Vigo, 23-de-Febrero de 2025  – La plataforma ciudadana Xuntos, registrada como asociación en la Xunta de Galicia, ha anunciado la interposición de una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado a través de la Fiscalía de Vigo contra las dirigentes políticas Irene María Montero Gil (Ministerio de Igualdad), Ione Belarra Urteaga (Secretaria General de Podemos) y Ángela Rodríguez Martínez ("Pamplona"), por presuntos delitos de omisión del deber de socorro y encubrimiento en relación con supuestas agresiones sexuales cometidas por el también dirigente Juan Carlos Monedero contra compañeras de su partido.

Según el comunicado emitido por Xuntos, las acusadas habrían tenido conocimiento de las denuncias internas por abusos sexuales atribuidas a Monedero desde al menos 2016, hechos que, según la plataforma, eran de dominio público dentro de la formación política. En lugar de comunicar los hechos a las autoridades competentes, tal como exige la ley, habrían optado por ocultarlos para "evitar un escándalo político", dejando, según la asociación, "desprotegidas a las víctimas".

Fundamento legal
La denuncia se sustenta en tres preceptos jurídicos:

1. Artículo 264 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM): Obliga a cualquier ciudadano a denunciar delitos perseguibles de oficio, sin necesidad de aportar pruebas.
2. Artículo 450 del Código Penal: Sanciona a quienes, pudiendo evitar delitos graves mediante denuncia, no lo hagan.
3. Artículo 451 del Código Penal: Tipifica el encubrimiento, al dificultar la investigación o protección de responsables de un delito.

Xuntos argumenta que la no actuación de las dirigentes permitió la posible comisión de nuevos delitos y vulneró el deber de protección hacia las víctimas. "Existía una denuncia interna desde 2016. Su silencio no solo incumplió la ley, sino que facilitó la impunidad", señaló Carlos González Armada, coordinador de la plataforma.

Próximos pasos
La asociación formalizará en los próximos días un escrito ante la Fiscalía de Vigo, que será remitido a la Fiscalía General del Estado para solicitar la apertura de una investigación. El objetivo, según Xuntos, es "esclarecer responsabilidades penales y garantizar que no se proteja a presuntos agresores por intereses partidistas".

Hasta el momento, ni las acusadas ni el partido político al que pertenecen se han pronunciado sobre la denuncia. Desde Xuntos insisten en que su acción busca "priorizar la justicia frente a la opacidad" y recuerdan que "el encubrimiento de agresiones sexuales es una vulneración grave de los derechos de las víctimas".