La situación de transparencia, control y lucha contra la corrupción en Galicia ha entrado en una espiral de desconfianza absoluta. Las instituciones encargadas de velar por la justicia y la ética pública no solo no cumplen con su cometido, sino que parecen haberse convertido en cómplices pasivos o activos de un sistema clientelar que protege a los poderosos y silencia a quienes denuncian.

Bajo el bastión del Partido Popular (PP), gobernante en Galicia desde hace décadas, las estructuras diseñadas para garantizar la transparencia, como la Valedora do Pobo , la Comisión de Transparencia de Galicia y la Oficina del Informante , han demostrado ser ineficaces, opacas e incluso partícipes de prácticas que, lejos de combatir la corrupción, la encubren. El reciente caso del nombramiento de Ricardo Pedro Ron Latas como Subdirector Xeral de la Oficina do Informante, y la prolongación indefinida de funciones de la Valedora María Dolores Fernández Galiño , pone al descubierto un entramado de intereses personales, falta de transparencia y vacíos legales que socavan la legitimidad democrática.

Un organigrama de control institucional al servicio de quien lo nombra

El Parlamento gallego, dominado por el PP, es quien designa a la Valedora do Pobo, quien a su vez preside tanto la Comisión de Transparencia como la Oficina del Informante. Estas tres instituciones son, en teoría, los pilares del control ciudadano sobre la administración, pero en la práctica, actúan como “chiringuitos” políticos donde prima la fidelidad política por encima de la independencia y la imparcialidad.

La Valedora, María Dolores Fernández Galiño, ya terminó su mandato legal de cinco años establecido por el artículo 6 de la Ley 6/1984 , reguladora del Valedor do Pobo. Sin embargo, continúa ejerciendo sus funciones "ex lege", es decir, automáticamente, hasta que se nombre a un nuevo titular. Este mecanismo permite que cargos clave sigan actuando sin control parlamentario ni límites claros, lo cual vulnera principios constitucionales tan básicos como la seguridad jurídica y la rendición de cuentas.

Pero más allá de eso, durante este periodo de “funciones”, se han realizado nombramientos estratégicos, entre ellos el de Ricardo Pedro Ron Latas , magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG) y colaborador directo del esposo de la Valedora, José Fernando Lousada Arochena , también magistrado del TSJG. Ambos han coescrito libros, organizado eventos académicos y mantenido una relación profesional estrecha, según se desprende de las capturas incluidas en el documento oficial de reclamación presentado por PLADESEMAPESGA .

¿Nombramiento legal o legalidad aparente?

Aunque técnicamente el nombramiento de Ron Latas como Subdirector Xeral de la Oficina do Informante se ajusta al Real Decreto Legislativo 5/2015 (Estatuto Básico del Empleado Público), y al Reglamento interno de la institución, existen graves irregularidades:

• No se solicitó ni se emitió declaración formal de compatibilidad bajo la Ley 53/1984 , que obliga a declarar cualquier situación que pueda afectar la imparcialidad.
• No se presentó documentación ante la Comisión de Transparencia de Galicia, como sería obligatorio si se tratara de un alto cargo (Ley 1/2016 ).
• No se evaluó públicamente posible conflicto de interés, a pesar de los vínculos profesionales y personales entre Ron Latas y el esposo de la Valedora.

Según el artículo 23 de la Ley 40/2015 , las autoridades deben abstenerse de intervenir cuando concurren circunstancias personales como relaciones de afinidad política o participación en actividades académicas conjuntas. Aunque el texto legal no menciona explícitamente esta última, la percepción de sesgo es innegable. Y como advierte la OCDE, “la mera percepción de conflicto de interés puede dañar la confianza pública.”

Falta de transparencia activa y ocultación de información

Uno de los pilares fundamentales de cualquier Estado democrático es la transparencia. Pero en Galicia, bajo el gobierno del PP, la transparencia es solo un discurso vacío. En el informe emitido por la propia Secretaría Xeral de la Valedora, se reconoce que:

• No se han hecho públicas las actas de la Junta de Coordinación donde se aprobó el nombramiento de Ron Latas.
• No se han publicado informes internos que respalden la ausencia de conflicto de interés.
• No hay copia disponible de las resoluciones que avalen la continuidad en funciones de la Valedora.

Esto viola flagrantemente la Ley de Transparencia 1/2016 , que exige máxima publicidad en actuaciones de relevancia institucional. Y aunque la Valedora no se considere un alto cargo explícito, su rol es crucial en la protección de derechos ciudadanos frente a abusos administrativos. Su falta de transparencia genera sospechas razonables de connivencia y protección de intereses particulares.

Una institución al margen del control democrático

Mientras se prolonga indefinidamente el mandato de la Valedora en funciones, y mientras se realizan nombramientos claves sin control externo, se está socavando la esencia misma del Estado de Derecho. El Tribunal Constitucional ha señalado reiteradamente que los cargos públicos deben estar sujetos a límites temporales claros para garantizar la rendición de cuentas. Sin embargo, en Galicia, estos límites están siendo ignorados sistemáticamente.

Y lo peor es que todo esto sucede con conocimiento de causa. PLADESEMAPESGA, plataforma civil comprometida con la defensa del sector marítimo-pesquero gallego, presentó una reclamación formal ante la Valedora el 22 de mayo de 2025. En ella se cuestionaba la legalidad del nombramiento de Ron Latas, el ejercicio prolongado de funciones de la Valedora, posibles conflictos de interés y la falta de transparencia. La respuesta oficial fue un archivo de la reclamación, sin desmentir ninguna de las acusaciones, lo que, en términos legales, equivale a una confirmación tácita.

¿Qué dice la ley y qué dice la realidad?

Legalmente, podría argumentarse que no se ha incurrido en ilegalidad manifiesta. Pero desde el punto de vista de la legitimidad democrática, lo ocurrido representa una grave crisis institucional:

• Se ha omitido la evaluación de conflictos de interés.
• Se ha ignorado el principio de transparencia activa.
• Se ha prolongado el ejercicio de funciones públicas sin control real.
• Se ha designado a un colaborador cercano de un familiar directo de la Valedora en un cargo estratégico.

En democracia, la legalidad no solo debe cumplirse, sino también parecerlo. Y en Galicia, bajo el gobierno del PP, esa apariencia se ha roto definitivamente.

Conclusión: Un sistema que protege a los corruptos y castiga a los denunciantes

Este artículo no pretende afirmar que haya habido corrupción explícita, aunque las sombras son largas. Lo que sí denuncia es un sistema institucional diseñado para impedir la rendición de cuentas, proteger intereses políticos y familiares, y silenciar a quienes intentan denunciar anomalías.

Mientras la Valedora do Pobo y sus órganos asociados sigan funcionando bajo este esquema, ningún ciudadano podrá sentirse seguro al denunciar casos de corrupción o mala gestión. Porque, ¿qué sentido tiene denunciar si quien debe investigar es parte del problema?

Es hora de que el Parlamento gallego impulse reformas legislativas que garanticen mayor claridad en los procesos de selección de altos cargos, así como mecanismos efectivos de control ético y transparencia. Mientras tanto, el archivo de esta reclamación no cierra el debate, sino que lo reabre con más fuerza.

Porque en democracia, denunciar la corrupción no debería ser un riesgo, sino un deber protegido por las instituciones. Y en Galicia, hoy por hoy, ese deber no tiene protección alguna.