Respecto a la situación en España, ACOM denuncia la preocupante actitud, no sólo del Gobierno de España, de los partidos que lo apoyan y de los medios de comunicación, sino también de algunos de los órganos de la administración de la justicia española que no han alcanzado a comprender la gravedad de este auge del antisemitismo violento y filoterrorista y sus riesgos reales e inmediatos para los judíos españoles.

ACOM señala que las instituciones no han actuado con la contundencia que permite la ley contra la incitación al odio y a la violencia, así como, en los casos de enaltecimiento del terrorismo.

Los terribles acontecimientos que tuvieron lugar ayer en la ciudad de Ámsterdam, un auténtico pogromo en pleno siglo XXI, han puesto otra vez de manifiesto una realidad alarmante que no puede ser ignorada. Lo ocurrido anoche en la capital neerlandesa fue una salvaje cacería de judíos en el corazón de Europa. Tan aterrador como previsible.

Este incidente no es un hecho aislado ni espontáneo, sino la culminación de las miles de amenazas, directas o veladas, de las consignas de apoyo al terrorismo y la violencia que se han repetido en todas y cada una de las manifestaciones anti israelíes que se han celebrado con la excusa de la guerra contra Hamás. Los linchamientos que se han producido en Ámsterdam son el resultado directo de la retórica incendiaria y los eslóganes que se han permitido en nuestras calles: “Desde el río hasta el Mar”, “Intifada, intifada”, “viva la resistencia palestina”, banderas de organizaciones terroristas como el FPLP, Hamás o Hezbolá y distintos llamados a la eliminación de Israel y el exterminio de sus habitantes, la criminalización constante de todos los que apoyamos a Israel y la demonización generalizada de los judíos.

No nos equivoquemos, ninguna son expresiones de libertad, solidaridad, expresiones de humanitarismo o ansias de paz, sino una clara incitación a actos de odio y enaltecimiento de atentados terroristas. Pero la justicia española no ha reconocido, y sigue sin reconocer, la diferencia crucial entre la expresión de opiniones y la promoción activa del odio con una llamada a la acción específica contra la minoría judía, oculta o no bajo la excusa del “antisionismo”. Con la excusa de un falso garantismo y una perversa interpretación de la libertad de expresión, los jueces no pueden simplemente esperar a que ese ataque se produzca para sancionar que se ponga a personas, comunidades y asociaciones en la diana para actos terroristas y ataques violentos.

Es imperativo que el sistema judicial adopte una postura más proactiva y preventiva. Los jueces deben interpretar y aplicar la legislación existente sobre delitos de odio antisemita y glorificación de terrorismo con la firmeza que la ley permite, reconociendo el peligro inminente a la integridad física de los judíos que representa la violenta retórica antisemita de esas expresiones públicas de odio. La conexión entre este discurso y los actos violentos es evidente y debe ser considerada en las decisiones judiciales. No podemos esperar a que apuñalamientos, atropellos, linchamientos ocurran para que los jueces actúen contra las amenazas que los anuncian y promueven.

Tenemos ejemplos claros. Desde ACOM hemos presentado varias denuncias, inadmitidas o archivadas por la falta de indicios de delitos. Por ejemplo:

• 1. Denuncia contra Ione Belarra, entonces ministra en funciones de Derechos Sociales y Agenda 2030 y hoy Secretaria General de Podemos, por un delito de incitación al odio, previsto y penado en el Art. 510 del Código Penal. Ione Belarra, valiéndose de su cargo, y sirviéndose de la repercusión de sus manifestaciones, difundió tanto a través de sus redes sociales como en distintas intervenciones públicas, reiterados agresivos mensajes que, criminalizando de modo generalizado al Estado Judío, sus instituciones y sus ciudadanos, incitaban a actos de odio contra los israelíes que residen en nuestro país. Esta denuncia fue inadmitida por la Fiscalía del Tribunal Supremo.
• 2. Denuncia contra el Museo Reina Sofía, personalizable en su Director Manuel Segade, por la organización de un programa especial en el que, con el pretexto de solidaridad con Palestina, utilizó el eslogan, «desde el río hasta el mar”, lo que constituye un llamado eufemístico a la destrucción del Estado judío y el exterminio de sus habitantes, lo que supone una clara incitación al odio, prevista y penada en el Art. 510 del Código Penal. La denuncia fue archivada por la Fiscalía de Madrid sin respuesta oficial, alegando falta de indicios de criminalidad.
• 3. Denuncia contra la organización filoterrorista Samidoun y otros como el Movimiento de Mujeres Palestinas Alkarama y el movimiento Masar Badil, representados por Jaldía Abubakra, Judit Rodriguez y Abir Falah Ahmad Fathalla Ibrahim, por discursos de incitación al odio, justificando los ataques llevados a cabo por Hamás contra la población civil israelí, enalteciendo a grupos terroristas palestinos calificados como tales por la Unión Europea e incitando públicamente a la comisión de actos terroristas. Ésta fue sobreseída por el Juzgado Central de Instrucción núm. 5, Santiago Pedraz, basado en la opinión del fiscal de la Audiencia Nacional, Pedro Martínez Torrijos, alegando falta de indicios de delito.
• 4. Denuncia contra Luz Gómez García, profesora de estudios árabes en la Universidad Autónoma de Madrid, por mensajes publicados en la red social X “más claro imposible, llamemos a las cosas por su nombre y hablemos de resistencia armada, por ahí debe empezar el debate sobre el 7 de octubre”, considerados como un delito de incitación al odio, enalteciendo la masacre terrorista y negando su carácter criminal, previsto y penado en el Art. 510 del Código Penal. El caso sigue pendiente de resolución por los Juzgados de Instrucción de Madrid 13, juez Hermenegildo Alfredo Barrera, sin resolución hasta el momento. 
• 5. Denuncia contra Suso de Toro (biógrafo de José Luis Rodríguez Zapatero y colaborador habitual en medios), por mensajes publicados en la red social X: «Al final los sionistas con su crueldad sin límites nos convencen de que, después de todo, los nazis no eran tan malos. Tantas películas de Auschwitz y resulta que Gaza es peor. Que empiecen Spielberg o Polanski a hacer la película. ¿La harán? Ah, no, que no conviene a Israel…» al considerar dicha publicación constitutiva de delito de incitación al odio, previsto y penado en el Art. 510 del Código Penal. La tramitación de esta denuncia continúa pendiente en los Juzgados de Instrucción de Madrid, Juez Instrucción 37, Purificación Elisa Romero Paredes.
• 6. ACOM denunció en la Fiscalía de Valencia, Sección de delitos de odio y discriminación, a Said Muti, representante de la Comunidad Palestina de Valencia, por un delito de incitación al odio, clamando en una manifestación pública  “Israel es un cáncer que debe ser extirpado”. La Fiscalía de Valencia archivó la denuncia, mientras que la querella presentada se encuentra pendiente de admisión.

Estos son solo algunos ejemplos recientes que ilustran la pasividad de algunos tribunales y de la fiscalía ante la grave amenaza que estamos enfrentando. La impunidad de la retórica antisemita violenta y de sus propagadores resultan en un incentivo para pasar a la acción. Si llegase a perpetrarse un ataque terrorista asociado con esta retórica y las referidas amenazas, algunos fiscales y jueces tendrán una co-responsabilidad en todo ello. Por esta razón, tras lo ocurrido ayer en Ámsterdam y el creciente clima de hostilidad contra los judíos en Europa, es evidente que la tolerancia pasiva, la inacción hacia estos discursos de odio que enaltecen el terrorismo e incitan a la comisión de actos violentos no es señal de apertura democrática, sino de cobardía ante los radicales y una abdicación de los valores de nuestro estado de derecho.