EMERGENCIAS RURALES, CUESTIÓN METEREOLÓGICA, NUEVA TIPOLOGÍA DE INCENDIOS, REGENERACIÓN FORESTAL Y CESE PERSONAL 3 MESES DEL SPDCIF

XornalGalicia  30 Diciembre 2017  1332 Votos

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Efe Verde

El cambio climático es un factor fundamental que está afectando a los ecosistemas, generando sequías más intensas (combinando precipitaciones escasas y lluvias torrenciales esporádicas, a lo que se unen las heladas que resecan más la vegetación) y esto, deriva en aridez, lo que hace que los montes estén más propensos a arder por la acumulación de biomasa vegetal sin gestionar; a consecuencia del minifundismo, despoblamiento, absentismo y de la falta de actividades agroganaderas en el rural. De este modo, no se rompe la continuidad entre las masas forestales que haga de cortafuegos natural, ya que los terrenos que antes eran cultivados y trabajados (praderías, tierras de labranza, masas de frondosas caducifolias,...) han sido abandonados y se amontona la vegetación sin control, propiciando la ignición y la rápida propagación de los incendios.

 

Todo ello, implica una desestacionalización del riesgo de incendios, puesto que arde en cualquier época del año y no sólo en el verano (en 2017, por ejemplo, los peores meses fueron abril y octubre).

A eso habría que añadir la vulnerabilidad de las zonas periurbanas de interfaz urbano-forestal, en las que las viviendas están ubicadas en las zonas forestales - como pueden ser las urbanizaciones y los núcleos rurales - sin fajas de gestión de la biomasa y sin medidas de autoprotección y también, con respecto a las vías de comunicación con el consiguiente problema de seguridad ciudadana para las personas y bienes materiales, además de para el medio ambiente.

Ante este escenario, la Xunta debe mudar su estrategia para hacer frente a una nueva tipología de grandes incendios forestales, explosivos y simultáneos - que colapsan los sistemas de extinción y de emergencias - dando prioridad y haciendo realidad medidas preventivas que disminuyan los riesgos para la población civil y minimicen las pérdidas ocasionadas por incendios que resultan devastadores con miles de hectáreas calcinadas; combatiéndolos con una gestión forestal eficaz y creando una mayor resistencia del monte ante la virulencia de los incendios. Esta modalidad de incendios crea situaciones multiemergencia y se caracterizan por su severidad (condicionada por la convergencia de altas temperaturas, baja humedad y velocidad de los vientos) provocando un alto grado de debilitamiento y degradación en los ecosistemas.

Con toda esta perspectiva, la Consellería do Medio Rural cesó a 436 trabajadores de 3 meses el 12 de noviembre y a otros 626 (fijos-discontinuos de 9 meses) el 30 de noviembre.

El personal de 3 meses del SPDCIF (Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais) tiene un contrato temporal y precario que los mantiene “restringidos a trabajar sólo 3 meses al año”, con una situación sociolaboral estancada en el tiempo y sin apenas posibilidades de hacer sustituciones el resto del año; mientras empresas de gestión privada - subcontratadas por la Consellería do Medio Rural - están incorporando personal para participar en las labores de recuperación forestal de las zonas arrasadas por los incendios. Asimismo, siguen operando parte de los trabajadores de las bases y brigadas helitransportadas privadas y algunos Ayuntamientos, mantienen brigadistas en sus plantillas.

ATRIFOGA pone en entredicho la política forestal de la Xunta, caracterizada por la falta de planificación, encaminada a: segmentar el dispositivo favoreciendo la desorganización y la inseguridad (puedan llegar a intervenir más de diez entidades diferentes en un incendio: públicas, privadas, estatales, comarcales, mancomunadas, municipales, civiles, militares,..) y a reducir los efectivos del Sevicio Público (incluso, sin cubrir una buena parte de las vacantes que se producen), prescindiendo de sus propios trabajadores, que son profesionales cualificados y que saldrían más rentables.

Las funciones del personal no son sólo las de vigilancia, detección, coordinación y extinción de incendios, sino también las básicas tareas de prevención, regeneración forestal y emergencias rurales que aparecen recogidas en el Convenio Colectivo y en la legislación vigente de emergencias y protección civil (Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil) que hacen que, dado su conocimiento del terreno y especialización en el ámbito rural, puedan intervenir en situaciones de emergencia tales como: temporales (por ejemplo, los vividos este año con “Klaus” ,“Ana”, “Bruno”...), accidentes, búsqueda de personas, catástrofes, calamidades,...

En este aspecto, la Xunta está obligada a impartir formación y a capacitar a sus trabajadores a través de la AGASP (Academia Galega de Seguridade Pública), así como articular los protocolos de intervención en esos supuestos, que posibiliten la coordinación entre los medios forestales y los urbanos.

En este momento, urgen ejecutar los trabajos de consolidación del suelo y de recuperación de la cubierta vegetal protectora para evitar la erosión y el efecto arrastre - por las lluvias - de las cenizas hacia los ríos, manatiales y rías, con el consiguiente riesgo de contaminación de las aguas, afectando a la flora, fauna y al resto de la biodiversidad; así como las labores de rehabilitación de las infraestructuras. Hay espacios protegidos de alto valor ecológico y de la Red Natura que quedaron muy afectados por la acción arrasadora de los incendios como son A Baixa Limia-A Serra do Xurés, Pena Veidosa, O Macizo Central Ourensano, O Río Támega, Os Ancares-O Courel, O Río Cabe, O Río Tea, O Baixo Miño,...

Dentro de ese colectivo, hay personal técnico que puede dirigir y coordinar esos trabajos y bomberos forestales que pueden efectuarlos.

Todos los agentes implicados en la gestión del monte e integrantres del Consello Forestal (propietarios, comunidades de montes, asociaciones forestales, industria forestal, sindicatos, ecologistas, universidad, expertos,...), que participan en la redacción del nuevo Plan Forestal que estará vigente durante los próximos veinte años, muestran consenso en demandar a la Administración que haya un dispositivo especializado, profesionalizado y dimensionado que trabaje todo el año para realizar las labores de prevención y formación - aparte de las de extinción - orientadas a la puesta en valor de la riqueza forestal y la multifuncionalidad del rural, así como articular protocolos de actuación para los incendios próximos a las zonas habitadas que garanticen la seguridad de la población civil.

 

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