“Este congreso se está convirtiendo en un referente divulgativo en el sector del consumo”, afirmó Miguel López Crespo, secretario general de la Unión de Consumidores de Galicia (UCGAL), durante la inauguración del II Congreso Internacional de Consumo: Consumidores Vulnerables, celebrado los días 27 y 28 de mayo en la Ciudad de la Cultura de Galicia, en Santiago de Compostela.
El evento, promovido por UCGAL, reunió a cerca de cuarenta expertos y expertas de España, Portugal, Bélgica, Italia y Rumanía para analizar los desafíos que enfrentan los consumidores más vulnerables. “No se puede hablar de vivienda, alimentación, finanzas o energía sin reconocer las dificultades reales que enfrentan muchas familias hoy. La vulnerabilidad se ha convertido en un fenómeno estructural y va más allá de la pobreza energética o del sobreendeudamiento: afecta al acceso mismo a derechos básicos”, subrayó López Crespo.
En la sesión inaugural intervino también el conselleiro do Mar, Alfonso Villares, quien defendió el valor estratégico del sector del mar como garante de alimentos saludables y sostenibles. Villares reclamó la reducción del IVA para el pescado y el marisco, una medida que, según estimaciones del propio sector, supondría un ahorro de hasta 560
millones de euros para las familias gallegas. El conselleiro puso en valor programas de la Xunta como el Bono Peixe o la campaña “Galicia Sabe Amar” e incidió en la necesidad de construir un modelo de consumo responsable, justo y vinculado al territorio.
El programa del congreso se estructuró alrededor de cuatro grandes bloques temáticos —vivienda, alimentación, finanzas personales y energía— que reflejaron los principales retos sociales del consumo en la actualidad. Cada uno de ellos contó con especialistas y representantes de instituciones públicas, entidades sociales y del tejido empresarial, que ofrecieron análisis, propuestas y experiencias prácticas para avanzar hacia un consumo más equitativo y centrado en las personas.
Fueron muchas las voces participantes que calificaron el enfoque del evento como “necesario”, “acertado” y “absolutamente actual”, destacando su capacidad para poner en el centro a quién más lo precisa y para tratar el consumo como una cuestión de derechos fundamentales. La combinación de perfiles académicos, institucionales, sociales y empresariales, junto con la participación activa de colectivos vulnerables y representantes internacionales, hizo del congreso un espacio plural, útil y comprometido.
Como reflexión final, este encuentro dejó un diagnóstico claro: la vulnerabilidad ya no es una excepción, sino una realidad estructural que afecta a amplias capas de la sociedad, incluidas personas con empleo o ingresos estables. El acceso a la vivienda, a la alimentación saludable o a los servicios bancarios se convierte cada vez más en un derecho en riesgo. Por eso, urge un abordaje integral del consumo, que incorpore dimensiones sociales, educativas, ambientales y económicas, y que #apostar por la colaboración real entre administraciones, entidades sociales, empresas y ciudadanía. Este congreso demostró que ese diálogo es posible, necesario y profundamente transformador.
Cuatro bloques, un objetivo
El Congreso puso el foco en la vivienda como uno de los grandes retos sociales del consumo actual. Quedó claro que la falta de oferta y el incremento de los precios convierten el acceso a una vivienda digna en un desafío que va más allá de los colectivos
tradicionalmente vulnerables. Tal y como destacaron Heriberto García (secretario general de vivienda y urbanismo) y Juan José Yáñez (APROINCO), la problemática afecta ya también a las personas con ingresos medios. La experiencia de Provivienda, Agalín y el innovador proyecto intergeneracional del Ayuntamiento de Fuenlabrada acercaron soluciones alternativas, mientras el Clúster de la Construcción defendió la industrialización como fórmula eficaz para reducir costes y tiempos.
No ámbito de la alimentación, se evidenció la relación directa entre la situación económica de las familias y su salud nutricional. Las intervenciones pusieron de relieve a necesidad de una fiscalidad justa que facilite el acceso a alimentos saludables. Desde Safe Food Advocacy Europe se denunció la desigualdad en la aplicación del IVA en los países de la UE, y Gonzalo Rodríguez (USC) propuso una rebaja al pescado como medida de impulso económico. Tanto la representante del Comité Económico y Social Europeo (CESE), Isabel Caño como la vicepresidenta del ayuntamiento general de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas, Uxía Rodríguez, alertaron sobre el impacto de la vulnerabilidad en la obesidad infantil y destacaron el papel de los menús escolares como herramienta de equidad.
El bloque de finanzas personales fue especialmente contundente. La vulnerabilidad financiera fue analizada desde múltiples perspectivas: el sobreendeudamiento, las ciberestafas, el acceso a cuentas bancarias y los abusos en el sistema. La visión desde Portugal fue presentada por Paulo Brito de CIAB Portugal, así como la española con la participación de Bartolomé Martínez, representante de la oficina del Defensor del Pueblo. Víctor Bastante (Universidad de Almería) propuso mejoras inspiradas en el modelo francés; Alberto Cerezo (Red Acoge) reivindicó las cuentas básicas cómo derecho; mientras que la jefa de la división de reclamaciones del departamento de conducta de entidades del Banco de España, Nieves Prieto, explicó los mecanismos de protección para deudores vulnerables. Antonio Roma (Fiscalía de Santiago) y José Ignacio Canal (ABANCA) advirtieron sobre los riesgos crecientes de las estafas digitales y la necesidad de actuar con prevención y educación.
Finalmente, el apartado dedicado a la energía abordó cuestiones cruciales como la pobreza energética, la fiscalidad o la movilidad sostenible. Unai Alaña (Iberdrola) puso
sobre la mesa el reto de combinar rentabilidad empresarial con responsabilidad social. Desde ECODES y Cruz Roja hicieron un llamamiento a la acción ante una emergencia estructural que afecta a millares de hogares. La aportación de entidades como DECO (Portugal), ANESE o representantes del ámbito universitario sirvió para reforzar la idea de que la transición energética solo será justa si es accesible y eficiente para todas las personas.
El congreso
Este segundo Congreso Internacional de Consumo consolida y amplía la trayectoria iniciada en su primera edición, reafirmándose como un espacio de encuentro imprescindible para reflexionar sobre los derechos de las personas consumidoras desde una perspectiva social, inclusiva y transformadora. La iniciativa contó con el impulso de la Unión de Consumidores de Galicia (UCGAL) y con el apoyo esencial de entidades colaboradoras y patrocinadoras que hicieron posible su realización: CONSUMES, Consellería del Mar, Consellería de Política Social e Igualdad, IGVS, INEGA, Abanca, Mercadona y Gadisa Retail. Gracias a su implicación, el Congreso consiguió reunir voces expertas de varios países y sectores, reforzando su carácter plural, riguroso y orientado a la acción.