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LA MINA DE TOURO-O PINO AMENAZA EL PATRIMONIO MUNDIAL DEL CAMINO DE SANTIAGO ANTE LA PASIVIDAD DE FEIJOO Y GOBIERNO DEL PPdeG EN LA XUNTA

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Galicia 07 Noviembre 2018 1082 votos

000b7b4f 3097 477c 9f7a 815b5cb6887dTal como la FICS hizo público el pasado mes de junio, el proyecto de mina a cielo abierto en los términos municipales de O Pino y Touro es una grave amenaza al Camino de Santiago (Camino Francés), ante la cual la Xunta de Galicia gobernada por el "PPdeG-Feijoo" -administración responsable de la protección de este Bien Cultural de valor universal- guarda silencio.
 
 Un reciente informe técnico del Comité Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS), organismo asesor de la UNESCO en materia de conservación del Patrimonio Mundial, ha confirmado las graves amenazas contra el trazado del Camino Francés y su adecuada conservación tras un minucioso análisis del proyecto minero y la documentación aportada por la propia empresa promotora Atalaya Mining-Explotaciones Gallegas S.L.


 
 El texto, al que la FICS ha tenido acceso, subraya que el proyecto “supone una clara violación de la normativa de protección” que no sólo invade el entorno del Camino Francés sino que supone la destrucción material de parte de su trazado, “contraviniendo la legislación -nacional e internacional- vigente en la materia”. Conviene recordar que para que un Bien Cultural sea incluido en la Lista de Patrimonio Mundial las administraciones responsables de su custodia deben responsabilizarse de una estricta preservación del mismo para que conserve sus valores de identidad. En el citado informe, ICOMOS afirma que la actuación de las administraciones contraviene “los compromisos adquiridos por el Estado español al promover la inscripción del Camino de Santiago en la Lita del Patrimonio Mundial”. En particular, el organismo internacional de custodia del patrimonio cultural señala que “no se ha tenido en cuenta la necesidad de prevenir al Comité del Patrimonio Mundial respecto a la actuación que se pretende realizar”, en alusión al proyecto de la mina de cobre de Touro-O Pino.
 
 Tras un detallado estudio del tramo afectado, se señala una lista de afecciones negativas que provocaría el proyecto minero, que incluye tanto el deterioro del medio natural inherente al Camino de Santiago –que según el informe afectaría al menos a 2,7 millones de peregrinos durante la duración de la actividad extractiva de la mina– como la destrucción de parte del “itinerario jacobeo protegido” entre Quión y Arca y de parte de los bienes culturales asociados al Camino.
 
 El resultado de esas afecciones, sumadas a otras agresiones sufridas por la ruta jacobea en los últimos años, supone una “pérdida continuada de los valores patrimoniales” que puede implicar una “profunda repercusión por su influencia en la identidad del propio Camino”.

En cuanto a esta pérdida de identidad, el informe de ICOMOS recuerda lo siguiente:

"En el caso de la pérdida de los valores excepcionales por los que fue incluido en la Lista del Patrimonio Mundial un Bien Cultural, o que el Estado parte no solvente los peligros comprobados o potenciales que afecten al Bien, éste puede ser excluido de la Lista del Patrimonio Mundial por la UNESCO"
 
 La FICS, como entidad que agrupa a peregrinos y expertos en el Camino de 27 países, desde el primer momento se preocupó por la posible afección de este desproporcionado proyecto al pie mismo del Camino Francés. El informe técnico citado, elaborado por los expertos del organismo de referencia en materia de conservación del Patrimonio Mundial, confirma que estamos ante una de las mayores amenazas a la conservación del Camino de Santiago como bien cultural de valor universal.
 
 Por este motivo la FICS, tras reunirse con empresa promotora y plataforma de afectados y después de llevar a cabo estudios sobre el terreno por parte de sus propios expertos, obteniendo conclusiones que ahora se ven refrendadas por el informe de ICOMOS, expresa su rotundo rechazo a este proyecto, completamente ajeno al contexto jacobeo, que supone una amenaza a los valores culturales del Camino, y demanda a las administraciones responsables que pongan todos los medios que la Ley pone a su disposición para impedir el que, con toda probabilidad, podría convertirse en el mayor atentado patrimonial sufrido por el Camino de Santiago en suelo gallego.



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