta de Galicia, junto con su pareja sentimental, Eva Cárdenas Botas , han sido denunciadas por el periodista y activista ambiental Miguel Ángel Delgado González , presidente de PLADESEMAPESGA (Plataforma en Defensa del Sector Marítimo-Pesquero de Galicia) , quien ha presentado múltiples escritos ante las autoridades competentes, incluyendo medidas cautelares urgentes, solicitudes de suspensión de expedientes y recursos de alzada.
Feijóo y Eva Cárdenas, OKUPAS de dominio público marítimo-terrestre
Según los documentos públicos consultados, Feijóo y Cárdenas disfrutan impunemente y ilegalmente de bienes pertenecientes al dominio público marítimo-terrestre en la Playa de O Con , en el municipio de Moaña (Pontevedra). Esta zona, protegida por la Ley de Costas 22/1988 , debería estar libre de construcciones o usos privativos.
No obstante, según las denuncias presentadas por Delgado González:
- Se encuentra construida una mansión ilegal , sin licencia urbanística válida.
- Existe un acceso directo a la playa desde dicha propiedad, también ilegal.
- Un mirador público ha sido usurpado y esta siendo a día de hoy utilizado exclusivamente por los propietarios de la vivienda y sus invitados, impidiendo su uso colectivo.
- La propiedad carece de conexiones legales a sistemas de evacuación de aguas residuales, lo cual genera contaminación ambiental constante.
Estos hechos no son meras especulaciones ni acusaciones sin fundamento. Las pruebas fotográficas, técnicas y documentales adjuntas al expediente CNC12/25/36/0001 avalan tales irregularidades. Además, el propio Servicio Provincial de Costas de Pontevedra reconoció en varias ocasiones la existencia de un procedimiento de recuperación posesoria del terreno afectado.
Sin embargo, pese a las reiteradas solicitudes de intervención inmediata —incluyendo el precintado de la zona, paralización de obras y remisión del caso a la Justicia—, nada se ha hecho . Al contrario, se ha optado por ignorar sistemáticamente las alertas, prolongando una situación que vulnera tanto la normativa ambiental como los principios de transparencia y justicia social.
Fiscalía de Pontevedra: silencio administrativo y denegación de personación
El pasado 14 de marzo de 2025, la Fiscalía Provincial de Pontevedra resolvió denegar la personación del denunciante, Miguel Ángel Delgado González , en las Diligencias de Investigación Penal nº 22/2025 , relativas al uso ilegal del dominio público por parte de Eva Cárdenas y Feijóo, ignorando en su decreto las medidas cautelars solicitadas. En lugar de actuar como garante del interés general, se cerró la puerta a la participación ciudadana en un asunto de interés colectivo.
Esta decisión contrasta con los fundamentos legales establecidos en el artículo 56.1 de la Ley 39/2015 , que permite adoptar medidas cautelares en casos donde puedan producirse daños irreparables al interés público. También choca con el artículo 25.1 de la Ley 29/1998 , que faculta a las autoridades para ordenar el precintado de instalaciones que afecten negativamente al dominio público.
A pesar de ello, el fiscal responsable no solo no actuó , sino que negó la posibilidad de que un ciudadano interesado en la defensa del medio ambiente participara en el proceso judicial. Una actitud que muchos interpretan como connivencia encubierta con el poder político y económico.
Servicio Provincial de Costas: omisión deliberada y dilaciones injustificadas
El Servicio Provincial de Costas de Pontevedra , encabezado por Miguel García García , ha sido señalado en numerosas ocasiones por negarse a actuar ante las evidencias de ilegalidad. El pasado 12 de marzo de 2025, respondió a una solicitud urgente de medidas cautelares presentada por PLADESEMAPESGA afirmando que “no procede pronunciarse” sobre la suspensión del expediente, ni sobre la remisión del mismo a la Fiscalía, ni sobre la prohibición de nuevas licencias urbanísticas en la zona.
Este silencio administrativo, lejos de ser pasivo, parece responder a una estrategia de protección institucional hacia figuras políticas relevantes. Mientras miles de ciudadanos comunes deben enfrentarse a multas, desahucios y sanciones por incumplimientos menores, en este caso, la falta de respuesta oficial consolida hechos consumados que podrían terminar siendo irreversible para el entorno natural.
Un Juzgado de Instrucción condiciona la Libertad de Expresión
Pero si algo demuestra que en España la ley no es igual para todos , es el tratamiento judicial recibido por Miguel Ángel Delgado González por denunciar estos hechos y otros vinculados por el mismo abogado de su acoso judicial . Este periodista, denunciado por amenazas e injurias por parte de personas vinculadas a Feijóo, fue condenado (medidas cautelares) sin juicio previo a depositar 66.666,67 euros en menos de 24 horas para asegurar responsabilidades pecuniarias futuras.
El auto judicial emitido por el Juzgado de Instrucción número 7 de A Coruña , fechado el 29 de abril de 2025, no solo carece de fundamento penal sólido, sino que supone una clara presión económica y mediática para silenciar al denunciante. Esta medida, aplicada de forma exprés, contrasta radicalmente con la lentitud burocrática habitual en otros casos de corrupción o abuso de poder.
Además, el abogado que representa a los querellantes, Jesús Ángel Alonso Álvarez , tiene un historial ligado a la defensa de altos cargos del PP gallego, incluyendo a Mar Sánchez Sierra , actual secretaria xeral del partido en Galicia. Todo ello sugiere una instrumentalización del sistema judicial para perseguir a quienes osan investigar y denunciar irregularidades en el entorno del poder.
¿Justicia ciega o justicia cómplice?
Los hechos son claros: mientras Feijóo y Cárdenas disfrutan ilegalmente de espacios públicos, se les permite continuar con sus actividades sin consecuencias; mientras se viola la Ley de Costas, el Ministerio correspondiente mira hacia otro lado; y mientras un periodista ejerce su derecho constitucional a informar y denunciar, es perseguido y amenazado con penas económicas desproporcionadas.
¿Dónde está la igualdad ante la ley que nos prometió la Constitución?
¿Qué mensaje envía el Estado de Derecho cuando los privilegiados pueden saltarse las normas y quienes denuncian son castigados?
¿Qué futuro espera a la democracia española si los mecanismos de control están al servicio de los poderosos?
Las news del día a día en España nos muestran sin equívocos que: La justicia, cada vez más lejos del pueblo. En que país del Mundo se permetiría que HAzte Oir colocara una pancarta gigante delante del Congreso imputando corrupción al Presidente de un País sin nungún tipo de pruebas
El caso de Feijóo y Eva Cárdenas no es un hecho aislado. Es el reflejo de una estructura institucional que, bajo el manto de la legalidad, protege intereses particulares frente al interés general. Es un ejemplo más de cómo los poderosos se colocan por encima de la ley , mientras los ciudadanos comunes sufren el peso completo del sistema.
Mientras se niegan las medidas cautelares solicitadas por la ONG PLADESEMAPESGA, mientras se ignora la gravedad ambiental de la situación, mientras se amordaza a los denunciantes… mientras todo eso ocurre, la sociedad pierde confianza en sus instituciones, las querellas del abogado de la Asesora de Feijóo, Maria del Mar Sánchez Sierra encuentra en los juzgados medidas cautelares urgentísimas como estas.+.
Y es que, si la ley no se aplica igual para todos, entonces ya no es justicia: es privilegio disfrazado de legalidad.
El abogado de Mar Sánchez Sierra presentó una querella en nombre del Rey del Atún de México por presuntas amenazas contra el periodista Miguel Delgado, alegando conductas que podrían configurar amenazas y coacciones. Sin embargo, la Fiscalía Provincial de A Coruña, en su dictamen del 4 de febrero de 2025, determinó que en dicha denuncia «no existe atisbo alguno, más que nominal, de ninguna coacción ni amenaza», concluyendo que los hechos relatados solo podrían encuadrarse, en su caso, en delitos de injurias o calumnias entre particulares. En consecuencia, conforme a los artículos 104 y 105 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM) y 215 del Código Penal (CP), el Ministerio Fiscal declaró carecer de legitimación para intervenir en el procedimiento, archivándose la causa en la Fiscalía por falta de fundamento jurídico para perseguir los cargos mencionados. El mismo abogado de la asesora de Feijóo en su acoso desmedido no se corta y pide informes forenses, someter al periodista para darlo por loco..+ a todo ello hay que sumar ocultación de un cáncer, persecución judical por el mismo abogado de familiares en la UCI de un hospital donde alleció 3 días después, negativa a entregarle el historial clinico y censura total en los juzgados sobre la peritación privada del acoso al que esta siendo sometido.+ Testigos totalmente imcompatibles con el testimonio judicial (pero eso no importa en los juzgados de Santiago, lo importante en empitonar al periodista como amenazó el abogado en los pasillos del juzgado) contra el periodista que si admite el juzgado, entre otros al marido de una jueza de Santiago y a la vez abogado contratado por el querellante que le nombra testigo, el Secretario de Sanidad condenado en resolución firme por la AEPD por su negativa a entregar el historial clínico al periodista Miguel delgado donde se ocultaba el cáncer, filtrado de expediente a Teresa Mallada y Pablo González Menéndez del PP de Asturias para tachar de desequilibrado dias antes de pedir el informe forense..+
Todo esto se le aplica a Feijóo Eva Cárdenas Botas por estar de okupas ileges en dominio público y un Mirador Público robado al litoral...? ¿pues como que nó ? la Justica no es igual para todos, solo para presuntos corruptos y como dijo Fernando de Quevedo ¿Donde hay poca Justicia es un peligro tener razón ?, ¡ queda dicho !
La mentalidad española, marcada por una mezcla de idealismo y desencanto, nos demuestra que en ningún otro país del mundo hubiese sido posible escribir El Quijote de la Mancha. Solo en España podía surgir una obra donde el sueño de justicia se enfrenta al absurdo de la realidad, y donde la impunidad del poder se burla abiertamente de una sociedad resignada. Cervantes, con fina ironía, retrata un mundo en el que los poderosos dictan las reglas mientras el pueblo, entre risas y tragedias, sobrevive aferrado a la esperanza y la locura.
- Expediente CNC12/25/36/0001 (Ministerio para la Transición Ecológica)
- Diligencias de Investigación Penal nº 22/2025 (Fiscalía Provincial de Pontevedra)
- Recurso de Alzada interpuesto por PLADESEMAPESGA (12/03/2025)
- Auto del Juzgado de Instrucción nº 7 de A Coruña (29/04/2025)
Nota: Este artículo se basa en información pública y documentos oficiales disponibles. Se respeta el derecho a réplica de todas las partes involucradas.
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