La dimisión de María del Carmen Martínez Insua, directora xeral de Patrimonio Cultural durante doce años, no es solo una renuncia protocolaria. Es la primera gran fisura en el frágil edificio de impunidad que ha construido Alfonso Rueda al frente de la Xunta de Galicia, y pone en evidencia cómo el Partido Popular utiliza las instituciones como feudos personales, blindados por la opacidad, la complicidad y el amiguismo.
Martínez Insua fue la artífice del informe que avalaba el proyecto de macrocelulosa de Altri en Palas de Rei, un documento cuestionado incluso por ICOMOS-España —la ONG vinculada a la UNESCO—, que se desvinculó públicamente de los informes técnicos utilizados. Pero más allá de la polémica ambiental y patrimonial, lo realmente escandaloso es cómo este caso pone al descubierto un entramado de favores, contratos opacos y conflictos de intereses que salpica directamente al núcleo duro del poder popular gallego.
Mientras la responsable de Patrimonio cobraba más de 72.000 euros anuales (sin contar dietas, foros y pluses), firmaba informes técnicos que hacían oídos sordos a las alertas de expertos independientes y se aferraban a estudios encargados por la propia empresa afectada, Altri. ¿Dónde queda la objetividad técnica cuando se avala como "icono cultural" una chimenea industrial de 75 metros pagada por la multinacional portuguesa? Esa no es valoración técnica, es connivencia política disfrazada de informe administrativo.
Pero si algo caracteriza esta historia es la red clientelar que rodea al actual presidente de la Xunta. Mientras Martínez Insua se va, Alfonso Rueda sigue impertérrito, como si nada tuviera que ver con una estructura que él mismo mantiene viva. Y es que Rueda, lejos de romper con el pasado caciquil del PP gallego, lo ha reforzado con nuevas capas de corrupción encubierta. Ahora, su tía, Paloma Rueda, sigue dando cursos de formación en aulas que nadie ha visto, con alumnos inexistentes, a través de empresas como Alfer Formación, que operan bajo sospecha. ¿Este es el modelo de transparencia que prometió Rueda?
El PP gallego lleva décadas jugando con dos varas de medir: una para el ciudadano común y otra para sus allegados. Mientras miles de gallegos luchan por acceder a una plaza pública digna, personas cercanas al partido gozan de contratos opacos, cargos vitalicios y privilegios que ni siquiera se molestan en justificar. La fuga de responsables como Martínez Insua no es casualidad, es parte del guion: primero se nombran a dedo, luego se les protege, y finalmente se les permite salir discretamente cuando el escándalo ya no puede ocultarse.
Este episodio no puede quedar en agua de borrajas. Exigimos una investigación completa sobre los informes técnicos relacionados con Altri, sobre las empresas de formación vinculadas al entorno de Alfonso Rueda y sobre los mecanismos de financiación y contratación que han permitido esta situación. No queremos más dimisiones en silencio, queremos responsabilidades políticas. Queremos saber quién decidió convertir una fábrica contaminante en un “referente arquitectónico”, y qué intereses económicos hay detrás de esa decisión.
Galicia no merece ser gobernada por una casta que utiliza las instituciones como trampolines familiares y negocios privados. El caso de Martínez Insua es solo la punta del iceberg. Bajo la superficie, el PP gallego continúa utilizando la puerta de atrás para colocar a sus fieles, mientras el resto de la sociedad paga las consecuencias. Ya es hora de abrir todas las puertas y dejar entrar la luz de la democracia, la transparencia y la justicia.
María del Carmen Martínez Insua
Nació en Santiago de Compostela en 1964. Licenciada en Derecho, obtuvo el diploma de directiva y es titulada en el curso superior de derecho público.
Funcionaria de los cuerpos Superior de la Administración de la Xunta de Galicia y de Gestión de la Xunta de Galicia, desde el año 1993.
Comenzó su carrera administrativa en la Dirección General de Recursos Humanos del Sergas como asesora técnica jurídica, pasando a continuación a desarrollar cargos en la Consellería de Agricultura, Ganadería y Montes.
En el año 1996 pasó a prestar servicio en la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria, primero en personal y promoción estudiantil y luego en las jefaturas de servicio de programación, contratación y equipación.
También ostentó responsabilidades de apoyo técnico y administrativo en la Xunta Consultiva de Contratación Administrativa de Galicia de la Consellería de Hacienda.
De 2009 a 2013 desempeñó el puesto de subdirectora general de construcciones y equipación de la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria.
Desde el 1 de febrero de 2013 es responsable de la Dirección General de Patrimonio Cultural en la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria.
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