La reciente decisión de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de A Coruña de obligar al cierre parcial del comedor social de la Cocina Económica de Ferrol no solo refleja una alarmante desconexión con la realidad social, sino que evidencia una aplicación mecánica de normativas, ignorando el impacto humano de sus acciones. Bajo el argumento de cumplir con la Sentencia C-477/2021 del Tribunal de Justicia de la UE —que garantiza 48 horas de descanso semanal al personal—, la inspección ha optado por la vía más fácil: sacrificar un servicio vital para personas en situación de vulnerabilidad.

¿Acaso no existen alternativas para conciliar derechos laborales y sociales? La Cocina Económica, que durante años ha suplido las carencias del sistema público, se ve ahora forzada a suspender los almuerzos de los lunes y las cenas presenciales de los viernes. Esto deja a decenas de personas sin acceso a una comida caliente en días críticos, vulnerando el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que consagra el derecho a la alimentación. La ironía es amarga: una institución europea creada para proteger derechos termina siendo instrumentalizada para negarlos.

La Inspección de Trabajo, en su celo regulatorio, parece olvidar que las normas deben servir a las personas, no al revés. En lugar de colaborar con la Cocina Económica para buscar soluciones —como contratar más personal o redistribuir turnos—, ha optado por un ultimátum que penaliza a quienes menos tienen. Mientras, las administraciones públicas brillan por su ausencia. El comunicado de la Junta Directiva es un grito desesperado: ¿dónde está la red de seguridad estatal cuando una entidad benéfica colapsa bajo exigencias burocráticas?

Este caso no es un mero incumplimiento técnico; es un síntoma de un sistema que prioriza el papeleo sobre la dignidad humana. Exigimos que la Inspección de Trabajo revise su decisión y que las instituciones asuman su responsabilidad. Los comedores sociales no son un lujo: son un salvavidas. Cerrarlos, aunque sea parcialmente, es un acto de crueldad institucional que no puede quedar impune.

La ciudadanía merece respuestas, no recortes en solidaridad.