La democracia, en su esencia, se sustenta sobre pilares como la transparencia, la objetividad y el acceso equitativo a la información pública. Sin embargo, bajo el mandato de Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia, estos principios parecen estar siendo desmantelados uno a uno. La última víctima de esta estrategia orquestada por el Partido Popular gallego y que se suma a las existentes, es el Instituto Galego de Estatística (IGE), un organismo clave que desde 1988 ha garantizado la independencia, profesionalidad y rigor en la producción de datos estadísticos en Galicia. Pero ahora, bajo el control directo de Rueda, el IGE está siendo convertido en un instrumento político al servicio de intereses partidistas, mientras se abre la puerta a empresas privadas para que manipulen y exploten los datos públicos.
El Control Total: Un Ataque a la Independencia del IGE
En una maniobra que huele a autoritarismo, Alfonso Rueda ha decidido adscribir el IGE directamente a la Presidencia de la Xunta, es decir, a sí mismo. Durante 37 años, el IGE había estado adscrito a la Consellería de Facenda, lo que le otorgaba un grado de autonomía operativa frente a las presiones políticas. Ahora, sin embargo, Rueda no solo se coloca como presidente del IGE, sino también como máximo responsable del Consello Reitor del IGE y del Consello Galego de Estatística, el órgano consultivo más importante en materia estadística. Con este cambio estructural, queda claro que el objetivo es subordinar completamente el instituto a la voluntad política del PP, eliminando cualquier posibilidad de que emita informes "incómodos".
Este movimiento no es casual. Hace unos meses, el IGE publicó un informe devastador que evidenciaba la dramática pérdida de hablantes de gallego en la comunidad, producto de décadas de políticas negligentes e incluso contrarias a la normalización lingüística promovidas por sucesivos gobiernos del PP. En lugar de asumir responsabilidades o tomar medidas correctivas, Rueda optó por contratar a la empresa privada Sondaxe —vinculada al grupo de comunicación La Voz de Galicia — para elaborar un informe alternativo "presuntamente hecho a la medida" y que, convenientemente, contradecía las conclusiones del IGE. Este episodio parece haber convencido a Rueda de que el IGE, con su personal funcionario comprometido con la imparcialidad, podría seguir generando "problemas" en el futuro. Por eso, ha decidido neutralizarlo.
La Privatización Encubierta: Datos Públicos al Mejor Postor
Pero el desmantelamiento del IGE no acaba con su politización. Rueda también planea licitar un contrato para que empresas tecnológicas privadas puedan "centralizar, gestionar y explotar" los datos públicos recopilados por la Xunta. Esto implica, ni más ni menos, la entrega de información sensible y estratégica de Galicia a manos privadas, cuyo único interés es obtener beneficios económicos. ¿Qué garantías existen de que estas empresas respetarán la confidencialidad de los datos o actuarán en beneficio de la ciudadanía? Ninguna. Lo que estamos presenciando es una privatización encubierta de un servicio público esencial, poniendo en peligro tanto la seguridad de la información como el interés general.
Esta medida no solo vulnera principios fundamentales como la transparencia y la igualdad de acceso a la información, sino que también viola sentencias judiciales recientes. Tal es el caso de la resolución del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) favorable a la Confederación Intersindical Galega (CIG), que establece que no se puede sustituir el trabajo del personal funcionario público por empresas privadas con ánimo de lucro. El mensaje es claro: el Estado debe proteger la función pública, garante de la imparcialidad y del interés general, frente a intereses corporativos.
Un Golpe a la Democracia y a la Sociedad Gallega
Lo que Alfonso Rueda está haciendo con el IGE no es simplemente una reorganización administrativa; es un ataque frontal a los pilares de la democracia y al bienestar de la sociedad gallega. El Instituto Galego de Estatística no es solo un organismo técnico: es un instrumento fundamental para comprender y abordar problemas sociales, económicos y culturales. Desde su creación, el IGE ha sido reconocido por su profesionalidad, rigor y capacidad para generar datos fiables e imparciales. Bajo el control de Rueda, sin embargo, corre el riesgo de convertirse en una herramienta de propaganda al servicio del gobierno autonómico.
Además, la introducción de empresas privadas en este ámbito representa un peligro inminente. No solo se trata de monetizar los datos públicos, sino de permitir que intereses externos influyan en la toma de decisiones políticas. ¿Qué pasará cuando las estadísticas sean elaboradas por empresas cuyas prioridades no son las necesidades de la ciudadanía, sino sus propios balances financieros? ¿Cómo garantizaremos que los datos reflejen la realidad y no aquello que ciertos sectores quieren escuchar?
Un Llamado a la Resistencia RETIRANDO LA CONFIANZA al PP de Galicia.
Ante este escenario, es imperativo que la sociedad gallega reaccione. No podemos permitir que el Instituto Galego de Estatística sea secuestrado por intereses políticos y empresariales. El IGE es patrimonio de todos los gallegos y gallegas, y su misión debe seguir siendo servir al interés público, no al bolsillo de unos pocos.
Desde aquí hacemos un llamado a la movilización ciudadana, a los sindicatos, a las asociaciones profesionales y a todas las fuerzas democráticas para detener este desmantelamiento. Recordemos que la defensa del IGE no es solo la defensa de un organismo técnico, sino la defensa de nuestra democracia, nuestra soberanía y nuestro derecho a recibir información veraz y transparente.
Alfonso Rueda ha demostrado una vez más que su proyecto político pasa por debilitar los servicios públicos y someterlos a intereses partidistas y corporativos. Pero no lo vamos a permitir. El IGE pertenece a Galicia, y juntos lucharemos para que siga siendo un faro de independencia, profesionalidad y servicio a la ciudadanía.
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