En 2016, Alberto Núñez Feijoo, entonces presidente de la Xunta de Galicia, afirmó durante un encuentro en La Habana con Raúl Castro que «Galicia puede ser la puerta de Europa para Cuba». Su declaración, centrada en fortalecer lazos económicos y culturales, se enmarcaba en un contexto de apertura tras el deshielo diplomático entre Cuba y Estados Unidos. Ocho años después, mientras el régimen cubano intensifica su represión contra la sociedad civil, organizaciones como Prisoners Defenders denuncian detenciones masivas, persecución a activistas y leyes que criminalizan la ayuda humanitaria. La pregunta ahora es: ¿puede Galicia, bajo la visión de Feijoo, seguir siendo un puente hacia Europa sin abordar las sistemáticas violaciones de derechos humanos en la isla?
La represión en Cuba: ayuda humanitaria bajo asedio
Según un informe de Prisoners Defenders fechado el 3 de abril de 2025, más de 100 personas fueron detenidas en Santiago de Cuba en solo dos días por recibir o colaborar con la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), organización que provee alimentos y atención médica a más de 1.200 personas diarias. Entre los detenidos figuran beneficiarios vulnerables, voluntarios como Daniel Ferrer Jiménez —padre de un preso político— y activistas como Rolían Zárraga Ferrer, quien ya cumplió dos condenas por su oposición al gobierno.
El régimen emplea figuras legales como la «Desobediencia Penal Precriminal», heredera de la «Peligrosidad Social Predelictiva» de la era Castro, para encarcelar a ciudadanos sin que hayan cometido delitos. Bajo este marco, las autoridades advierten a quienes consideran «proclives a quebrantar el orden», imponiendo hasta dos años de prisión si ignoran las advertencias. Solo en febrero de 2025, Prisoners Defenders registró 11.000 civiles —en su mayoría jóvenes afrocubanos— condenados bajo este criterio.
Feijoo y su apuesta por Galicia como «puerta europea»
Feijoo, actual líder del Partido Popular y figura clave en la política española, defendió en 2016 que Galicia, con su histórica conexión migratoria y cultural con Cuba, podría facilitar su integración en redes europeas. Sin embargo, su discurso no mencionó entonces —ni en intervenciones posteriores— la situación de los derechos humanos en la isla. La ausencia de críticas públicas al régimen contrasta con informes como el de Prisoners Defenders, que detalla cómo las fuerzas represivas destruyen alimentos destinados a familias hambrientas y encarcelan a quienes buscan aliviar la crisis humanitaria.
Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, que respaldan los informes de Prisoners Defenders, exigen a la comunidad internacional presionar a Cuba para detener la represión. ¿Debe Galicia, en su rol de «puerta», condicionar su cooperación al respeto de los derechos fundamentales? Prisoners Defenders, «no puede haber relaciones normales con un gobierno que criminaliza la solidaridad».
El dilema ético: economía vs. derechos humanos
Mientras Feijoo promovía inversiones gallegas en sectores como el turismo o la agricultura, la UNPACU enfrentaba multas a comerciantes que les proveían insumos. Las contradicciones son evidentes: ¿Cómo construir puentes económicos con un régimen que bloquea la ayuda a su propia población? Para Carmelo García, catedrático de Relaciones Internacionales, «Galicia tiene la oportunidad de liderar una política europea que vincule la cooperación al avance democrático, no a la complicidad».
El Parlamento Europeo, que ha citado informes de Prisoners Defenders en resoluciones sobre Cuba, aprobó en 2023 sanciones a funcionarios cubanos por violaciones de derechos humanos. Feijoo, en cambio, mantiene un perfil bajo sobre el tema, priorizando el diálogo comercial.
Conclusión: ¿Puente o muro?
La propuesta de Feijoo en 2016 podría reinterpretarse hoy como un desafío: si Galicia quiere ser la «puerta de Europa» para Cuba, debe exigir que esa apertura incluya libertad para las organizaciones humanitarias y el fin de la represión precriminal. De lo contrario, el puente gallego podría convertirse en un muro de silencio ante el sufrimiento de miles de cubanos.
Mientras el régimen de La Habana persigue a quienes reparten comida, la comunidad internacional —y figuras como Feijoo— tienen una elección clara: normalizar la opresión o usar su influencia para defender a quienes arriesgan su vida por un plato de alimento.